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RAJOY, FERNÁNDEZ, GALLARDÓN: CONTROLAR LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

lunes 21 de octubre de 2013, 13:49h
Ha pasado lo que tenía que pasar. El principio de irretroactividad forma parte de la realidad jurídica de los países libres y se subraya en nuestra Constitución (artículo 9.3). En 1995 se reformó el Código Penal, previendo que no vuelva a ocurrir lo que ahora ha ocurrido. Los terroristas que se beneficiarán de la liquidación de la doctrina Parot son los que cometieron sus delitos con anterioridad a esa fecha de 1995.

No se trata de llorar sobre la leche derramada. Hay que excarcelar a la etarra asesina y contar con que se producirá el chaparrón de los recursos de terroristas que permanecen en la cárcel afectados por la doctrina Parot. Existe, sin embargo, una fórmula para retenerles hasta que cumplan sus penas completas o casi completas: revisar las reducciones de las que se han beneficiado y que en muchos casos han sido producto de la camelancia, de la lenidad o del miedo de quienes tenían que aplicarlas.

El Gobierno puede y debe denunciar las posibles irregularidades en este sentido y que decidan las autoridades penitenciarias y, en su caso, los jueces. Porque así lo estableció la voluntad general de los españoles, nadie, ni el peor asesino, debe permanecer más de 30 años en la cárcel. La reducción de penas por estudios, asistencias, trabajos, redacción de libros, etc. son otra cosa. A los etarras que se beneficien ahora de la liquidación de la doctrina Parot se les pueden revisar los beneficios obtenidos por si se hubieran producido trampas o engaños. Tanto Mariano Rajoy, como Jorge Fernández, como Alberto Ruiz-Gallardón, están en la obligación moral de hacer lo posible para que no se extienda la alarma social que se ha creado en España.




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