www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

COVID-19

Nueva improvisación del Gobierno: moratoria para la aplicación del parón total

Nueva improvisación del Gobierno: moratoria para la aplicación del parón total
Ampliar
(Foto: Efe)
lunes 30 de marzo de 2020, 08:37h
Empresarios, autonomías y oposición critican el retraso de la publicación en el BOE de la orden de paralizar la economía.

Publicado minutos antes de su entrada en vigor, llegó el real decreto ley al BOE, por lo que este domingo, a partir de las 00:00, solo podrán trabajar aquellos que queden reflejados como empleados de actividades esenciales. Medidas filtradas el viernes, anunciadas el sábado y efectivas el domingo. A escasos minutos de las doce de la noche y en medio de una improvisación reconocida por el Gobierno.

Un hecho reflejado por las declaraciones de Margarita Robles la misma noche del domingo en La Sexta, anunciando "una moratoria para que algunas actividades se paralicen paulatinamente". Robles añadió dicha moratoria se aplicará en sectores "en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito de este Real Decreto podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020".

El Ejecutivo fija este permiso pensado para limitar más la actividad ante la pandemia del coronavirus, en los casos en los que resulte "imposible interrumpir de modo inmediato la actividad" los trabajadores podrán prestar servicios el 30 de marzo. El único propósito será "llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial".

También establece que las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. "Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivo", recoge la norma publicada ocho horas después de la comparecencia del Gobierno tras el Consejo de Ministros que la ha aprobado.

Críticas de empresarios, autonomías y oposición

El Gobierno ha admitido que el retraso en la publicación del real decreto ley por el que se establece a partir de esta noche la suspensión de las actividades no esenciales se hizopara darle la máxima precisión jurídica, mientras PP y Ciudadanos han criticado esta demora.

El retraso en la publicación de este decreto ha despertado las críticas tanto por parte del PP como de Ciudadanos, que se han manifestado a través de las redes sociales.

El líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje de Twitter, ha calificado de "inadmisible" que "millones de trabajadores no sepan si mañana tienen que trabajar y en qué condiciones" y ha advertido de que "los españoles no merecen más mentiras, incompetencia y luchas internas". En un tuit, en el que destaca que "en una hora entran en vigor las duras medidas aprobadas en el improvisado tercer Consejo de Ministros de la semana"

Por su parte, secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recriminado, a través de Twitter, que "ni trabajadores ni empresarios tienen información oficial sobre qué deben hacer". Y ha preguntado: "¿Esto tampoco se podía prever?", para, a renglón seguido, decir que el PP ofrece "lealtad" pero pide a cambio "rigor y seriedad con los españoles".

También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que "muchos ciudadanos no saben si tienen que trabajar mañana" y ha afirmado que "Con algo así no se puede improvisar ni generar incertidumbre. Los españoles merecen garantías y tranquilidad". De esta manera, ha reprochado en un tuit que el Gobierno siga sin publicar una "norma clave para millones de familias".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este lunes que la "improvisación" e "imprevisión" del Gobierno se traducen en inseguridad jurídica para "millones de españoles" y ha advertido de que su "ala comunista" encabezada por Pablo Iglesias está empezando a amenazar la propiedad privada. "Son un peligro", ha escrito Abascal en las redes sociales, donde ha vuelto a pedir al vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se marche y se dedique a preparar "su defensa penal".

Quiénes pueden seguir trabajando

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(1)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.