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TRIBUNA

Cumplimiento de las sentencias y garantía de los derechos

jueves 25 de noviembre de 2021, 20:49h

El art. 118 de la Constitución dispone que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

Ello trae a colación el reciente auto del Tribunal Supremo por el que se rechaza la tramitación del recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma en la que se disponía que al menos un 25 % de las materias escolares debían ser impartidas en lengua española, que es tan oficial como la catalana en ese territorio, por expresa disposición del art. 3 de la Constitución y el art. 6.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y lo trae a colación porque, tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, las autoridades de la Generalitat y las organizaciones sociales secesionistas se han apresurado a declarar que piensan hacer caso omiso de lo que el Supremo decida porque la administración catalana no piensa variar el régimen de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde mediados de los años ochenta.

No siempre, ni desde el nacionalismo, se pensó en la inmersión en catalán. Cuando se adoptó no fue por razones pedagógicas sino políticas (del mismo modo que se ha hecho en Groenlandia). En los años 70 el movimiento de enseñantes demócratas, que era extenso en Cataluña (no tantos como algunos creían pero sí más de lo que otros deseaban) se aglutinó en torno a dos grandes corrientes. Por una parte, María Rubies, fundadora de l'Escola Espiga, escuela privada de cierto nivel, una de las primeras que impartió enseñanza en catalán; miembro del Omnium Cultural de aquellos tiempos, militante de Convergencia Democrática de Cataluña enseguida, promovía la enseñanza primaria en lengua materna, la catalana, seguramente porque era la mayoritaria en aquellos años. Como oponente pedagógica se situaba Marta Mata, fundadora del movimiento Rosa Sensat, inserto en el catalanismo socialista, defensora de la escuela pública laica y de la renovación pedagógica. Las dos pedagogas tuvieron también una importante carrera política, en Convergencia María Rubies y en el PSC Marta Mata. Ambas corrientes coexistieron durante algunos años, en los que el aprendizaje en lengua materna era indiscutido y defendido tanto por el grupo de Rubies como por el de Mata, si bien los primeros hacían más hincapié en la catalanidad y los segundos en el carácter social de la educación. Con ello se pretendía que, partiendo de la lengua materna, se fuera introduciendo la otra lengua progresivamente a lo largo de la educación primaria, para que al llegar a la secundaria se dominaran ambas por igual.

Pero no se pudo culminar el ciclo porque, de la noche a la mañana, el principio de la educación primaria en lengua materna dejó de existir, para ser sustituido por la llamada inmersión lingüística en catalán, adoptada desde las cúpulas educativas sin que en las bases hubiera existido ni tan siquiera un debate o discusión serio al respecto. El instrumento que se utilizó para ello fue la subvención condicionada para la escuela privada concertada y la simple y llana imposición para la escuela pública. Ello se inició en el "cinturón rojo", concretamente en Santa Coloma de Gramenet, porque era zona castellanohablante, al estar su población formada mayoritariamente por personas venidas de otros lugares de España. Prácticamente de la noche a la mañana, los niños de toda Cataluña pasaron a tener el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

Siempre me he preguntado cómo había podido suceder tal cosa y cómo no había habido "resistencia" eficaz por parte de los docentes. Asistí perpleja al hecho de que fuera considerada "natural" tal inmersión; los padres parecían querer que sus hijos siguieran las enseñanzas en catalán porque así se integrarían mejor en Cataluña. Los partidos políticos estaban todos de acuerdo con el modelo, socialistas y comunistas (que eran los mayoritarios en el cinturón industrial) incluidos. La propaganda oficial afirmaba que el catalán estaba en peligro de desaparición y que era necesario consolidarlo mediante la inmersión. Con ello, el Govern de la Generalitat, ya al servicio de Jordi Pujol, comenzó a preparar sus planes de consolidación del modelo educacional para la "construcción nacional", utilizando la lengua como instrumento político hasta nuestros días. En el documento que se hizo público en 1990, dedicado a la "Estrategia de la recatalanización", adoptado por el entorno de Jordi Pujol a principios de los años 80, se detalla con precisión el alcance de esta estrategia.

