www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AL PASO

Sobre la memoria histórica

Juan José Solozábal
martes 04 de octubre de 2022, 21:10h

Asisto, en primera fila, como quien dice, a las ponencias, que en el marco del Seminario Retos y Desafíos del Estado español impartieron hace unas pocas fechas los profesores José Alvarez Junco y Tomás de la Quadra, sobre la memoria histórica en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Advierto que no reflejo sus puntos de vista aquí sino las reflexiones que en mí suscitaron las intervenciones citadas.

Pensar en la política pública sobre la memoria histórica común es muy delicado. Parece referirse, para empezar, a un objeto difícil de establecer: la memoria consiste en una operación personal y voluntaria, sin duda selectiva: recordamos lo que creemos merece la pena, o lo significativo, de acuerdo con una preferencia subjetiva. La historia versa, en cambio, sobre una realidad exterior, que no depende de nosotros; y puede establecerse de modo tendencialmente objetivo, si los relatos en que consiste se someten a comprobación o contraste interpersonal. De cualquier modo coincidiremos que la expresión memoria histórica se presta a confusión pues mezcla dos cosas sin demasiada relación, fuera de señalar el interés personal de la historia o la pretensión de objetivar ,esto es, de legitimar la memoria.

Estas consideraciones solo sirven para mostrar el empeño absurdo de imponer una determinada manera de ver la historia común, especialmente si lo que hay es un propósito de adoctrinamiento u ocultamiento del pasado, mediante su manipulación, subrayando determinados aspectos del mismo o dulcificando sus aristas más cuestionables, especialmente consideradas desde la óptica actual. De otra parte, hay un riesgo indudable de que la oposición a este tipo de manipulaciones pueda llevar a excesos restrictivos intolerables de la libertad de expresión, al sancionar la ignorancia o la mutilación voluntaria de los hechos como opiniones censurables y, por tanto, ilícitas.

Lo dicho anteriormente no se opone a apreciar la importancia de la formación de una idea correcta que una comunidad pueda hacerse de su pasado. Así puede hablarse de una memoria histórica compartida, si es abierta, plural y respetuosa con la verdad. El valor de ese patrimonio común es inapreciable como componente imprescindible de la conciencia nacional de un pueblo. Sin aceptar planteamientos organicistas, como si las naciones fuesen figuras o entes morales que dispusieran de vida propia fuera de sus integrantes personales y la circunstancia en que actuasen, el examen del pasado puede prevenir de riesgos y peligros que pueden presentarse en la actualidad y en el futuro, de modo que las experiencias históricas sirvan de advertencia o nos ilustren acerca de las precauciones que colectivamente debamos adoptar. La historia es maestra de la vida (Cervantes) y se puede escarmentar con su estudio (Marx). Si la nación es un espacio de solidaridad interterritorial, la vida en común pasada, nuestra experiencia histórica, solo puede incrementar nuestras ganas de afrontar el futuro juntos.

Como sabe muy bien el lector para nada comparto la idea de que no hay naciones o que la soberanía que poseen sea una cuestión irrelevante en nuestras democracias constitucionales. La nación es la titular de poder político más alto y su asunción general tiene virtudes legitimatorias del Estado, por supuesto en el momento constituyente, pero también en el plano de su funcionamiento y su conservación. Si la base de la lealtad política va más allá del mero utilitarismo, esto es, la convicción de que el Estado defiende nuestros intereses y derechos, es porque el gobierno al que obedecemos es el gobierno propio, el gobierno de la nación. También es importante la aportación de la nación a la igualdad sin la que el Estado democrático y constitucional no puede funcionar: la igualdad como condición jurídica esencial de los ciudadanos, que son lo mismo ante la ley, se asume mejor si partimos de que los ciudadanos de que hablamos son todos nacionales.

La transición se enfrentó valiente y responsablemente con el problema de tratar con nuestro pasado sucio próximo, esto es, la guerra civil y el régimen franquista.Y me parece correcto para entender adecuadamente el tratamiento que se hizo entonces recurrir, con el profesor Alvarez Junco en su exposición, a la prioridad jerárquica que estableció para estos supuestos David Rieff en su libro “Contra la memoria”. La cuestión en estos casos es equilibrar adecuadamente los valores de la verdad, la justicia y la paz. La ley de la amnistía de 1977 primó responsablemente, decíamos, el valor de la paz, imponiéndola a costa de las reparaciones exigibles desde la justicia, y renunciando a la búsqueda a todo trance de la verdad. Este parecía el modo de operar más razonable, habida cuenta del tiempo transcurrido desde los hechos más graves, la autoría relativamente compartida en las tropelías, crímenes y vulneraciones de los derechos humanos, y la colaboración de lo sectores políticos relacionados con los vencedores en la guerra civil en la instauración de la democracia. De otro lado no había que olvidar que reparaciones patrimoniales y funcionariales se abordaron en piezas legales complementarias y que la amnistía no impidió una inquisición profunda académica sobre la represión y la violencia ejercida durante la guerra civil y los años de la dictadura.

La exposición del profesor De la Quadra afrontó la problemática de la memoria desde la perspectiva jurídica, que es ciertamente abundante: se trate de las sucesivas leyes de amnistía promulgadas, con atención por tanto al juego de la derogación entre las mismas; la pertinencia de las alusiones a los pronunciamientos de derecho internacional sobre los delitos de genocidio o de lesa humanidad formulados en la presente ley de memoria histórica, todavía en tramitación parlamentaria; el significado de su Preámbulo y el examen de sus omisiones ; o el establecimiento en ella de una Comisión encargada de dictaminar sobre los atentados a los derechos humanos perpetrados hasta diciembre de 1983, cuando el funcionamiento de nuestro Estado de derecho era indiscutible y las garantías para los derechos fundamentales exhaustivas. Pero la exploración de todas estas cuestiones debe quedar para otra próxima ocasión, quizás cuando la ley pase de su condición actual de proyecto a la de norma plenamente vigente. A ello quedo emplazado.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (12)    No(0)

+
2 comentarios