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El Gobierno británico ante la independencia de Escocia

Juan José Solozábal
martes 04 de junio de 2013, 20:11h
Como pueden comprender sigo con gran interés las vicisitudes del referendum sobre la independencia de Escocia que ha de tener lugar en 2014. La celebración de este referéndum es la consecuencia de la voluntad del Gobierno de Escocia que surgió tras las elecciones de 2011, de acuerdo con el programa del Scottish National Party que ganó dichos comicios con mayoría absoluta.

El Gobierno del Reino Unido delegó en el Parlamento de Escocia los poderes para organizar la consulta, dando así su apoyo a la celebración de un referéndum sobre la independencia que ha de ser “legal, fair and decisive”, esto es legal, limpio y decisorio o vinculante. Esto es lo primero que debe anotarse en relación con el proceso actualmente en curso en Escocia. El Gobierno del Reino Unido acepta el derecho de uno de los territorios que integran el Estado británico a separarse, si tal es su voluntad, y a hacerlo como consecuencia del ejercicio de su derecho de autodeterminación mediante referéndum. Conviene anotar que tal derecho de autodeterminación que hasta este momento el Reino Unido había admitido sólo en relación con sus colonias se aplicará en el seno de la misma metrópoli.

Es importante advertir que la consulta sobre la independencia no está impedida por ninguna disposición constitucional. De modo que podemos decir que la celebración del referéndum en el caso de Escocia no choca contra ninguna previsión directa o implícita constitucional al respecto, como ocurre en otros ordenamientos, notoriamente España, que residencia la soberanía en el conjunto del pueblo y proclama a la nación como “patria común e indivisible”. Como no podía ser de otra manera, cuando se trata en serio un problema serio, el referéndum ha de ser vinculante. No cabe en las cuestiones sobre soberanía un referéndum que no sea de soberanía. Otra cosa es eludir o quebrantar la Constitución, pues quien es destinatario de una pregunta sobre la soberanía, se convierte ya en soberano. Esto explica asimismo que entre nosotros no sea posible un referéndum de este tipo limitado territorialmente, pues solo la totalidad del pueblo español, y no una de sus fracciones integrantes, puede ser convocado a un referendum de soberanía, que necesariamente sería decisorio o vinculante.

Hay una segunda toma de postura del Gobierno del Reino Unido muy importante, que es su propósito de implicarse en el debate sobre la independencia. Para el Gobierno, que en este tema subraya su dimensión institucional, esto es, no partidista, el referéndum es una de las decisiones más importantes de la historia de Escocia y el Reino Unido. Por ello es esencial que en el debate correspondiente el pueblo de Escocia disponga de la información y los puntos de vista necesarios para adoptar su posición. Lo que ha determinado el Gobierno británico, que habló por boca del Secretario de Estado para Escocia el 20 de Junio de 2002, es ofrecer un análisis de los problemas claves en relación con el referéndum, sea la significación constitucional de la independencia, el futuro de la moneda o la posición del Banco de Inglaterra. Conviene recordar la calidad de estos informes o libros blancos que prepara el Gobierno o que encarga a la correspondiente comisión (así sobre materias constitucionales o de descentralización, respectivamente el informe Killbrandon, o el de Redcliffe-Maud o de la Comisión Richard, o más recientemente el memorándum sobre colaboración intergubernativa -Devolution Memorandum- de marzo de 2010).

Seguramente con premeditación y alevosía , y esta sería mi tercera observación, el Gobierno británico ha demorado su aportación al debate, su Scotland análisis : devolution and the implications of Scottish independence, a la publicación de un flojísimo alegato a favor de la independencia por parte del Gobierno escocés, Scotland`s Future: from the referendum to independence and a Written Constitution (con una presentación de dos esponjadas páginas de Nicola Sturgeon, Vice Primera Ministra de Escocia). Si la solvencia del proyecto independentista para Escocia se corresponde con la imagen que este opúsculo ofrece, las perspectivas para la independencia no pueden ser más pobres. Les aseguro que la calidad del paper escocés no le consentiría pasar a su autor el nivel mínimo en un curso de posgrado.

El informe se presenta como una demanda para Escocia de las oportunidades que solo ofrece la independencia, como situación natural de los países en todo el mundo y así ser quienes “queremos ser”, asegurando que el pueblo alcance “su potencial pleno”. A esta vaguedad de propósitos para el futuro Estado escocés se añade la importancia subrayada de un Constitución escrita, elaborada en una convención ad hoc, integrada por “el pueblo de Escocia, así como los políticos, organizaciones civiles, intereses empresariales, sindicatos “y otros” ”. Esta Constitución, solicitada con largas citas de Lincoln y MacCormick y que se acompaña con cuadros de presentacion de power point , referentes a la convención de Filadelfia, o los procesos de la reunificación alemana o la separación de Chequia y Eslovaquia, contrastará, dice el Informe, con la de Westminster, que es mayormente una Constitución no escrita y en la que el Parlamento “puede hacer todo, excepto limitar a sus sucesores”. Mucho espacio se dedica en el paper a señalar las tareas de una Plataforma constitucional para la independencia, que espero no haya inspirado ni siquiera en el nombre al Consejo catalán para la Transición Nacional, a la que se le señalan funciones, creo que orientadoras, en relación con las tareas del Parlamento escocés que salga tras la independencia en el 2016, y sobre cuya naturaleza y composición, he sido incapaz, lo confieso, de aclararme.

Con todo en el trasfondo del papel se señalan tres cuestiones sobre las que se precipitará el Informe constitucional del Gobierno británico (el Scotland analysis, mencionado al principio) sin piedad en una réplica sencillamente definitiva. Me refiero, primero, a la pretensión escocesa de que el Gobierno británico se avenga a pactar sobre la independencia antes del referéndum. En segundo lugar, a la consideración general del Gobierno escocés sobre la independencia como una fase más de la descentralización, y, en tercer término, a la idea de que Escocia será un Estado sucesor del Reino Unido y se colocará cómodamente en las instituciones internacionales y la Unión Europea, compartiendo plaza con el otro sucesor del antiguo Reino Unido, esto es, lo que quede de este tras la independencia de Escocia. Pero dejemos la consideración de estos argumentos en el papel del Gobierno británico para una próxima ocasión. Atentos, pues, como dice el maestro Miguel Angel Aguilar.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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