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Dos crisis y un solo Gobierno

Juan José Solozábal
martes 25 de junio de 2013, 20:09h
Me parece que sería un error pensar que la crisis en que nos encontramos, aunque tenga diversas manifestaciones, en el fondo sólo se debe a la situación económica, y que por tanto remitirá cuando mejore la coyuntura, propósito éste en el que se deben concentrar todos los esfuerzos. En tal situación y a tal efecto, asumirían algunos, es sumamente importante la estabilidad política, asegurada en función de una sólida mayoría parlamentaria, que hace posible una dirección política firme que no solo no conviene cuestionar o controlar, sino que hay que extender en su influencia, a otros ámbitos institucionales del Estado, que queden así al alcance del Gobierno. Según este punto de vista es lógico que el Ejecutivo limite su control por el Parlamento, por ejemplo abusando de la legislación mediante decretos leyes, y que , además, se plantee neutralizar, o procurar su ocupación con personas afines, en el caso de aquellos organismos, instancias o poderes de los que cupiera esperar discrepancia, u oposición a la línea política gubernamental, como ha podido ocurrir en la renovación del Tribunal Constitucional, especialmente en relación con uno de los nombrados a propuesta del Ejecutivo.

Desde luego considero que la crisis económica que hemos de afrontar resulta abordable en mejores condiciones con un Gobierno estable, de manera que la inestabilidad política, como pueden mostrar los ejemplos griego o italiano, es un factor que subraya y agrava las dificultades económicas. Es muy positivo entonces, desde mi punto de vista, que el Gobierno disponga del suficiente apoyo parlamentario para llevar a cabo con todas las facultades que requiera la dirección de la política económica del Estado. Y refuerza la credibilidad del Gobierno español ante las instancias europeas, sin duda alguna, su capacidad para asumir y llevar a efecto las medidas que las autoridades comunitarias consideran imprescindibles para que España supere la actual situación. Otra cosa es que se esté de acuerdo con el tratamiento comunitario de la crisis, escorado en la dirección de la contención y descuidando la intervención publica sobre la contracción, o con la alineación demasiado obediente del Gobierno en el tablero europeo, o con la conducción concreta de su posición estratégica en el mismo.

En lo que no puede acompañarse al Gobierno es en su ignorancia de que esta crisis económica coincide con una crisis más amplia, que tiene que ver con la incapacidad del sistema en la coyuntura económica, pero también en el mismo grado o aún en un grado mayor, con el comportamiento de un grupo considerable de agentes políticos, que son representativos del sistema aunque no preponderen en él, y a los que en cualquier caso ante las tropelías que han cometido no se ha respondido adecuadamente o de manera eficaz. No pretendo aquí analizar la respuesta del Gobierno ante la corrupción, que sin duda los ciudadanos consideran escasa o falta de convicción. Puede aceptarse en cualquier caso que el tratamiento del Gobierno al respecto no es el adecuado o no es lo suficientemente adecuado, aunque reconozcamos que algún valor tiene su objeción de que la corrupción es un asunto en que hay que remitirse a los tribunales que son los que conocen en términos penales de la cuestión.

Lo que quiero resaltar es que los dos planos de la crisis, el económico y, si se quiere verlo así, dada su generalidad, el moral o político, se implican mutuamente. Y en concreto me gustaría llegar a la conclusión de que en un contexto de la gravedad total como el que vivimos el Gobierno debe de cuidar especialmente su comportamiento institucional, ateniéndose escrupulosamente a su posición constitucional y actuando con una responsabilidad extrema. En ese sentido no es de recibo ninguna conducta exorbitante del Ejecutivo, que le lleve a la prepotencia o la ignorancia de sus límites. Esto significa sobre todo atenimiento a la división de poderes, como cifra imprescindible del sistema constitucional, o, lo que es lo mismo, respeto al equilibrio institucional entre las diversas ramas del Estado, que se exige antes que a nadie al Gobierno.

Al Gobierno como órgano del Estado le corresponde la tarea de la dirección política, que no se agota en el cumplimiento de las previsiones electorales de un partido, pues comporta la atención a los intereses de todos los ciudadanos por encima de su concreta adscripción política, para lo que puede ser conveniente integrar determinados planteamientos o demandas en las posiciones políticas partidistas propias. Por supuesto la dimensión parlamentaria de nuestra forma política le impide al Gobierno sustraerse a un control efectivo del Parlamento, limitando a este órgano a una tarea de mera confirmación, convirtiéndole en simple altavoz de su actuación.

Y sobre todo la actuación del Gobierno no debe pretender extender su longa manus sobre ramas o poderes del Estado que quedan anulados si pierden su independencia y su dignidad institucional, con un efecto irrecuperable para la eficacia y legitimidad del edificio constitucional en su totalidad.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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