Ese acomodo “sin problemas” tuvo, sin embargo, uno. Quienes se opusieron, que hubo unos cuantos, fueron sentenciados a la muerte civil, profesional y social. Los partidarios del bilingüismo, asimilados a “los colonizadores de siempre” por la prensa pujolista y los entonces prebostes del régimen (acompañaban entonces a Pujol, Millet, Montull, Prenafeta, Alavedra….), especialmente tras el denominado “Manifiesto de los 2.300”, que se hizo público el 25 de enero de 1981, movilizaron a todas sus fuerzas (legales e ilegales, que de todo había) hasta que consiguieron que los profesores castellanoparlantes abandonaran Cataluña. Inhabilitaciones, presiones, telegramas personales a miles de maestros… El texto que los telegramas contenían era el siguiente: “No habiendo Vd. superado la prueba de catalán, tiene Vd. cinco días naturales para pedir plaza fuera de Cataluña, porque si no se la pedirán de oficio”. En el curso 1984/85 ya habían abandonado Cataluña catorce mil maestros y profesores. Muchos de ellos se habían batido el cobre en las coordinadoras antifranquistas, habían formado parte de movimientos vecinales y la práctica totalidad estaban perfectamente integrados en esa Cataluña plural que teníamos entonces. En paralelo, desde la Generalitat, se ha había ido pergeñando el recambio, regulando la organización de los centros escolares y la inspección educativa de modo que constituyeran la garantía de la “catalanización” de la enseñanza como eje de la construcción nacional de Cataluña.

Consolidado, pues, el régimen de inmersión, el catalán, como lengua vehicular en la enseñanza ha sido utilizado como elemento de creación de identidad nacional, pues no sólo se trataba de generalizar el instrumento, es decir, el idioma, sino de construir todo un ideario y un argumentario nacionalista. Es bien sabido que la educación (y la comunicación) constituyen los dos ejes sobre los que proyectar no sólo conocimiento sino también sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta. Y el nacionalismo lo ha hecho, y con creces, a lo largo de toda nuestra historia democrática reciente.

Por ello cuando, el 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro que el español tenia que ser, como el catalán, lengua vehicular de la enseñanza en los centros de Cataluña, y que ello comportaba que, al menos el 25 de las materias tenían que ser impartidas en cada una de las dos lenguas co-oficiales, la Generalitat se apresuró a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que ha sido desestimado y que deja, pues, que adquiera firmeza la sentencia pronunciada en su día por el TSJC.

Esta desestimación del recurso significa, en la práctica, que el régimen de inmersión lingüista hasta ahora practicado no es legal y que, por consiguiente, para dar el cumplimiento a la sentencia firme que la Constitución, como hemos visto, exige, el régimen del uso de la lengua en la enseñanza, debe ser revisado y adaptado a los criterios sentados por el Tribunal Supremo. Pero no. La Generalitat se ha vuelto a apresurar, afirmando que nada debe cambiar al respecto y ha dado instrucciones en tal sentido a los directores de los centros educativos.

Aparece en este punto aquí otro fenómeno curioso, que es el de presenciar cómo los poderes públicos españoles parecen inhibirse acerca de este problema: el Gobierno y la administración educativa de una comunidad autónoma no quieren dar cumplimiento a una resolución judicial que les vincula y el Gobierno y la administración educativa españoles miran hacia otro lado, sin que parezca preocuparles tal incumplimiento.

Técnicamente se trata de un tema de ejecución de sentencias judiciales, ejecución que es obligatoria y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la consideran inherente al derecho a la tutela judicial efectiva del art 24 de la Constitución, en correspondencia con el art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un recurso efectivo. En este sentido, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone, en el art. Art. 109, que la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes: Cuál debe ser el órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones, cual ha de ser el plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran y cuáles deberán ser los medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

Lo que implica que cualquier persona afectada por la controvertida inmersión lingüística, además de quienes hayan sido partes en el proceso y, la Administración pública, frente a la actitud insumisa de las autoridades de Cataluña, pueden instar a la ejecución de la sentencia que garantiza que una cuarta parte de las asignaturas se impartan en lengua española. Y serán los propios tribunales quienes, a tenor del Art. 108 de la Ley anteriormente mencionada, en el caso de incumplimiento de la sentencia, podrán ejecutarla directamente, a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. También podrá, el Tribunal competente, adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. Y, además, si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

