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La juventud indignada (1929-2012)

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
La España de hoy se parece un poco a la de 1929. Entonces, como ahora, se vivía una situación de crisis económica profunda, después de años de gran bonanza y modernización del país. En ambos casos la cuestión catalana se convierte en un asunto de Estado que divide a la sociedad y pone en jaque al gobierno. Y también el final de la dictadura de Primo de Rivera estuvo marcado por el descontento social, especialmente juvenil, que ahora protagoniza los albores de la legislatura de Rajoy. No obstante, entre los dos periodos históricos que nos ocupan median algunas diferencias que no son menores, y que vale la pena recordar para poder entender y analizar mejor lo que está pasando en este año 2012.

Huelga decir que la España de los años 20 vivía bajo una dictadura. Una dictadura, si se quiere, que no fue un régimen brutal, pero que, por decirlo con Shlomo Ben Ami, se caracterizó por “la censura, la supresión de los derechos políticos y constitucionales y una mezcla cotidiana de vulgaridad y arbitrariedad”. La burguesía catalana, que no se recataba en admitir que había apoyado el encumbramiento de Primo de Rivera, pronto se sintió traicionada por un dictador cuya actitud hacia la cultura catalana y política financiera se les antojaba inadmisible. Hoy, las élites nacionalistas también se enfrentan al gobierno central apelando a cuestiones económicas y de identidad, con la diferencia de que nuestro país disfruta ahora de una democracia constitucional, así como de derechos y libertades individuales.

Pero el descontento de 1929 no solo se dejaba sentir en las calles de Barcelona. La dictadura de Primo de Rivera había emprendido un proceso de “desarcaización” de España que habría de tener consecuencias sociales. El desarrollo material y la modernización habían abierto una brecha insalvable con el inmovilismo y la autocracia políticos, problema al que también tendría que enfrentarse Franco a partir de los años 60. Así, la desfeudalización de España pronto comenzó a notarse en la universidad, donde afloraron la cultura de la libertad y la concienciación política. La juventud de ayer, como la de ahora, suponía un serio quebradero de cabeza para el ejecutivo, aunque también aquí observamos divergencias notables. Puede que, como afirmaba Alcalá Galiano, el estudiante de entonces fuera vanidoso, antipático y pedante, llevara gafas con montura de cuerno y capa española, y solo atendiera a órdenes de Moscú. Sin embargo, su oposición al gobierno no dejaba de ser la oposición a un régimen antidemocrático. Estos jóvenes esgrimían consignas claras y no dejaban lugar a dudas respecto de sus pretensiones: eran republicanos y antimonárquicos. Como los de ahora, daban muestras de ingenio e ironía, y no tardaron en hacer aparecer una pintada en el palacio real, donde podía leerse: “Se alquila”. Esta disidencia se agrupó en torno a la Federación Universitaria Estudiantil (FUE), que desarrollaba una frenética actividad política y cuya aspiración era atraer a su causa a sus referentes intelectuales, entre los que se contaban Ortega, Marañón, Unamuno o Fernando de los Ríos. Para la FUE estas figuras encarnaban la “autoridad legítima” que podía conducir a la “soberanía de la ley”. Sus integrantes, como los “indignados” de nuestros días, ya no eran de clase obrera, e incluso Trotsky hubo de reconocer que “los desórdenes estudiantiles reflejaban una preocupación puramente burguesa” (Ben Ami, 1978).

Los jóvenes de 2012 no combaten una dictadura, sino un gobierno elegido democráticamente. Los manifestantes indignados y simpatizantes del movimiento 15-M tienden a olvidar que la acción de gobierno ha sido refrendada por una mayoría absoluta de españoles, lo cual significa que el ejecutivo actual goza de legitimidad. Cuando se apela al incumplimiento del programa electoral se olvida que no existe el mandato imperativo y que ello no se debe a oscuras razones antidemocráticas, sino a una medida en pro de la gobernabilidad. De Hegel a Manin, la ciencia política ha subrayado la importancia de que los gobiernos dispongan de ciertas prerrogativas y poderes discrecionales que les permitan hacer frente a lo imprevisto. Es decir, los gobernantes han de vivir al día, y situaciones de dificultad como la crisis económica que padecemos no hacen posible el cumplimiento íntegro de los programas electorales. Por otro lado, suele reprocharse a los indignados su falta de atino asertivo. Si los jóvenes de 1929 querían el fin de dictadura y de la monarquía, los de ahora no han sido capaces de articular sus demandas de forma clara. Además, su estrategia de actuación produce cierta inquietud y levanta no pocas dudas acerca de su efectividad: si antes relatábamos cómo los estudiantes que se oponían a Primo de Rivera se habían agrupado en torno a la FUE, los indignados han renunciado a todo cauce que pueda proveer el Estado, amparados en un discurso que raya peligrosamente en el alegato antipolítico. Del mismo modo, si los referentes de ayer eran Marañón y compañía, los jóvenes de hoy parecen haberse desprendido de ellos. No se divisan figuras sobre las que recaiga una autoridad aceptada como legítima, como no sea, tal vez, Stephane Hessel, cuya definición se ajusta mejor al paradigma del agitador que al del intelectual.

En definitiva, pareciera que la juventud hubiera dejado de abrazar el juego político y reclamara el timón mismo de la nación. Esto no significa que los indignados sean antisistema, como se pretende establecer desde ciertos sectores. O, si se quiere, no lo son más que en la medida en que se sienten excluidos del sistema. Tampoco pueden ser considerados revolucionarios, en tanto en cuanto no persiguen subvertir el orden existente para implantar uno nuevo. La otra cara de esta moneda es que la suya no es, por tanto, una “destrucción creativa”, lo cual hace que algunos empiecen a acordarse de aquel Nietzsche que anunciaba: “veo subir la pleamar del nihilismo”. En cualquier caso, nihilismo o descontento pequeñoburgués, el malestar popular tiene una explicación sencilla: décadas de crecimiento económico han hecho a las nuevas generaciones herederas de un bienestar que perciben distorsionadamente como algo natural, y no como el fruto de un trabajo acometido por individuos. Consecuentemente, ante una situación de crisis como la que vivimos, se ha producido una frustración de expectativas que se deja sentir en las calles. Y es lógico que así sea, dadas las cifras económicas y los datos de paro que arrojan los informes. El problema es que esta negación de la política y la reivindicación de la “acción directa” empiezan a recordar a la “hiperdemocracia” de la que hablaba Ortega. Ya no basta con que se cumpla la “soberanía de la ley” ni se acepta el juego de delegar la toma de decisiones en unos representantes electos. Y esta voluntad de decisión directa que muestran los jóvenes conlleva el riesgo de querer dar vigor de ley a lo que el filósofo llamaba “tópicos de café”.


Mientras tanto, el panorama económico y laboral a medio plazo continúa siendo desolador, y los jóvenes son los peor parados de esta crisis. La gravedad de la situación exige dejar las pancartas ingeniosas y grandilocuentes, y buscar cauces de participación política que permitan la organización del descontento. El impago de la deuda, el despido de los políticos o la salida del euro, son demandas que deberían ser desterradas de una vez por todas con el resto de tópicos de café. En la Puerta del Sol, donde todavía resuenan los ecos de las voces que aclamaron a Ortega y pidieron la soberanía de la ley hace casi un siglo, hoy encontramos un cartel que reza: “Las putas insistimos, los políticos no son nuestros hijos”. Y, no: no es esto.
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