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Bankia y la regeneración de la función pública

Juan José Solozábal
martes 29 de mayo de 2012, 20:22h
De todas las noticias que el embrollo Bankia está generando, en un tropel tan confuso como sorprendente, la que me ha producido más preocupación es la que informa de la encomienda por parte del Gobierno español de una auditoría sobre nuestro sistema financiero a dos consultoras extranjeras, la alemana Berger y la estadounidense Wyman.

Ese encargo podría responder a la necesidad del Gobierno de compensar la situación de descrédito internacional en que nuestra economía se encuentra. Mejor, entonces, alejar cualquier atisbo de parcialidad u ocultación sobre los problemas del sistema financiero, en que pudiese incurrir un informe interno al respecto de los servicios de inspección del propio Banco de España. De manera que nos afecta un mal cuya gravedad hace unos meses no se sospechaba,
pues teníamos, se decía, un ordenamiento bancario modélico, y un banco nacional ejemplo para todos. Ahora en cambio, por lo que se ve, estamos en una situación de la que somos incapaces de apercibirnos o cuya gravedad es tal, que se duda nos atrevamos a referirla.

Pero la cuestión más importante, a mi juicio, es otra, y se refiere a la posición en nuestro Estado de los servicios de inspección y en general de la propia Administración como cuerpo de funcionarios capaces de actuar de modo imparcial y al servicio de los intereses generales. Lo que uno cree ver detrás del asunto que nos ocupa no es tanto quizás la incapacidad de la Inspección del Estado para llevar a cabo un control de la actuación deficiente, irregular e incluso delictiva, de los actores en el sistema bancario, cuanto la falta de voluntad de quienes dirigen la Administración para tener en cuenta esos informes y obrar en consecuencia, exigiendo las responsabilidades correspondientes. Esta conducta negligente o inapropiada es tanto más grave cuando estamos hablando de una Administración institucional, como es el Banco de España, con un status jurídico que asegura su independencia, y una tradición de solvencia que parece, por decirlo suavemente, haber cedido considerablemente en los últimos tiempos.

Iría todavía más allá. Este episodio es una muestra de una situación deteriorada de la Administración pública cuyo significado se degrada a través de múltiples actuaciones que son deplorables y que obedecen por lo general a dos líneas que se refuerzan de consuno. Ocurre, en primer lugar, que en numerosas ocasiones en el acceso a la función pública, autonómica especialmente, se ha rebajado el nivel de exigencia y ha decrecido la garantía de la imparcialidad, dándose ocasión a un repunte del clientelismo que nos ha hecho retroceder, mediante la concurrencia de las empresas públicas, fundaciones, asesorías y otros mecanismos, al nivel galdosiano de las cesantías. El resultado son unos servicios públicos hipertrofiados, en ocasiones ineficaces y casi siempre caros. Por otra parte, a veces desde el propio Estado, en el entorno de una cultura de huida del derecho administrativo, se respalda una actitud de menosprecio hacia los valores propios de la función pública, desconfiando de la labor esencial de la Administración. La Administración, contra lo que se propaga, no tiene atribuida una tarea de seguidismo y subordinación a la sociedad civil, sino desde el ejercicio de sus propios valores éticos, una función de rectoría y control sobre la misma. El sostenimiento de esta alta idea de Administración, la que se recoge en nuestra Constitución y reproduce el tipo weberiano de la burocracia, es incompatible con el abandono de los cuerpos nacionales de funcionarios o con la degradación de su acceso, como a mi juicio ocurre en estos momentos en la Universidad, a través de una pendiente desastrosa que los últimos tiempos no han hecho sino empeorar.

Si alguien en serio está pensando en la recuperación del pulso de este país, para que no sucedan episodios tan chuscos como el de la marginación de la inspección nacional en la auditoría del sistema financiero, debe acometerse sin falta la rectificación institucional, pero también mental, de nuestra Función Pública.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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