Las organizaciones implicadas en la defensa del bilingüismo en la escuela ya han anunciado que interpondrán las pertinentes actuaciones para conseguir la ejecución de la sentencia del TSJC, pues tal sentencia ha adquirido firmeza tras la inadmisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación interpuesto contra la misma por la Generalitat. Sería deseable, por la importancia simbólica del caso, ya que se trata de la garantía del cumplimiento de la co-oficialidad de las lenguas que impone la Constitución, que el Gobierno de España, como Administración afectada puesto que sus competencias en materia educativa no han desaparecido, ya que el Art. 149.1.30 CE le atribuyen en exclusiva la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el

desarrollo del artículo 27 de la Constitución (el que regula el derecho a la educación), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, solicitara asimismo el cumplimiento de tan importante sentencia. No parece que esté dispuesto a hacerlo, por lo que se deriva de manifestaciones en prensa de diversos actores políticos, provocando una vez más, con ello, el abandono de la defensa del ejercicio de derechos legítimos, en este caso el de los escolares catalanes, a recibir la educación con respeto a la co-oficialidad de las lenguas. Y digo una vez más, porque tampoco se ha contado con su presencia y apoyo en otros casos en los que los tribunales han reconocido que español y catalán deben ser, ambas, lenguas vehiculares en la educación.

Es posible que la Generalitat se resista a dar cumplimiento, incluso, al requerimiento de ejecución de que pueda ser objeto por parte de las personas implicadas o de las partes procesales. En tal caso, lo que Ley de la Jurisdicción contenciosa dispone, en el Art. 112, es que si no se han cumplido en plazo los requerimientos antes mencionados, se podrán imponer multas coercitivas acumulativas a los funcionarios o autoridades que se resistan y que, además, se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Funcionarios y autoridades que no son sólo los políticos que van promoviendo el incumplimiento, sino todos quienes estuvieran compelidos a la puesta en práctica de esa cuarta parte de asignaturas en lengua española, incluyendo a los directores de los centros, a la inspección educativa y a la administración catalana. No olvidemos, al respecto, que así comenzó el denominado “juicio del procés”, frente al incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando éste instó a la actuación de la jurisdicción penal para dilucidar cuál era la responsabilidad penal del Gobierno y Administración de la Generalitat ante el incumplimiento de las resoluciones que había emitido el Alto Tribunal.

Se han oído también voces solicitando la aplicación de la coerción estatal, vía artículo 155 CE, para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales en el marco educativo catalán. Puede parecer que se trataría de una medida desproporcionada y seguramente algunos así lo considerarán. Pero no olvidemos que la primera aplicación del art. 155 CE tuvo lugar, iniciándose el procedimiento por parte de un Gobierno español del partido socialista, cuando el Gobierno de Canarias se resistió a aceptar la supresión de determinados aranceles como consecuencia de la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. La sangre no llegó al río, pero el requerimiento del Gobierno español al de la Comunidad se emitió y no llegó a prosperar porque, en buena lid, las negociaciones entre las partes dieron sus frutos y el Gobierno de Felipe González paralizó el procedimiento. No es, pues, ajeno al art 155 CE, el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de administraciones públicas que incurran en desobediencia rebelde, puesto que se trata de sentencias que garantizan derechos a las personas en el marco de la enseñanza.

La alegación realizada por la Consejera de Exteriores de la Generalitat, en el sentido de denunciar “en Europa” el incumplimiento de la Carta de las lenguas minoritarias del Consejo de Europa, no deja de ser un brindis al sol. Por una parte, porque la Carta, que entró en vigor en España en 2001, únicamente establece que las autoridades hagan posible que una parte substancial de la educación tenga lugar en la lengua minoritaria, lo cual no es obstaculizado por la impartición de una cuarta parte de las enseñanzas en otra. Y, por otra parte, porque no estamos hablando de protección de lenguas que no tengan un estatus oficial, que es el principal objeto de la Carta, sino de la garantía de la igualdad de las lenguas oficiales y co-oficiales en un territorio concreto, cosa que les confiere un estatus totalmente distinto, ya que se reconoce a ambas lenguas, la minoritaria y la mayoritaria, en pie de igualdad, lo que va mucho más allá de la protección otorgada a las lenguas minoritarias por la mencionada Carta europea.

Se impone, pues, el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, dando cumplimiento a una sentencia firme que garantiza el uso vehicular de las lenguas oficiales y co-oficiales en la enseñanza. Es inaceptable que una autoridad pública, en este caso la Generalitat, pretenda resistirse a ello. Y sería oportuno y deseable que el Gobierno de España se implicara mejor en la garantía de la igualdad de derechos para todas las personas en todas las partes del territorio español.

Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional. Vicepresidenta de la Royal European Academy of Doctors

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