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Dworkin, recuperado

Juan José Solozábal
miércoles 20 de febrero de 2013, 20:57h
Estaba esperando la reacción de la New York Review of Books al fallecimiento de Ronald Dworkin, que ha consistido en la recuperación de algunos trabajos del filósofo publicados en sus páginas: se trata de comentarios dirigidos a un tipo de lector no especializado sobre diversas sentencias del Tribunal Supremo, esto es, hard cases, acerca de cuestiones polémicas, se refieran al aborto, la eutanasia, la pornografía y la libertad de expresión, el control de leyes en materia antiteterrorista, etc. De este modo los problemas constitucionales sobrepasan el área temática del especialista y devienen asuntos de interés general o público. Además la contribución del autor, en todos esos supuestos, no se mueve en el terreno abstracto de las ideas sino que tiene que ver con la respuesta a un problema práctico o efectivo. Se ve que Dworkin no fue solo un eminente académico, sino, durante algunos años de su vida, un abogado que se ganaba su sueldo en el ejercicio de la profesión. Pero junto a estas piezas recuperadas concretas, en la antología de la New York Review se recuerda un trabajo de alcance más general de Ronald Dworkin sobre la lectura moral de la Constitución( The moral Reading of the Constitution, Marzo de 1998) que nos puede servir de pauta para revisar su pensamiento constitucional.

Como otros constitucionalistas ( de modo notable Lavinson que distingue entre una Constitución cierta y otra posible, la Constitution of Settlement y la Constitution of the conversation) Dworkin cree que la Constitución procedimental u organizativa no plantea problemas en cuanto a su comprensión, por ejemplo la cláusula que exige al Presidente de la Nación tener 35 años (art. II). Este tipo de normas, que podemos llamar organizativas, tienen la estructura propia de las reglas o mandatos: su sentido es claro, y no se diferencian de las disposiciones que podemos encontrar en otras ramas del sistema jurídico, por ejemplo en el derecho de sociedades o en el régimen local. El problema surge con otra clase de normas o disposiciones constitucionales que tienen que ver con los derechos, donde la estructura es abierta o general, y cuyo significado por tanto no es claro. Estas normas principialistas no se aplican sin más, entendiendo por tal operación una labor de subsunción o cumplimiento, sino que se interpretan, dándoles un determinado sentido que no es evidente, por lo menos a primera vista.

La tesis de Dworkin es que tal tipo de cláusulas constitucionales, como digo de estructura abierta y abstracta, son las más difíciles de entender y necesitan de una mediación que les de sentido y fije su alcance, en una operación que según el no puede hacerse sin recurrir a la moral, y ha de verificarse en un supuesto concreto, en la resolución de un caso, difícil si es novedoso o decisivo por su trascendencia. Para Dworkin quien dota de un significado concreto a los derechos, por ejemplo determinando en el ejemplo concreto de la libertad de expresión si la misma cubre a la pornografía, o en el caso de la cláusula de la igualdad si esta excluye la segregación racial en las escuelas, es el juez. Hay quienes pueden pensar que el intérprete de las cláusulas sobre derechos no han de ser los jueces sino el Congreso, pues aborrecen de la labor interpretativa y no meramente aplicativa de los magistrados, que consideran una injerencia política intolerable. Otros reservan a los jueces una intervención exclusivamente en casos límite en los que puede producirse un caos político, cuando parece irresoluble la contradicción entre las ramas del gobierno sobre lo que esté constitucionalmente permitido o prohibido. Los originalistas asimismo renuncian a una remisión moral de los derechos, pues piensan que la tarea de los jueces no es constructiva sino meramente aplicativa, limitada por tanto a averiguar al respecto la voluntad de los autores de la Constitución, esto es, lo que los padres fundadores, los framers, querían cuando fijaron su contenido.

La atribución de la función interpretativa de la Constitución a los miembros del Tribunal Supremo no significa ignorar el papel político de esta labor, innegable pues los derechos son límites al gobierno y, en su caso, a la decisión mayoritaria de los legisladores. Lo que ocurre es que la apelación a la decisión moral de los interpretes constitucionales para determinar el contenido de los derechos no significa dejar que los jueces impongan sin más lo que les sugiera su propia conciencia (“the whisperings of their own consciences”), o “las tradiciones de su propia clase o secta”. Se les pide, como se les exige a todos los detentadores de poder, esto es, los gobernantes, que actúen de buena fe, o sea, de acuerdo con el principio de integridad que en su caso les impone la coherencia con las decisiones adoptadas por la Constitución como un todo y el respeto a las líneas maestras de la interpretación prevalente de los colegas que les han precedido en la labor jurisdiccional.

No hay modo, viene a decir Dworkin, de evitar la lectura moral de la Constitución, la idea de que todos nosotros, “jueces, legisladores y ciudadanos interpretamos y aplicamos sus cláusulas abstractas convencidos de que lo hacemos de acuerdo con principios de decencia política y de derecho”. Por tanto no hay una tercera posición entre el originalismo y la comprensión de los derechos fundamentales como derechos humanos o pretensiones de justicia, según determinada idea de lo que demanda la dignidad de la persona. Sólo queda el control público de las decisiones judiciales, reclamando que estas se adecuen al entendimiento progresivo y compartido en la sociedad de lo que exige una ética racional.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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