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¿Hay caso Pérez de los Cobos?

Juan José Solozábal
martes 23 de julio de 2013, 20:51h
En términos jurídicos, parece no haber materia para hablar de un caso Pérez de los Cobos, pues el propio Tribunal Constitucional ha aclarado que la incompatibilidad de los magistrados no la establece sino su propia ley orgánica que no determina la prohibición de militancia de los mismos en los partidos políticos, sino solo la dirigencia en ellos. La discordancia al respecto entre la situación de los jueces y magistrados de la Jurisdicción ordinaria, que tienen vedada su militancia política constitucionalmente, y la de los miembros del Tribunal Constitucional, que acabo de referir, es objeto para algunos de gran escándalo, aduciendo razones sobre todo éticas que no sé si son tan justificadas como pretenden. Como ha señalado en un artículo impecable el profesor González Casanova si el "caso" actual no ha acabado como debía, esto es, con una rectificación de quien se equivocó presentando como infracción jurídica grave, lo que estaba amparado por la ley, ha sido por el descrédito en que se encuentran los partidos políticos, cuya militancia tañe inevitablemente de parcialidad e incluso corrupción a sus miembros.

Sin embargo las cosas son algo más complejas y resulta que, en principio, el sistema de justicia constitucional se construye en los ordenamientos que lo asumen, como es el caso de España, con una actitud más proclive a los partidos políticos que a los propios jueces. De hecho sin la base de los partidos políticos, correctamente entendida, y una actitud de desconfianza respecto de los jueces, asumida también de modo razonable, no se explica la Justicia Constitucional.

Efectivamente el Tribunal Constitucional es un verdadero tribunal, esto es, ejerce con la fuerza del Estado la función jurisdiccional, resolviendo los conflictos de los que conoce, en términos exclusivamente jurídicos y de manera independiente, pero sin formar parte del poder judicial. La Jurisdicción Constitucional es una jurisdicción especial, no solo por la norma jurídica llamada a aplicar con la máxima autoridad, esto es, la Constitución de la que es el intérprete supremo, sino porque el Tribunal Constitucional no se integra en la organización judicial ordinaria. Así, los miembros del Tribunal Constitucional no son funcionarios del cuerpo judicial y no acceden a su puesto siguiendo las reglas de la progresión de su carrera sino en virtud de nombramiento, a propuesta ,salvo en el caso del Consejo del Poder Judicial, de los órganos políticos correspondientes.

La garantía de la observancia de la Constitución, esto es, su defensa última, como tarea específica y primordial en el ordenamiento, no se ha querido encomendar a los jueces ordinarios en nuestro sistema político, como ocurre por otra parte asimismo en bastantes de los demás sistemas constitucionales. Y ello por dos razones. Primero, porque se entiende que la interpretación constitucional, como norma cargada de valores, es una labor que se distingue de la función meramente aplicativa que se lleva a cabo por los jueces ordinarios. Aunque hoy en las sociedades de nuestros días hacer justicia en relación con la legalidad ordinaria no sea nada fácil, todavía es más complicado aplicar la Constitución, que a pesar de su textura abierta es verdadera norma, derecho efectivo. Y, en segundo lugar, porque se duda de la lealtad constitucional de los jueces. A algunos esta suspicacia con los jueces puede parecerles inapropiada: pueden pensar que actuando así se ignora el principio de separación de poderes, como vértebra insustituible del Estado de Derecho, al considerar que la determinación política en la elección de los integrantes del máximo Tribunal infringe la independencia de uno de los poderes del Estado.

Los sistemas constitucionales, podríamos replicar, no se elaboran aplicando mecánicamente fórmulas doctrinales, como puros ejercicios de ingeniería constitucional, sino que han de tener en cuenta experiencias históricas o consideraciones no sólo fundadas en la teoría sino en la prudencia. Cuando hablamos de derecho constitucional, el criterio a utilizar no es simplemente el sentido común, sino algo más difícil o refinado, una cierta, como dijo el juez Coke, "artificial reason". En Italia tras la guerra se dejó la guarda de la Constitución a la jurisdicción ordinaria y el resultado fue que la mayoría de los jueces pensaron que la legislación fascista se adecuaba perfectamente a la Constitución. Naturalmente hubo que a atribuir al Tribunal Constitucional la posibilidad de declarar inconstitucionales, y por tanto derogadas, la leyes del antiguo régimen contrarias a la Constitución de 1947.

Claro que la intervención política en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, como mejor forma de determinar la lealtad constitucional de los garantes de la Norma Fundamental, no se establece sin exigencias que es necesario observar escrupulosamente y que no pueden ser objeto de torcimiento interpretativo. Como se sabe, las mayorías que se piden en el Congreso y el Senado para acordar los nombramientos del Tribunal Constitucional, son cualificadas. Ello debe llevar a la presentación conjunta de candidatos y no al reparto según cuotas entre los grupos parlamentarios proponentes, para que quienes ocupen el cargo de magistrados no sean personas de obediencia política alguna, sino juristas equidistantes o situados sobre la disputa política. Pero la independencia e imparcialidad en el desempeño del cargo de magistrado, que la Norma Fundamental enfatiza, no resultan tanto de su procedencia, o su pasado, como de su lealtad y dedicación a la institución de la que forma parte en el futuro. Mejor, entonces, esperar a ver lo que hace el nuevo Tribunal y exigir , si es el caso, que todos sus miembros, comenzando por su Presidente, actúen en el ejercicio de sus funciones con la imparcialidad e independencia que deben en el desempeño de su tarea de cumplir y hacer cumplir la Constitución, diciendo lo que esta realmente significa.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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