www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

Con Ramón Jáuregui en la facultad

Juan José Solozábal
martes 11 de febrero de 2014, 20:11h
Les digo a los asistentes al coloquio que ha organizado la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma que yo no puedo debatir, como se espera, sobre la reforma federal con Ramón Jáuregui, sino conversar, pues mi coincidencia con él no deja demasiado espacio a la discrepancia o el enfrentamiento. Siempre me he encontrado con Ramón en los mismos charcos ideológicos, así su idea sobre el bastidor del nacionalismo y el socialismo en el País Vasco o su apuesta por el posnacionalismo como futuro de Euskadi. Nunca en la contienda política le he visto derrapar en la descalificación o la exageración y por eso, además de la solidez de su experiencia, le considero un valor imprescindible del socialismo español. Ramón creo que no estuvo en la fundación de Cuadernos de Alzate, pero sé muy bien que en él la revista tiene un valedor incondicional. Ramón tampoco puede presumir de ser del mismo San Sebastián, y algo le queda de la sorna de la provincia, pues nació en Herrera, que es un barrio a medio camino entre Alza-Inchaurrondo, que fue donde viví yo al llegar de Ollauri de niño, y Pasajes donde pasé buena parte de mi mocedad.

Coincido totalmente en las consideraciones que Jáuregui hace sobre Cataluña y le apunto dos logros indudables de los soberanistas. Son estos. En primer lugar, han conseguido centrar el debate en el cómo de la independencia, esto es, las vías a su disposición para la consecución de la misma, hurtando responder a lo verdaderamente sustancial que es el por qué de la separación, esto es, su justificación o conveniencia. Debemos reponer la discusión en su plano lógico.¿Qué motivos hay para entrar en un proceso que inexorablemente lleva al debilitamiento tanto de Cataluña como de España? ¿Qué situación de descuido o maltrato puede alegarse para ejercer el derecho a irse de una relación que ha durado tantos siglos, precisamente cuando el desarrollo del autogobierno en Cataluña es pleno y quedan abiertas las vías de su expansión y mejora?.

En segundo lugar, los soberanistas han impuesto un relato sobre el significado de la Sentencia del Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña, supuesto exponente y momento crucial del agravio sufrido por Cataluña, que no puede ser más discutible. La Sentencia habría incurrido en juicios de valor descalificatorios, perfectamente prescindibles en un documento jurídico, y habría infligido un trato discriminatorio a Cataluña, puesto que el pronunciamiento jurisdiccional rechazaría determinado contenido, consistente especialmente en el capítulo de derechos, que en cambio albergan buena parte de otros estatutos que no se han llevado ante el Tribunal. Por supuesto la discrepancia nacionalista con la Sentencia llega más allá y atañe a la legitimación y legitimidad del Tribunal para controlar una propuesta estatutaria avalada por el electorado catalán, pero los dos argumentos a que me refiero suelen ser subrayados insistentemente, contando además con que alguna parte del socialismo español los asume, como dejó ver el propio Felipe González en su reciente debate con el presidente Mas.

Por el contrario, afirmo que la parte de la Sentencia atinente a los planteamientos simbólicos del Estatuto es contenida y respetuosa con el tratamiento autonómico de los mismos pues en realidad el pronunciamiento del Tribunal se limita a reafirmar la condición soberana de la nación española, algo por lo demás obvio. Por otra parte, este contenido de la Sentencia era difícilmente evitable, si se tiene en cuenta la necesidad de que el Tribunal observe en su actuación el principio de la congruencia que le obliga a pronunciarse sobre las pretensiones de los recurrentes, que en este caso habían denunciado la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Estatuto sobre dichas materias identitarias.

La atribución al Tribunal de un trato discriminatorio a Cataluña por haber anulado determinado contenido estatutario que sí se permitiría en otros casos tampoco, a mi juicio, es afortunada. Se comprenderá, en primer lugar, que no se puede atribuir intención discriminatoria al Tribunal, cuando este se limita a pronunciarse sobre determinadas infracciones constitucionales que le son alegadas en un proceso concreto. Esos efectos denunciados van más allá del campo de actuación del Tribunal que solo puede anular las inconstitucionalidades que le son planteadas: abierta queda la vía de su denuncia ante el Tribunal para quienes aprecien situación de desigualdad inconstitucional. Pero es que además no es cierto que tras la Sentencia (STC 31/2010) el acervo competencial de la Generalitat quede malparado en relación con otros estatutos de autonomía. Esto habría sin duda ocurrido si las pretensiones de los recurrentes hubiesen prosperado, pues en efecto, inconsistentemente, denunciaron quiebras de inconstitucionalidad en el Estatuto catalán que no observaron en otros estatutos de autonomía. Pero lo que ocurrió es que el Tribunal no estimó esas denuncias de inconstitucionalidad y por tanto no procedió a la anulación de los preceptos que hubiesen causado tales vulneraciones de la Norma Fundamental. Repitámoslo una vez más : salvo algún matiz las cláusulas estatutarias, prescriptivas o competenciales, salieron indemnes tras la comprobación del Tribunal. La Sentencia lo único que hizo es advertir, lo cual no puede ser más obvio, aunque no siempre recordar lo obvio es innecesario, que las competencias estatutarias autonómicas no empecían a las atribuciones del Estado de título constitucional. De modo que no es cierto que el Estatuto catalán quedase restringido o limitado, mucho menos laminado, tras la Sentencia. Lo único que hizo el Tribunal es resituarlo correctamente en el orden constitucional en el que necesariamente se inserta.

Ramón Jáuregui hizo también algunas observaciones sobre los paralelismos entre el caso catalán y el vasco, en relación con el soberanismo, que merecen asimismo algún apunte. Pero lo dejo para otro recuadro. Aquí me paro.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios