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La vuelta de Engels

Juan José Solozábal
martes 06 de marzo de 2012, 21:27h
Sin ninguna duda la situación de crisis prolongada en que nos encontramos está, como primera consecuencia, reduciendo los márgenes de la política, si entendemos por tal la decisión libre de la comunidad sobre lo que le conviene. Hasta ahora todos relacionábamos lo político con lo discrecional. La actividad política suponía, por lo menos hasta cierto punto, una capacidad para optar, inclinándose por una posibilidad respecto de los demás. Adicionalmente, para evitar que la decisión política dejase de ser discrecional y se convirtiera en arbitraria, se recurría al control que impidiese o pusiese remedio a la irracionalidad o el sectarismo.

Creo entonces que el problema no es sólo que nosotros decidamos sobre menos cuestiones, porque las medidas sobre muchas cosas que antes estaban en nuestras manos se toman ahora en instancias que no nos son accesibles o controlables, en la arena europea sobre todo. La cuestión está en que en esos ámbitos las decisiones, especialmente si se piensa en los asuntos económicos, se presentan asimismo como obligadas o impuestas, no por tanto como opciones entre distintas posibilidades sino como corolarios obligados, técnicos diríamos, que se desprenden de la naturaleza de las cosas. Se ha sustituido la política por la administración. No hay margen para la decisión, que resulta obligada. En lo que ha de estarse es en organizar la ejecución, lo que se llama en jerga deplorable “gobernanza”, esto es, en llevar a la práctica lo que no ha habido más remedio que aceptar, porque resultaba impuesto u obligado en función de datos objetivos o imponderables, imposibles de sortear o escamotear. Es una situación semejante a la que Engels describía, si no recuerdo mal, para el futuro comunista, cuando se hubiese acabado con la explotación que la actividad política gestionaba. Desaparecida la política con la lucha de clases que la soportaba, aparecía la administración de las cosas comunes, una sencilla operación a cargo de competentes burócratas.

Evidentemente la utopía de esta sustitución de la política por la administración debe rechazarse, pues desde un punto de vista moral es irrenunciable el autogobierno como carga pero también como oportunidad para el desarrollo personal, imposible sin una ciudad en cuya construcción y mantenimiento se participa. Montesquieu ideó la representación como fórmula en la que el ciudadano moderno compatibilizaba su interés por la cosa común y su dedicación a sus asuntos privados y Hannah Arendt recuperó para la vida política el espacio de “lucimiento” en el que podía mostrarse la libertad, y nos comportábamos, argumentando sobre lo conveniente para la colectividad, como verdaderos humanos.

Pero la actual circunstancia en que nos encontramos de desprestigio de la política (los italianos y los griegos acaban de sustituir sin apenas explicación a su clase política, y los belgas han pasado casi dos años sin gobierno, como recordaba hace poco Josep M. Colomer) presenta dos oportunidades para proceder a una regeneración democrática que los españoles no deberíamos desaprovechar. Hay que reducir el tamaño de la organización política que la comunidad no puede mantener como costo de la democracia y que provoca un output normativo redundante y por ello contraproducente, origen del desorden y la inseguridad jurídicos de nuestras formas políticas. Y hay, en segundo lugar, que recuperar el significado propio de la administración que debe de perder sus actuales aristas como instrumento de influencia y patronazgo de la clase política, resto del spoil system o del sistema de cesantías de nuestro siglo diecinueve, y devenir en un cuerpo de funcionarios honrados, reclutado exclusivamente mediante procedimientos que aseguren los principios de mérito y capacidad que exige para su acceso nuestra Constitución y que garanticen una orientación imparcial de su actuación al servicio únicamente de los intereses generales. En ese sentido los aplausos al juez José Castro en Palma de Mallorca no deben verse como un acicate para el protagonismo de los jueces estrella sino como un respaldo, lo elemental que se quiera, a la actuación de la administración de la justicia en garantía de la igualdad como valor de la democracia constitucional.

Con una clase política contenida en los diversos niveles de representación y una administración profesional permeada exclusivamente por los principios de la ética weberiana, las oportunidades de la utopía burocrática serían menores, y en cualquier caso estaríamos en mejor disposición de hacerlas frente en estos tiempos de tribulación.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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