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El President Mas en su revolución

Juan José Solozábal
martes 18 de septiembre de 2012, 19:34h
Realmente convendría saber si el Presidente Mas está dispuesto a meterse en una revolución, esto es, una modificación de la posición de Cataluña en España, sin consideración alguna de los limites y procedimientos constitucionales existentes, o si, consciente de su condición de máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma, el Presidente de la Generalitat se atendrá, cualquiera que sea la profundidad de la modificación del status de Cataluña pretendido, a las exigencias al respecto de nuestro ordenamiento jurídico.

Conviene advertir para entender la situación en que se encuentra el President que muchos encuadramos sus pretensiones desde dos parámetros políticos indiscutibles. En efecto, en primer lugar, un Estado democrático no puede aceptar devenir una cárcel de naciones. De manera que a la voluntad mantenida durante suficiente tiempo y claramente formulada en una Comunidad Autónoma en un sentido independentista se le debería asegurar cumplimiento adecuado. Ninguna forma política, tampoco el Estado español, tiene garantía de eternidad ni debería ser considerado como obra de la Providencia, perdurable sin el consentimiento de sus ciudadanos.

Pero, en segundo lugar, si es irrenunciable el principio de la apertura del orden político en una democracia, de modo que la independencia no está vedada, irrenunciable es asimismo la observancia de los procedimientos establecidos constitucionalmente para llevar a cabo las modificaciones pretendidas. La seriedad de un Estado, su capacidad para asegurar la convivencia, depende justamente de su permanencia, pues nadie obedecería a la autoridad de un Estado que no tuviese suficientemente asegurada su estabilidad. Esto es lo que explica la importancia de las previsiones que la Norma Fundamental contiene sobre su reforma, impidiendo la presentación de revoluciones inopinadas, esto es, cambios del sistema político sin atenerse a las formas, por más que en términos democráticos, no cupiese oposición a las modificaciones por su contenido.

Quiere esto decir que una democracia constitucional no puede consentir la transformación del orden político sin observancia de los limites y procedimientos constitucionales, pues Constitución y revolución son categorías incompatibles. Todo el mundo entenderá que ni la independencia de Cataluña, con ser tan importante, puede exigir a los españoles quedarse sin Constitución, que es en la condición en que quedaríamos si se consintiese una vulneración tan flagrante como la que acontecería en el caso de la separación de alguna parte del territorio sin la reforma previa de la Ley Fundamental. Según la Constitución solo el pueblo español en su conjunto es soberano y, por tanto, solo este puede adoptar decisiones sobre su futuro como la de la independencia de alguna parte de su territorio, que suponen el máximo poder político .Por ello, hasta que no se cambie la Norma Suprema y se posibilite la secesión, no es aceptable constitucionalmente hablando una consulta cuyo propósito sea la consecución de la independencia.

Esta posición puede parecer discutible a quienes no están pensando en una decisión separatista que no sea democrática o adoptada por la mayoría, y a quienes afirman que el derecho comparado ofrece casos de autodeterminación como los que tuvieron lugar por dos veces en Canadá o como el que parece se está preparando en el Reino Unido por los gobiernos de Londres y Edimburgo. A los primeros solo les podemos decir que en una democracia no cabe actuación de ningún poder del Estado, ni siquiera del cuerpo electoral, contra la Constitución. La ley en un sistema constitucional siempre es democrática, pero no es válida si se opone a la Constitución. Como acabamos de ver en el caso de Estatuto de Cataluña, la votación en referéndum del texto no pudo salvar a algunos preceptos del mismo de la anulación por parte del Tribunal Constitucional. Exclusivamente quienes no son consecuentes con la afirmación de la superioridad de la Constitución han podido negar legitimidad a esa decisión del Tribunal Constitucional, que es quien en nuestro Estado de Derecho tiene la ultima palabra sobre lo que es conforme a la Norma Suprema, y por ello válido.

De otro lado, contestando al segundo tipo de los partidarios de la autodeterminación, los referéndums sobre autodeterminación son posibles en sistemas como el canadiense o el británico, sencillamente, como se ha hecho notar acertadamente por un respetado colega, porque el límite constitucional no existe en esos casos, esto es, no hay una previsión que impida el ejercicio de la soberanía a uno de los ingredientes territoriales del Estado, como sucede en el caso español, al igual que en Francia o Alemania, sea que se atribuya la soberanía al pueblo en su conjunto o se proclame la indivisibilidad de la Republica.

El President no podría, de otra parte, escudarse en que de la manifestación de la pasada Diada en Barcelona se sigue para un demócrata un mandato imposible de resistir, dada la claridad del propósito independentista de la parada popular. No estamos en una democracia plebiscitaria en la que la voluntad institucional haya de conformarse a la voluntad expresada de modo inarticulado o informal. En una democracia constitucional el derecho de manifestación es un ingrediente de la opinión pública, a la que orienta o nutre, pero sin capacidad para sustituir a los órganos de representación. Es en el parlamento donde las propuestas políticas, más si tienen el alcance de la que hablamos ahora, deben exponerse y hacerse valer, a ser posible en consonancia con un programa presentado antes a los ciudadanos en las elecciones correspondientes. Que el President lleve la cuestión a los electores y al parlamento y después hablamos, en la vía de los procedimientos del Estado constitucional, y evitando los riesgos gratuitos que para Cataluña y España (además de para el propio Mas) implica la revolución, aunque sea pacífica.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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