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El diálogo constitucional

Juan José Solozábal
martes 01 de enero de 2013, 18:55h
La suerte de una Constitución depende del las posibilidades de su interpretación, especialmente de aquellas cláusulas de la misma que según Sanford Levinson, integran la Constitución de la conversación , frente a aquellas otras normas, menos problemáticas en su significado que forman la Constitución de la organización. Ejemplo de la Constitución de la organización (Settlement Constitution) podría ser el precepto que, por ejemplo entre nosotros, fija el número de diputados (entre 300 y cuatrocientos, dice el artículo 68 CE), mientras que compondrían la Constitución de la conversación (Conversation Constitution), el artículo 14 CE que establece el principio de igualdad, o, en general, todos los preceptos relativos a los derechos, cuyo alcance concreto sólo puede fijarse a través de un diálogo, en el que intervengan entre otros el legislador y los jueces, y del que resulte su configuración.

Aparentemente es más perfecta la estructura de las normas de organización, pues éstas responden mejor a los estándares de claridad y seguridad jurídicas, pero se trata de una impresión falsa, pues las verdaderas potencialidades de la Constitución dependen ante todo de las norma abiertas o indeterminadas, esto es, las que tienen una estructura principialista, que corresponde mejor a las llamadas por Levinson Constitución de la conversación. Del juego de este tipo de normas depende en primer lugar la duración de la Constitución, esto es, la capacidad de la Carta Fundamental para persistir más allá del tiempo de los padres fundadores, rebasando entonces el marco generacional de éstos, que captó perfectamente Ortega. Asimismo, en segundo lugar, la dimensión coloquial de la Constitución asegura su inserción en la cultura política de la Comunidad, pues la participación en el diálogo sobre el significado de la Norma Fundamental de sujetos pertenecientes a diversos sectores de la sociedad amplia la base del consenso sobre la misma , de manera que la interpretación constitucional, por decirlo así, deja de ser asunto exclusivo de un circulo profesional, el de los juristas, por muy relevante y cualificado que sea el mismo, y es objeto de la consideración de gentes como los filósofos, historiadores, y tutti quanti.

Cuando la interpretación de la Constitución se deja en las manos exclusivas de sus intérpretes profesionales, sucede que la comprensión de la Norma Fundamental corre el peligro de agotarse o resecarse, en expresión del maestro García de Enterría , dificultándose su capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de la comunidad. Con todo el problema más grave de la interpretación profesionalizada es que la Constitución deja de cumplir su función de integración, como ámbito espiritual en el que la sociedad discute continuamente los valores en que descansa la vida de todos. Los jueces constitucionales dirán en un determinado momento qué significado hay que atribuir a los contenidos principialistas de la Constitución, pero esa decisión del supremo intérprete de la Constitución aunque es la definitiva, en el sentido de la que cierra la indeterminación, imponiendo uno de sus significados, puede no ser la última, pues depende a la apostre de su acogida en la comunidad. Tampoco el Tribunal Constitucional podría presentar su actuación interpretativa como la más racional si la llevase a cabo sin contrastar la precomprensión de que parte , esto es, el punto de origen desde el que advertida o sin saberlo opera, con la idea que sobre la institución o el derecho en cuestión está vigente en determinado contexto social e histórico.

Finalmente, cuando se excluye del diálogo constitucional a quienes no son juristas y se reserva exclusivamente la determinación de las ideas y conceptos a interpretar a los jueces, aisladamente considerados, se produce también un efecto muy negativo en la cultura política de la comunidad y que equivale nada menos que al desentendimiento constitucional de quienes no son los juristas, lo que lleva a una devaluación normativa de la Constitución de fatales resultados. Acontece entonces lo que podríamos denominar la desconexión constitucional, a la que acompaña una situación de anomia o desbordamiento, en la que se tiende a suplantar la regulación constitucional de la vida politica por normas ad hoc, obedecientes no a la previsión del derecho sino a la voluntad democrática decisionista del momento. No es necesario poner ejemplo de esta circunstancia, pero la elusión constitucional es evidente en el episodio del referendum de Cataluña.

Estos presupuestos sobre la interpretación constitucional los he tenido muy presentes en la lectura del libro, sobre una de estas cláusulas constitucionales del diálogo o la conversación, relativa a la dignidad de la persona, que reconoce, en un panorama constitucional compartido (entre otros instrumentos la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas y la Constitución alemana) el artículo 10 de nuestra Constitución y que no puede entenderse fuera de sus resonancias kantianas y católicas. Se trata de la obra del filósofo Michael Rosen Dignity: its history and meaning, recientemente publicada en Harvard University Press, cuyo comentario concreto dejamos, ya, para otra ocasión.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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