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La devolution y el sistema autonómico, comparados

Juan José Solozábal
martes 25 de septiembre de 2012, 20:11h
No sé si estamos en la situación ideal para reflexionar antes de hablar, para comportarnos sosegadamente, o si, al contrario, estamos todos condenados al parloteo incontinente, empeñados en participar en la subasta al alza de ocurrencias y dislates. Estos dos fines de semana últimos, me he ido. He participado en dos reuniones sobre temas autonómicos en Cambridge, convocados por los profesores John Bell y Alberto López Basaguren en Inglaterra, y por mí mismo en Miraflores de la Sierra, con mis compañeros de la Universidad Autónoma, en la quinta edición del observatorio autonómico que celebramos cada año en los parajes institucionistas del Guadarrama y al que tampoco faltan queridos amigos de otras universidades.


El lector conoce mi admiración por el derecho constitucional británico, pegado siempre a la realidad, consistente sobre todo en un conjunto de leyes, desprovistas de rango formal especial, y un compromiso político asegurado por convenciones, que mantiene el orden jurídico fundamental sin la garantía expresa de una Norma Ultima. El sistema de la devolution no ha acabado con la abolición de la supremacía del Parlamento de Westmister, aunque se entendería que sólo una situación de gravedad permitiría superar la convención que obliga a respetar los poderes de los parlamentos nacionales de Escocia e Irlanda. La garantía de la descentralización política británica es sobre todo, pues, política, aunque cabe un recurso final a los tribunales, que sólo excepcionalmente se produce , hasta ahora, en relación con la adecuación a los estándares europeos de la legislación descentralizada sobre derechos fundamentales. La descentralización como sistema político efectivo se basa en el Reino Unido en el compromiso, explicitado en memorandums intergubernamentales o códigos de buen comportamiento, estimulando una conducta favorecedora de la colaboración e información de los servicios centrales administrativos y los poderes territoriales.

La impresión que se saca oyendo a la academia inglesa o escocesa, es que las chances independentistas del desafío nacionalista son escasas. Se conjuga una actitud tradicional de admisión de la autodeterminación, que es una pauta a la que los británicos están acostumbrados en su liquidación del Imperio, y cuyo ejercicio, en su caso, no se encontraría con óbice constitucional alguno, lo que supone la ventaja de privar a los independentista del sentimiento de dignidad ofendida, por no poder plantear sus pretensiones secesionistas .Pero sobre todo la tranquilidad de los ingleses (La intervención excelente del professor Robert Hazell se titulaba un tanto sardónicamente Why the UK is Relaxed About Scottish Independence) proviene de la posición de la opinión pública escocesa, limitada a respaldar la separación, no así otras fórmulas de ampliación de la autonomía, con la mirada puesta en los ejemplos de soberanía fiscal de vascos y catalanes, en una proporción que oscilaría entre el quince y el treinta y cinco por cien.
Por lo que se refiere a la reunión de Miraflores ¿qué conclusiones hemos obtenido?.Nuestro Estado autonómico se encuentra, contra el ejemplo del Reino Unido muy judicializado, lo que no resulta fácil de evitar como muestra la mayor parte de los Estado federales en la actualidad, que no se entienden sin una jurisdicción constitucional, encargada a los jueces ordinarios o a un tribunal especializado. Los dos años transcurridos desde la Sentencia sobre el Estatut, los ha utilizado el Tribunal español para dictar más de veinte sentencias sobre cuestiones autonómicas que demuestran que la crisis del órgano, sobre la que tantas desmesuras se publican, desde el luego no se ha producido en el plano funcional. Esta jurisprudencia abundante, y de ordinario equilibrada, refuerza la toma de conciencia del Tribunal sobre su posición nodal en el sistema institucional del Estado español. Cabe, en términos generales, considerar que esta posición no es intromisiva, de modo que el Tribunal se apropiase de una función constituyente o legisladora como si el Tribunal fuese una Tercera Cámara.

En segundo lugar, la disputa sobre las alternativas en la evolución de nuestro sistema , sean de recentralización o de centrifugación confederativa, está mal planteada. Desde el punto de vista competencial , y respetados los términos del reparto constitucional y estatutario, el criterio a seguir en la resolución de las disputas debería ser el de la eficiencia, mirando las necesidades de los ciudadanos. Que sea entonces la instancia , hablemos del Estado o la Comunidad autónoma, capaz de ejercer la atribución discutida en las mejores condiciones desde el punto de vista del destinatario del servicio, la que vea reconocida como preferente su título competencial. La cuestión está en incluir en el parámetro eficiencia otros integrantes que los meramente económicos, algunos de los cuales, como las satisfacciones identitarias o espirituales, son difícilmente evaluables.

Por último se trata de apreciar en sus justos términos las reformas constitucionales y legislativas en torno a la estabilidad presupuestaria. La reforma del artículo 135 de la Constitución se llevó a cabo de un manera imposible de no criticar desde un punto de vista formal o procedimental. De otro lado, la trascendencia constitucional de la Ley de Estabilidad es evidente, de modo que puede afectar al fulcro de nuestro sistema autonómico, que es la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas, como expresión y base de su capacidad política. En relación con esta cuestión no puede pensarse que las Comunidades Autónomas estén respecto del Estado en una posición menos comprometida de la que tiene el Estado ante la Unión Europea. La integración en Europa y el mantenimiento de la autonomía en serio de nuestro sistema exigen un funcionamiento del sistema que se base en la colaboración y no solo en los controles y la coacción, más propios de mentalidades centralistas que de esquemas federales, que son, o deben ser, los nuestros.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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