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Gibraltar, de nuevo

Javier Rupérez
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jruperezelimparciales/9/1/9/21
martes 06 de agosto de 2013, 20:14h
Es Belice el ejemplo que los británicos tienen en la cabeza cuando piensan en Gibraltar. Es decir, la situación de un territorio colonial en donde la lenta y persistente acción de la potencia administradora aliada a la desidia, la incapacidad o la torpeza del país que detentaba la propiedad originaria del lugar termina por convertir la independencia del enclave en ocurrencia inevitable. Hay que reconocer a la Gran Bretaña, en tiempos ya lejanos de su grandeza imperial, la suprema habilidad que todavía retiene para convertir en provecho propio situaciones que en otras circunstancias no soportarían tratamiento tan doloso. Y que solo admite en contrario una manifestación contundente de voluntad y poderío. Como ocurrió con la devolución a China de Hong Kong. Pero estábamos hablando de Gibraltar.

Los británicos han querido manejar a su antojo los perfiles jurídico internacionales de la disputada Roca y en gran parte lo han conseguido: de una cesión consecuencia de una victoria guerrera, en condiciones que pronto olvidaron, a un territorito no autónomo como “Crown Colony” tras la Segunda Guerra Mundial, cuando les convenía afirmar el carácter militar del lugar, a una aparente voluntad de conceder a los lugareños el control del sitio, a una contemporánea muestra de integrarlo sin limitaciones en la soberanía de (la pérfida) Albión. Esa deriva indisimulada hacia la total e indebida apropiación del inhóspito y estratégico lugar, que tiene siempre hitos de necesaria recordación en las ocupaciones territoriales y ampliaciones marítimas nunca contempladas en el documento originario de cesión, tiene todavía algunas barreras. La primera, naturalmente, el propio Tratado de Utrecht. Y la segunda las decisiones de las Naciones Unidas al calificar a Gibraltar de colonia, al recomendar que su descolonización tenga lugar a través de negociaciones entre España y Gran Bretaña y que ello se haga teniendo primordialmente en cuenta el principio de la integridad territorial de los Estados. Es decir, de España. Sin que ello obvie, siempre según las Naciones Unidas, que en el curso del proceso deban ser tenidos en cuenta los intereses, y no los deseos, de los habitantes de Gibraltar. Bueno es recordarlo, dado que los británicos han tenido siempre una visión utilitarista y frecuentemente “pro domo sua” del Derecho Internacional y de sus mandatos.

Aunque solo sea por un prurito de formalidad procesal, España debe evitar por todos los medios que el olvido o la indolencia conduzcan al decaimiento de nuestros derechos. Y aunque solo sea por ello, es digna de reconocimiento le decisión del Gobierno español de reforzar los controles fronterizos entre España y la colonia ante las manifiestas ilegalidades en que estaban deslizándose las autoridades gibraltareñas. Seguramente con el conocimiento y la complacencia de las británicas. No son nuevas esas ilegalidades, es cierto, y desgraciadamente abundantes las torpezas con que el Gobierno español las consintió entre 2004 y 2011. Que deben sumarse a la igualmente incomprensible decisión de reabrir la verja en 1982, cuando su cierre había resultado ser la única y significativa medida de presión que España había sabido arbitrar desde que en 1713 se viera forzada a la cesión del territorio a la Corona inglesa. Pero, en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Y que los británicos no son inmunes a la realidad lo demuestra el hecho de que entre 1977 y 1982 los Gobiernos españoles, aun con la verja cerrada, habían comenzado una negociación que, situada en el marco de la nueva España democrática y atlántica, prometía adelantos importantes en la debatida cuestión.

Pero persistencia de los unos y desidia de los otros han llevado al Gibraltar actual, emporio de la oscuridad, paraíso de rufianes, encrucijada de transacciones dudosas, cielo de ausencia fiscal donde los haya, agujero negro de ganancias donde el fraude y la violencia se encuentran en dosis iguales. Y también, gran paradoja, centro atractivo de reclutamiento para la mano de obra española que, sometida a dosis intolerables de paro, acude diariamente a la colonia en búsqueda de sustento. Ha sido en este caso la colonia la que ha colonizado el entorno, y no al revés. El Gobierno, en la razón que le asiste para recordar a gibraltareños y británicos los límites de sus derechos y el alcance de los nuestros, no podrá por menos que tener en cuenta esa delicada situación , para no dañar por igual a los habitantes de la Roca que hasta ahora y prácticamente sin limitaciones gozaban de las delicias que les otorgaba pernoctar en la Roca y jugar al golf en Sotogrande y a los originarios del Campo circundante, que por el momento tienen su ganapán en la floreciente Roca de los casinos, los monos, los “bobbies” que hablan español con acento gaditano y los submarinos nucleares –y también de los españoles que defraudan a su propio fisco adquiriendo la gasolina a bajo precio que allí mismo sitúan empresas también españolas, o que buscan sobresueldos en la importación ilegal de cigarrillos en cantidades industriales-. Seguramente el Gobierno español tiene en cuenta todos esos aspectos a la hora de dar la imprescindible continuidad a un gesto que solo debería tener una salida y un objetivo: el retorno de Gibraltar a la soberanía española.

Tema esta como se comprenderá harto complejo, que debería comprometer por igual a este y sucesivos gobiernos, partidos políticos sin excepción, centrales sindicales y ciudadanía en general. Para unos se tratará de una reclamación nacional y por ende no necesariamente compartida, en ceguera tan habitual en este baqueteado país nuestro. Para todos, si la razón prevaleciera, se trata de velar por los intereses colectivos de una comunidad, la española, permanentemente agredida por la existencia de un enclave colonial sobre el que carecemos de control y del que recibimos constantemente agresiones a nuestros intereses y derechos.

Y seguramente también el Gobierno de la nación sabrá modular sus declaraciones y buscar sus apoyos en un tema en el que sobran los gritos y nunca están de sobra las complicidades exteriores. Lo primero porque no se trata aquí de emular a Tarzán en la selva ni convertirse en macho alfa de las relaciones internacionales sino de llevar cautamente a los británicos a la mesa de negociación: es esa una relación bilateral que interesa cuidar siempre y sobre todo en momentos en que no andamos sobrados de las andaderas precisas para caminar por el mundo con tranquilidad. Y las segundas, las complicidades, porque los británicos, siempre hábiles ellos, han sabido tejerlas secularmente con los distinguidos miembros del mundo atlántico angloparlante, con muchos de nuestros conmilitones en la Unión Europea y con ese difuso pero abundante universo comprendido en la Commonwealth. Desgraciadamente no está ese “curriculum” en el compendio de nuestros haberes.

Hace algún tiempo, unos cuantos meses, al aire de la ultima barrabasada gibraltareño-británica, publiqué en el ABC una Tercera que llevaba por título “¿Gibraltar español?”, convencido como estaba, y como estoy, que mucho trecho nos queda por recorrer antes de que caigan los signos de interrogación y sea realidad la proclamación resultante. Nada desearía más que la firmeza ahora mostrada por el Ejecutivo español abra el camino para conseguir esa mutación: la de contemplar a españoles y gibraltareños compartiendo los derechos y libertades de la España constitucional en el marco de una pacífica, progresiva y próspera Unión Europa.

Javier Rupérez
Embajador de España

Javier Rupérez

Embajador de España

JAVIER RUPÉREZ es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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