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La única legitimidad democrática

lunes 15 de abril de 2013, 20:28h
En los ya lejanos años de la pre-Transición, mis alumnos me preguntaban a menudo en qué consistiría la democracia. Como síntesis, solía decirles que democracia significa libertades públicas y derechos humanos, elecciones, Parlamento, partidos políticos plurales y, como coronación del edificio, Estado de Derecho y separación de poderes. Cada uno de esos conceptos exigía, después, un desarrollo, pero era una manera de introducir a aquellas generaciones jóvenes en el sistema de libertades, condenado hasta entonces por la dictadura. Esto era así hace cuarenta años y lo sigue siendo ahora: No hay más democracia que la que se basa en esos pilares y eso fue lo que quedó plasmado en la Constitución de 1978. Un texto que, a pesar de sus defectos, que los tiene, es el documento político más importante de nuestra historia contemporánea porque, por primera vez, fue el lugar de encuentro de todas las tendencias políticas y está por eso dotado de una valor que, ni mucho menos, ha caducado. No hay más legitimidad que la que se fundamenta en esa Carta Magna ni más democracia que la que se encarna en las instituciones que allí se establecieron.

Esto puede parecer muy elemental, pero es importante recordarlo y subrayarlo en estos momentos en los que se quieren imponer otras supuestas legitimidades, como la “legitimidad de la calle” o la “legitimidad de la redes sociales” o bien se quieren arrojar dudas sobre la legitimidad de la Monarquía, como si, por sí misma, una República fuera más legítimamente democrática. Los republicanos tienen, por supuesto, todo el derecho a serlo, pero que primero se estudien la Constitución y muy especialmente su artículo 168 donde se fija un complejo procedimiento para una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar (cuyo artículo 1.3 dice que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”) al Título II “De la Corona”, además de los artículos que regulan “los derechos fundamentales y las libertades públicas”. No vale, por lo tanto, un referéndum por esas sólidas razones jurídico-constitucionales y porque sólo en un país de locos (a veces parece que éste lo es) se plantearía una cuestión tan divisiva y que, de veras, sólo interesa a una ínfima minoría, por vociferante que sea. Y lo mismo se aplicaría a los que piden la abdicación de S.M. Juan Carlos I, algunos sin ocultar que atribuyen al Príncipe de Asturias el obligado papel de puente hacia la República de sus sueños.

Hace falta un alto nivel de desamueblamiento mental para atribuir algún valor a la supuesta “legitimidad de la calle”, que aquí empezó con el 15-M –precisamente siete días antes de unas elecciones municipales y autonómicas- y se concretó en aquella sentada de varias semanas en la Puerta del Sol, con su acompañamiento de indignados y demás, que el ministro del Interior de entonces (un tal Rubalcaba) protegió como a la niña de sus ojos, a costa del resto de los demás ciudadanos. Después han venido los varios miles de manifestaciones de todo tipo que han colapsado con una frecuencia intolerable las calles de Madrid y de otras ciudades. Seguramente, muchos de esos manifestantes se echaron a la calle justamente indignados por la estafa de las preferentes o por abusos hipotecarios, pero parece bastante evidente que, muchos más, forman parte de las escuadras profesionales de agit-prop de la izquierda. La mayor parte de esos abusos tuvieron lugar durante la etapa de Gobierno socialista pero, salvo los protegidos del 15-M, nadie se movilizó, casualmente, hasta que el PP llegó al poder. Estarían haciendo las pancartas.

La llamada legitimidad de la calle es un enorme camelo, netamente antidemocrático, porque va en contra de las instituciones, como esas pretendidas ocupaciones del Congreso de los Diputados o esos acosos violentos cuando no vandálicos de los domicilios de algunos diputados (yo no voy a usar esa palabreja, al parecer de origen anglo-lunfardo, con que algunos casi tratan de legitimar ese tipo de acciones, de bien conocida raíz nazi-fascista). Lean sólo las primeras páginas de El invierno del mundo de Ken Follett y verán cómo se parecen estos vándalos de hoy a aquellos nazis de los años treinta del siglo XX. A mí me cansa ya oír sermones defendiendo el derecho a manifestarse sin que nadie diga, primero, que no hay derechos absolutos, que todos tienen sus límites, pues terminan donde empiezan los derechos de los demás, como enseñó Kant, ni, segundo, que, en una ciudad, por encima del derecho de unos ciudadanos que quieren manifestarse, está el derecho del conjunto de la población que tiene el derecho eminente a no ser importunado ni impedido de vivir a su modo su vida cotidiana.

También pertenece al mismo género camelístico esa pretendida legitimidad de las redes sociales que para algunos son ahora la referencia fundamental de la opinión pública. Y no lo son. Bastaría casi, aparte de otras consideraciones científicas o tecnológicas, analizar el lenguaje que se usa en esas redes y en otros géneros digitales para descalificar ese tipo de supuesta participación al que se dedican, según todos, los indicios – y, ciertamente, con algunas excepciones, no demasido abundantes- los más voluntariamente desocupados ciudadanos, los más despistados, los más cabreados contra el mundo en general, con una perceptible presencia de ignorantes supinos, por no hablar de esos otros que envían mensajes a ciertos canales de televisión y que desconocen hasta las más elementales reglas ortográficas.

Quienes se dedican a este ciberdeporte están, obviamente, en su derecho. Lo que es escriben son sus opiniones pero no son la opinión pública, que por algo se escribe en singular y que, legítima y formalmente se expresa en las urnas. Sin que esto impida decir que todos y a través de todos los medios tienen el derecho a expresar “su” opinión. Tocqueville, sorprendido por la amplísima libertad de prensa que existía en los Estados Unidos y, en concreto por los insultos que leyó contra el presidente Jackson, escribió que “la prensa es esa potencia extraordinaria, tan extrañamente compuesta de bienes y males que sin ella la libertad no podría vivir y con ella apenas puede mantenerse el orden”. Y añadía: “En materia de prensa no hay, pues, término medio entre la servidumbre y la licencia, pues para cosechar los bienes inestimables que asegura la libertad, hay que saber someterse a los inevitables males que origina”. Y ya más cerca de nosotros, Bradlee, el director de The Washington Post, en la época del Watergate, ha escrito que “la libertad de prensa incluye la libertad de equivocarse e incluso la libertad de ser irresponsable”.

Así de generosa es la democracia. Lo desagradable es cuando las equivocaciones y las irresponsabilidades se acumulan tanto que casi ocultan las verdades y las informaciones u opiniones responsables, porque son agujas en un inmenso y deleznable pajar. Con razón, a los periodistas profesionales les alarma la acometida permanente de individuos no profesionales que difunden digitalmente rumores sin confirmar, mentiras declaradas y errores de bulto. Lo malo es cuando algunos profesionales incurren en los mismos defectos, olvidando las más elementales reglas deontológicas del periodismo y compitiendo en hacer una información de escándalo, que acaba espantando a los lectores. En resumen, la única legitimidad democrática es la que dan las urnas. Todo lo demás es agit-prop, resentimiento de los derrotados y, en el mejor de los casos, un legítimo derecho, cuando se ejerce dentro de los cauces de la ley.
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