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LA TIJERA RECORTA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

martes 13 de marzo de 2012, 14:08h
Si Carlos Dávila tiene razón y Rajoy suprime la tercera parte de las empresas, fundaciones y organismos públicos y deja en la calle a 700.000 empleados, la crispación se va a multiplicar atizada por unos sindicatos que quieren recuperar el prestigio perdido.
Está claro que la mayor parte de las 4.000 empresas públicas de las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal son una completa camelancia. Deben, además, cerca de 60.000 millones de euros. Una completa ruina. Un desastre sin paliativos. La mayor parte de las empresas públicas han sido creadas para que los dirigentes de los partidos políticos enchufen en ellas a sus amiguetes, parientes y paniaguados. Está claro también que hemos pasado de los 700.000 funcionarios del año 1977 a los 3.200.000 actuales y que se han duplicado y a veces triplicado las competencias con grave despilfarro del dinero público.
Bien está que se cierren no ya el 30% sino al 60% de las empresas públicas que son artificiales e innecesarias. Con los empleados y funcionarios hay que tener especialísimo cuidado por los dramas personales y familiares que se pueden crear. Esa operación es necesaria pero no resulta aconsejable hacerla de golpe. Se trata de aprobar una ley en el Congreso que en síntesis diga lo siguiente: “De cada diez funcionarios o empleados públicos que se jubilen solo uno será sustituido, hasta que el conjunto de las Administraciones se quede en 900.000 funcionarios”. Con esta fórmula se evitarán los dramas personales. Es más lenta, por supuesto. Pero en eso consiste la gran política, no en el aprovechamiento inmediato electoral de las medidas que se tomen. En una generación, tal vez en dos, la inexorable ley de la edad reduciría el número de funcionarios y empleados públicos a una cifra razonable sin provocar traumas lamentables.
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