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Una Constitución en plena juventud

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Los países serios, estables y seguros de sí mismos no cambian de Constitución dos o tres veces a lo largo de un siglo; aun cuando sepan muy bien que la suya, como todas, no es perfecta. La reforman en los aspectos parciales que la evolución social impone, pero siempre con prudencia, sin maximalismos, sin ceder a modas pasajeras, que pueden ser “verdura de las eras” y manteniendo su espíritu y su arquitectura. Tal ha sido el caso de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, criticada acerbamente apenas terminada la Convención que la redactó, algunos de cuyos miembros no la firmaron. En los 225 años transcurridos desde entonces sólo ha sido objeto de 26 enmiendas que, en realidad, se quedan en 16 si tenemos en cuenta que las diez primeras son una declaración de derechos añadida en 1791. ¿Cuál es la razón de ese éxito? Sin duda, la posibilidad de interpretación del texto original asumida por el Poder Judicial y, en última instancia, por el Tribunal Supremo (no por ningún tribunal especial o constitucional), cuyas sentencias son indispensables para saber el significado actual del mismo. Por eso sigue teniendo el mismo valor que ya se le reconocía en tiempos de Washington o del juez Marshall.

Con casi dos siglos de diferencia y, por supuesto, mutatis mutandi, algo similar se puede decir de la vigente Constitución francesa de 1958, salida de la inspiración y aun de la pluma de de Gaulle. Apenas promulgada también fue muy criticada. Mitterrand, un antigaullista notorio, publicó entonces un panfleto con un título bien expresivo: Una puerta abierta a la dictadura constitucional. Veintitrés años después el mismo Mitterrand, convertido en Presidente de la República Francesa, gobernó con el mismo texto, haciendo pleno uso de las prerrogativas presidenciales que tanto había criticado. Desde 1958 esta Constitución ha sido reformada en 24 ocasiones, con amplio consenso. La reforma más amplia se ha producido en 2008, medio siglo después de su inicial vigencia, bajo la presidencia de Sarkozy, que afectó al cuarenta por ciento del texto. Algunas de las reformas del texto de 1958 han tratado, en cierta medida, de adaptarlo a las exigencias del proceso de construcción europea. Un obstáculo que nuestra Constitución de 1978 previó sabiamente en su artículo 93 que permite, por medio de ley orgánica, “autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”.

A la luz de estas dos significativas experiencias extranjeras, nos parece bastante evidente que son intempestivas las exigencias de afrontar ahora en España la tarea de redactar una nueva Constitución que, con bastante frivolidad y escaso conocimiento, se han escuchado estos últimos días, con motivo de la celebración de 34º aniversario de nuestra Carta Magna. Algún insensato ha llegado a afirmar, más o menos, que cada generación tiene un supuesto derecho a tener “su” propia Constitución, echando a la basura la de sus padres o abuelos. Una actitud que está en línea con la moda que ha recobrado ese discutible instrumento que es el referéndum para todo o esa supuesta y demencial “legitimidad de la calle”, con la que se pretendería pasar por encima de la clave de bóveda de cualquier régimen representativo que es el Parlamento.

Nuestra Constitución tiene, sin duda, defectos, algunos congénitos y otros fruto de lo que se ha llamado “reforma por la puerta de atrás”, que prosperó durante el nefasto zapaterismo y que, al menos en parte, ha sido validada por un poco escrupuloso Tribunal Constitucional, incapaz de liberarse de aquel pecado original que fue la sentencia de febrero de 1983, con un pobre presidente del mismo acorralado entre la espada y la pared. Pero no es el momento de analizar una trayectoria en la que hay aportaciones positivas, ensombrecidas, desgraciadamente, por esas otras menos explicables. Aunque no gusten, la ley es siempre la ley y las sentencias son siempre las sentencias. No es, pues nuestra Constitución “inmaculada”, aunque, por dos días, pudo llamarse popularmente así, como a la de 1812 se la bautizó como “la Pepa”.

Lo que hay que subrayar ahora –y creo que es el pensamiento de cuantos vivimos intensamente la Transición y de otros más jóvenes- es que las excelencias de nuestra Constitución sobrepasan, con mucho, esos defectos, propios o sobrevenidos, a los que acabamos de aludir. Y que a sus 34 años goza todavía de una espléndida juventud. Su virtud principal es que, por primera vez en nuestra historia, se trata de un texto fruto del más amplio de los consensos imaginables. Todos los grupos parlamentarios aportaron algo (o mucho) y todos cedieron algo (o mucho). Por eso es la obra de todos y no se la puede vituperar alegremente. Quienes la votamos, podíamos tener objeciones a algunos de sus artículos, de hecho las teníamos. Pero todo eso era menor, al lado del hecho histórico de un pueblo que se reencuentra a sí mismo en el regazo de la libertad y en el marco de la democracia, simbolizadas ambas en la Carta Magna.

Nada de eso excluye, evidentemente, una reforma parcial, porque, como decía el otro día García-Escudero, la Constitución “no es pétrea”, aunque los constitucionalistas la califiquen de muy rígida. Pero la reforma solo se puede plantear en el momento oportuno que, indudablemente, no es este. Mientras España no salga de esta situación económica, en que la sumió la gestión anterior, no tiene ningún sentido abordar una reforma de la Constitución. La política es una cuestión de prioridades y, ahora, son otras las que nos acucian. Además –y en segundo lugar- una reforma solo se puede afrontar cuando estén bien precisados y acotados los aspectos que se quieren reformar. No se trata de “abrir el melón”, como bastamente dicen algunos, y esperar a ver qué sale y a quién, en pleno proceso, se le ocurre la idea más genial. Volvamos al santoral: Aquí no vale aquello de “si sale con barbas, san Antón y, si no, la Purísima Concepción”. Eso sería una estrategia para el desastre.

En tercer lugar, una reforma, por limitada que sea, tiene que hacerse con el más amplio consenso posible, como ocurrió en el momento constituyente. Y ahora es obvio que pensar en eso no es realista. El principal partido de la oposición está cuarteado, territorialmente dividido, perdido en su laberinto, sin programa ni liderazgo. No hay más que ver cómo afronta la labor de la oposición. Habrá que esperar a que exista una oposición creíble y fiable. Bien está que, además, contribuyan los partidos menores a ese amplio consenso. Pero, a riesgo de ser políticamente incorrecto, añadiré que los nacionalismos, mientras no abandonen la obsesión soberanista, no son fiables y, por eso mismo no son imprescindibles. Ya es hora de que actúen responsablemente. No se puede contar en la misión de trabajar para España, con quienes no ocultan su designio de destruirla.

Finalmente, la reforma hay que hacerla de frente y por delante, con arreglo a las disposiciones correspondientes de la misma Constitución, nunca por la puerta de atrás. Y habría que pedir, a quienes participan en el debate público sobre esta u otras cuestiones políticas, más preparación y menos frivolidad. Da pena oír hablar de la Constitución a gentes que, con toda evidencia, ni la han leído, ni saben cómo se hizo o quién la votó. Es vergonzoso escuchar a ciertos tertulianos, profesionales o aficionados, con qué desparpajo y qué osadía -que son patentes atributos de la ignorancia- se meten en cuestiones que no entienden, convencidos de que son los amos del universo porque tienen una cámara delante. Un poco de seriedad no le vendría mal al presente debate político español.
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