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De la corona y de Cataluña, por separado

Juan José Solozábal
martes 01 de octubre de 2013, 20:14h
Se me hacen por una agencia nacional de información dos preguntas acerca de sendas cuestiones de máxima actualidad. Desean saber lo que pienso, primero, sobre la conveniencia de aprobar una Ley de la Corona que ayude a despejar incertidumbres en relación, especialmente, con la situación jurídica del Príncipe de Asturias como sucesor del Rey. También se quiere saber mi criterio sobre la conveniencia de una reforma de la Constitución para facilitar el acomodo político catalán en España. Esto es lo que vine a decir en sustancia.

1 - En general tiendo a no compartir la idea, algo extendida entre nosotros, de la falta de cobertura jurídica de la Corona, teniendo en cuenta que se trata de una institución que desempeña sobre todo funciones simbólicas y de poco alcance efectivo, aunque de indudable trascendencia política o, si se quiere, moral. El Titulo II de la Constitución, dedicado a la Corona, es, comparativamente en relación con otros ordenamientos, bastante explícito, y detallado. Así por ejemplo, en otras constituciones falta la definición expresa que tenemos en la nuestra, nada menos que en su artículo 1º, de la monarquía como régimen parlamentario. Sabido es, con todo, que la Corona es una institución de fuerte componente histórico y por ello le corresponde un importante papel a la costumbre en su configuración jurídica efectiva.

Por lo que se refiere a las personas de la familia real, la parquedad constitucional, tiene el sentido evidente de aplicar a las mismas, en principio, el mismo derecho ordinario al que están sujetos todos los ciudadanos. Algún reciente episodio, todavía desgraciadamente no cerrado, y que está en la mente de todos, da la razón a la actitud del constituyente. Con todo, no faltan apuntes reguladores de interés en el ordenamiento constitucional, en sentido lato, como el que suministra la ineligibilidad de la familia real que se establece en el art. 6 de la LOREG, que se corresponde con la neutralidad obligada de la misma, o las especificaciones protocolarias esparcidas en varias normas y que son, como resulta obvio, muy significativas. El protocolo, u ordo ceremonial, es la expresión patente del rango, esté o no acompañado de potestas concreta, en el Estado.

Conviene también apuntar que, contra lo que suele señalarse, el legislador cuya pereza o desidia en este terreno, se suele exagerar, no ha incumplido ningún mandato constitucional, que solo le obliga a actuar, en relación con las abdicaciones, renuncias y el reconocimiento de la inhabilitación, ad casum, pero no en términos generales. La previsión constitucional en los supuestos a que me acabo de referir remite a una intervención de las Cortes por ley, reconocida expresa-en el caso de las abdicaciones y renuncias- o implícitamente- en el caso de la inhabilitación-, y no en virtud o de acuerdo con una ley.

Naturalmente puede pensarse en una Ley de las Cortes, de naturaleza necesariamente orgánica, que desarrolle el Título II de la Ley Suprema (De la Corona), pero obviamente sin contrariar la Constitución, y reducida escrupulosamente a cumplimentar sus previsiones, teniendo especial cuidado en no completar o prolongar una regulación que podría invadir el terreno de la Ley Fundamental. Seguramente esa nueva Ley de la Corona, en la que cabría algún precepto referido al príncipe heredero, puede extender , pensando en el caso del monarca, el régimen civil sobre las inhabilitaciones y renuncias, cuya única especificación obligada por la Constitución es su formalización en las Cortes mediante ley orgánica. Creo que tendría sentido el contemplar el supuesto de ejercicio de las competencias del Jefe del Estado temporalmente por el regente (ahora el llamado a la regencia es el Príncipe de Asturias), mediante delegación, acreditada también necesariamente ante las Cortes, quizás mediante una ley promovida a iniciativa del mayor número posible de grupos parlamentarios.

Esta delegación temporal de las funciones del Jefe del Estado se contempla en el Reino Unido, para casos de enfermedad y ausencia, en la Regency Act de 1937. Pensando en nuestra actual situación parece más sensato recurrir a este expediente de la delegación temporal, que a la inhabilitación, que conllevaría la proclamación de la Regencia, aunque fuese con carácter de provisional. Hace todavía más desaconsejable el recurso a la inhabilitación, el que, por fortuna, en estos momentos la disminución del monarca sea exclusivamente física y sólo parcial. Repárese, por tanto, que estamos hablando de una delegación temporal explícita y limitada del Jefe del Estado, más allá de la actuación de representación ordinaria que, por convención constitucional, en diversos supuestos, ha venido desempeñando sin problema alguno, antes bien con notorio éxito, el Príncipe de Asturias.

2-Parece evidente que la crisis actual catalana, con independencia de su tratamiento concreto en estos momentos, en los que se presenta muy agudamente, a medio plazo exige una respuesta constitucional explícita. Como tal solución, debe ser objeto de consenso político y también territorial, y siempre a partir de los mismos mecanismos de reforma previstos en la Norma Fundamental. Obviamente es bastante difícil avanzar en este sentido, pues las posiciones entre las diversas fuerzas son muy dispares, y no existe voluntad de alcanzar consenso alguno en la cuestión. Por el contario, este tema se usa continuamente como arma arrojadiza de unos contra otras. Sin duda, debe serenarse el clima para abordar, quizás con la base de un informe o libro blanco, este tema del encaje de Cataluña en el sistema constitucional español.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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