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Crónica de América

Sindicalistas contra la reforma educativa en México: un empate eterno

miércoles 23 de octubre de 2013, 21:26h
El litigio de los profesionales de la enseñanza contra las reformas lideradas por el presidente Peña Nieto se alarga inquietantemente en México, y parece haber entrado en una fase de empate eterno. Una situación peligrosa para los planes de la actual presidencia, ya que la prolongada rebelión de los maestros se ha convertido en la punta de lanza de la izquierda mexicana para quebrar las reformas estructurales que se habían pactado para un despegue económico del país.
La agitación en el ámbito educativo ha sido muy virulenta en distintos países hispanoamericanos. Los informativos nos han mostrado imágenes de fuerte sacudida estudiantil en naciones que habían adoptado reformas liberales, como pudieran ser los casos de Chile o de Colombia. El conflicto en México posee, sin embargo, características singulares que ponen sobre el tablero importantes riesgos para la región. La primera y más obvia singularidad es que no nos hallamos ante una revuelta estudiantil, sino ante una insubordinación del profesorado en las escalas educativas previas a la universidad. Tampoco se ha tratado de una simple huelga, sino de una rebelión organizada que ha desembocado en actos de violencia que no cabría esperar entre profesionales de la educación.

Los hechos han sido muy elocuentes y han seguido una escalada inexorable. Las primeras protestas comenzaron a principios de este año 2013 impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Lo que parecía un simple malestar ante una nueva ley educativa que podría resolverse mediante una negociación entre sindicatos, partidos y Gobierno, se transformó en un movimiento masivo que mostró toda su furia el pasado 1 de mayo, cuando miles de profesores marcharon a la capital mexicana para protagonizar duros enfrentamientos el Día del Trabajo e instalar campamentos de forma indefinida en el Zócalo, en México DF. Tras la visita de Barak Obama, que pareció apaciguar la confrontación con las fuerzas de seguridad, los hostigamientos rebrotaron con energía en agosto y septiembre.

Los maestros coordinados por la CNTE protestaron ante la embajada de Estados Unidos y llevaron a cabo actos vandálicos en el asalto al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde provocaron destrozos por millones de pesos. Uno de los dirigentes de la CNTE proclamó por entonces: “¡Esto apenas inicia!” En las declaraciones a la prensa exhortaba así a la población, que empezaba a impacientarse ante los conatos de pillaje: “¡Nos obligan a tomar este tipo de medidas para ser atendidos, escuchados! Hay que hacer uso de la protesta, de la movilización, de la confrontación.

En septiembre los maestros bloquearon las carreteras de acceso a la capital, siguiendo las pautas de los campesinos colombianos, quienes, en su reciente movilización, cortaron la entrada de suministros a grandes ciudades del país. En el trascurso de octubre los choques con la Policía no han disminuido. A finales de este mes, las autoridades han enviado cientos de órdenes de detención contra maestros implicados en los bloqueos de las vías de comunicación y la CNTE se apresta a impedir su aplicación. El pulso se eterniza como en una pesadilla.

Una singularidad más propia de esta querella sobre la educación en México estriba en que las enconadas movilizaciones no se están realizando contra proyectos gubernamentales, sino contra leyes que acaban de entrar en vigor después de un acuerdo entre un amplio espectro de partidos y que se aprobó tras pasar los trámites de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, incluyendo una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo Federal en febrero de este año, un prolongado proceso que requirió alianzas largamente pactadas, y durante el cual no se dejó sentir ningún tipo de protesta. ¿Por qué ahora sí?

La transformación del sistema educativo ha sido una reforma constitucional nacida de los convenios del “Pacto por México”, promovido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con el consenso de los grandes partidos mexicanos, el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Revolucionario Demócrata (PRD). El propósito de este compromiso de amplio espectro político era sacar la educación de México de la postración que reflejaban informes internacionales como PISA. Para ello se decidió que el Estado Federal recobrase el control último de la pedagogía e instaurase un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este organismo, autónomo del Gobierno, se encargará de someter a evaluaciones periódicas a profesores, directores de escuela, asesores y supervisores, para saber si alcanzan unos estándares mínimos de calidad y decidir si prosiguen o no en sus puestos. A través del nuevo sistema se estipula que solo se puede acceder a las plazas docentes de la educación pública a través de oposiciones.

Esto entra en una confrontación radical con las prácticas establecidas donde plazas del profesorado podían heredarse o comprarse, o estar gestionadas con acciones de índole mafiosa por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que sitúa como profesores solo a doctrinarios que comulguen con sus premisas de ultraizquierda al margen de su profesionalidad pedagógica. Un orden caótico y picaresco que impide a la Administración mexicana conocer a ciencia cierta el número real de escuelas y docentes en el conjunto del país.

La reforma constitucional que permitiría racionalizar y profesionalizar todo el sistema pedagógico, es también la reforma que puede herir de muerte las corruptelas heredadas generación tras generación y arrancar la educación del control sindical e ideológico de la CNTE, quien articula y mantiene el largo pulso violento contra la Administración sin que se aclare definitivamente de dónde procede la financiación para sostener una protesta tan amplia y de tan larga duración.

El apoyo inicial de la izquierda, a través del Partido Revolucionario Demócrata (PRD), al cambio constitucional, hizo posible que la ley cumpliese todos los requisitos y cursase todos los trámites hasta promulgarse a principios de año. Pero la lucha interna en el PRD ha dado un vuelco a la situación, cuando varios de sus líderes como Cuahtécnoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador, han decidido retirar su respaldo a las profundas reformas del presidente Peña Nieto en el campo energético -se abre una gran batalla sobre el petróleo mexicano- y la estructura de Hacienda. Después de haber votado en todas las instituciones la reforma de la educación, la izquierda aglutinada en torno al PRD apoya al movimiento huelguístico y reivindicativo de los maestros para que se derogue, pocos meses después de haber entrado en vigor con la aquiescencia de todos.

Un contrasentido desconcertante y profundamente dañino que no se entiende sin tener presente el cambio de alianzas a gran escala. En este punto, respaldar a la resentida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que actúe con el máximo encono en el límite de perder todas sus prerrogativas, es un modo de crear una punta de lanza contra la presidencia que sirva de preámbulo a una resistencia contra las restantes reformas de calado que aún no han superado los trámites para entrar en vigor.

A corto plazo, la transformación de la hacienda pública y la gestión de la energía pueden dar un gran impulso económico a México. Pero está en lo cierto el presidente Peña Nieto en que a largo plazo ese crecimiento no se sostendrá ni eliminará las enormes bolsas de pobreza si no hay una modificación, desde la base, de la educación pública. Es una cuestión crucial para la nación que no puede seguir al azar de la corrupción y de un inoperante caos. La ley aprobada era la mejor herramienta para cambiar este estado de cosas. Sin duda, resulta muy difícil que el movimiento sindicalista logre dar marcha atrás a una reforma constitucional ya refrendada. Pero si no puede derogarla la puede desvirtuar en su aplicación, mantener la letra y matar su espíritu, convertirla en papel mojado donde los propósitos que quiere alcanzar no se cumplan y se perpetúe solapadamente la actual situación.

Los partidos que aún apoyan el “Pacto por México” deberían redoblar sus esfuerzos para que esto no suceda, superar el actual “empate eterno” y conseguir que las transformaciones pedagógicas no se queden en una ley sino que sean una realidad en las escuelas de todo el país. El futuro brillante de México que se perfila en el horizonte del siglo XXI depende en buena parte de esto.