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Censura mexicana a redes sociales

domingo 02 de junio de 2013, 19:56h
Ha estallado el escándalo en México y es una llamada de atención a todos en todas partes. Es importante denunciar el proceder de la clase política cuando se sabe vigilada por la ciudadanía combativa a través de las efectivas redes sociales que todo lo ven y todo lo oyen. Particularmente cuando se trata de personajes públicos que gobiernan y cuando en México las redes sociales de forma innegable han provocado recién que funcionarios de altos vuelos caigan y familiares de políticos, cuando no ellos mismos, han sido exhibidos en su corrupción, arbitrariedad, torpeza, excesos e ilegalidades.

El sostenido activismo de las redes sociales en México no da tregua ni siquiera al presidente Enrique Peña Nieto, exhibido una y otra vez en errores y carencias graves e inauditas que dejan mucho qué pensar del jefe de estado. Se comprende muy bien la molestia de la clase política al completo por ser expuesta permanentemente en un escaparate electrónico que la exhibe y porqué desde la izquierda, el centro y la derecha se clama muy seguido por limitar tan poderosos instrumentos. Justamente por serlo.

Ahora, los congresistas del estado mexicano de Nuevo León el 29 de mayo de 2013, pretextando el llamado ciberacoso en redes sociales (cyberbullying) que inició entre escolares, van más allá y reformaron el código penal local añadiendo el artículo 345 Bis con el que amplían la prohibición a la expresión en redes, tomando medidas que la limitan a los ciudadanos que les pagan el sueldo. Qué fastidioso es tener que recordar lo del pago de su sueldo a los políticos, que suelen olvidarse de que la sociedad está harta y hasta la coronilla de sus abusos y de sus desplantes. Pero recordárselos implica recordarnos que más vale una colorada que diez descoloridas. Lo ya prohibido dista mucho de ser solo para acoso en redes sociales, pues persigue toda expresión que por grave, difame o simplemente sea considerada ofensiva –por no decir inconveniente– a los políticos, sobre todo. La eficacia de la redes sociales ahora queda en peligro.

La medida es arbitraria y mañosa, puesto que restringe y reprime el uso de las redes sociales al no establecer ni los criterios para considerar una expresión como maliciosa u ofensiva ni tampoco pone límites claros a la autoridad para que se conduzca con transparencia en sus apreciaciones cuando se denuncie el caso. Tanta discrecionalidad deja en estado de indefensión a los millones de usuarios de redes sociales ante una severa incertidumbre jurídica y además, representa un triple atentado a la libertad de expresión que no podemos callarnos.

Lea usted el texto y juzgue: Artículo 345 Bis: También comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien.//Al responsable de este delito se le impondrá una pena de prisión de uno a tres años y multa de cien mil cuotas. Si la víctima es menor de edad, la sanción será de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a mil cuotas.//El administrador o representante del medio utilizado para realizar las conductas señaladas en el primer párrafo de este artículo, está obligado a revelar la identidad de quién utilizó el medio para realizar dicha conducta. Si requerido por el Ministerio Público no entrega la información, se le impondrá sanción señalada en el párrafo anterior, según corresponda.

Yo me he quedado estupefacto. Primero porque la tendencia mundial es a despenalizar la difamación. En segundo término porque lo leído nada tiene que ver con acoso entre escolares y careciendo de criterios delimitantes, su discrecionalidad anticipa abusos de autoridad. Además, violenta la libertad de expresión y de manifestación de las ideas consagrada en nuestra Ley fundamental desde el momento en que se dispone que solo tendrá por límites no ir contra la vida privada, la moral o la paz pública y establece la prohibición de la previa censura y dispone que el Estado debe de garantizar el derecho a la información. Y rebasa los límites territoriales de Nuevo León. Gravísimo.

Si será censurado hablar mal de un gobernante porque sus actos públicos nos afectan negativamente y a juicio de alguien sin parámetro alguno, son considerados perjudiciales, estamos fritos. Muy lejos están las redes sociales de limitarse solo a insultar. Los ciudadanos han tenido muy clara su efectividad y la están haciendo valer. También han conseguido no solo insultar gobernantes, sino algo mucho más importante: demostrar sus excesos y sus carencias y a ello también tienen derecho y a que se sepa. Y llamo su atención amigo lector, máxime cuando los medios masivos –radio y televisión– se las callan tales para no enemistarse con el poder público o sacarle ventajas. ¿Criminalizar por publicar cuando lo publicado nos afecta por ser verdad y se financia con dinero público? El cuestionamiento público de excesos privados pagados con dinero público no puede ser censurado y debe darse la voz de alarma ante la intentona del congreso neoleonés, que atenta contra todos los mexicanos y además, contra todo usuario de redes sin importar dónde se encuentre. La red es mundial y eso le molesta.

Ahora, no pierda de vista que el DRAE deja muy en claro que es difamar. Aporta tres acepciones: una: desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Dos: Poner algo en bajo concepto y estima Y una muy importante: divulgar. Y allí cabe absolutamente todo. Las dos primeras son graves si no se define qué alances habrá cuando te refieras al quehacer de un político que cobra dinero público. A la gente no le importa saber qué desayunaron, sino cómo usan el poder y se lo pagan con nuestro dinero, por ejemplo. Y la tercera acepción es gravísima por ser sinónimo de difundir. Imagine usted el tamaño de la censura que se aproxima a los cibernautas mexicanos. El llamado de alerta no puede ser menor.

Ciertamente que al PRI, partido gobernante en Nuevo León y que encabeza el gobierno nacional, nunca le han gustado las redes sociales, en donde no se mueve eficazmente. Llegó tarde a ellas y mal; cada vez que el presidente Peña Nieto o los priistas asoman la cabeza por ellas, los vapulean ciudadanos que antes que ellos, son diestros en el manejo del mensaje y de la imagen, de la oportunidad y el objetivo, de forma que el priismo ahora censor, siempre ha estado incómodo en ellas. Ha procurado colocar en ellas a corifeos que aplauden como focas al PRI y a Peña Nieto y lo único que han conseguido es mancillarlo más y demostrar su torpeza supina. Puede usted entender porqué no les gustan las redes sociales. Ahora sin delimitar el alcance de la ley, el atropello contra el ciudadano está servido si lo basamos a intenciones y a conveniencias de políticos, tal y como se pretende. La medida es grave y atenta contra la más elemental libertad de expresión. El PRI se valió de otros partidos para obtener esa aprobación, pero desde su campaña en 2012 dio muestras de avanzar en esa dirección, debilitando las redes sociales. Ya se ve que prosigue.
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