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AL PASO

La ventaja de llamarse Federal

jueves 07 de febrero de 2013, 09:25h
Creo que no hay discusión sobre la pertenencia de nuestra organización territorial a las llamadas formas federativas, entendiendo por tales las que asumen la descentralización política y el carácter compuesto del Estado. Tampoco me parece especialmente cuestionado que la reforma del Estado autonómico, que muchos consideramos inevitable, sea cuando sea el momento en que se proceda a la misma, no puede tener lugar sin una referencia al modelo federal, con independencia del tipo de éste que se acoja, y contando con el mantenimiento de algunos rasgos del sistema autonómico relevantes, como puede ser la condición estatal del Estatuto de autonomía o la conservación por el Estado central de su facultad de solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de determinada actuación, normativa o concreta, de las Comunidades Autónomas que el Gobierno de la Nación considere anticonstitucional, como ocurre ahora si se aplica el artículo 161, apartado 2 de la Constitución. Pero pregunto,¿ podría la reforma ir más allá y asumir la propia definición federal del Estado ?

Ya sabemos que determinados sectores de nuestra opinión pública tienen aversión a la mera utilización de tal calificación, identificando arbitrariamente federalismo con fragmentación nacional o inoperancia funcional, pero quizás no carezca de todo sentido el plantearse la consideración racional de esta posibilidad, viendo, por decirlo así, sus ventajas, pues de sus inconvenientes ya se han formulado diversas argumentaciones, que insisten en la incompatibilidad de dicha fórmula con nuestra cultura política constitucional.

Deberíamos entonces ponderar la conveniencia de que las propuestas de reforma del Estado autonómico comenzasen, o la incluyesen de manera capital, por una cláusula definitoria que estableciese la condición federal del Estado, cuestión a la que aludíamos hace unos momentos.

¿Conviene que exista una cláusula definitoria constitucional de la organización territorial, como existe una cláusula definitoria ideológica? En nuestra Constitución se define a nuestro forma política como Estado social y democrático de derecho, pero no se dice nada sobre el tipo de organización territorial que se pretende establecer. En algunos momentos de nuestra historia si que se fijaba una forma territorial determinada, es el caso de la Constitución de 1873, que hablaba de Estado federal y de estados miembros y es el caso de la Constitución de la Segunda República de 1931, cuando el Estado es definido equívocamente pero con un propósito calificador innegable, como Estado integral, aunque era difícil ponerse de acuerdo sobre la forma política a la que efectivamente remitía tal denominación, quizás un modelo intermedio entre el Estado unitario y el federal. Ocurre que en otras Constituciones de nuestro tiempo no faltan las definiciones sobre la distribución territorial del poder que se acogen en los textos normativos correspondientes. Así en Francia el Estado es definido de modo unitario y la Constitución alemana habla del Estado federal.

Naturalmente no mantengo que sin definición no hay configuración efectiva de la forma política desde el punto de vista de la organización territorial, incluso completa o acabada, pues no ignoro que la condición federal del Estado no depende de la apropiación de una cláusula en tal sentido de la organización institucional y de la distribución del poder.¿ Cual es, entonces, la ventaja de la utilización de una cláusula definitoria? Sin duda, permitir una comprensión integrada del edificio institucional con una referencia a un modelo reconocido universalmente aunque el acceso a ese modelo es subsidiario, pues la forma política verdadera es la contemplada de hecho en la regulación constitucional. Es lo que ocurre con la definición de nuestra Constitución cuando señala que la forma política española es la monarquía parlamentaria. El régimen parlamentario no es el construido idealmente por una teoría constitucional, sino la forma de gobierno diseñada efectivamente en la Constitución con sus mecanismos tasados de exigencia de la responsabilidad previstos en la Norma fundamental.

Nuestro sistema se establece en la Constitución y solo nos podemos remitir residualmente a un modelo o arquetipo ideal, establecido doctrinalmente o en el terreno de los tipos puros. Pero aunque sea en este sentido es útil la existencia de las cláusulas definitorias, especialmente cuando se propone una reforma constitucional que puede resumirse gráficamente en los términos acuñados incontestablemente en el escaparate del Estado federal. Por muchos motivos, entonces, parece razonable, que las modificaciones puedan asumirse a través de la referencia que proporciona una cláusula definitoria que constate innegablemente la condición federal del Estado tras la reforma constitucional correspondiente. Asumir explícitamente la condición federal de nuestro Estado, facilitaría el entendimiento coherente de la descentralización y sujetaría el desarrollo constitucional a pautas seguras y reconocidas sin discusión.