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Igualdad y pluralismo como principios constitucionales enfrentados

Juan José Solozábal
martes 04 de marzo de 2014, 20:14h
Francisco Rubio ha señalado en más de una ocasión que el problema constitucional más grave que tenemos actualmente es el de averiguar hasta donde llega en nuestro Estado autonómico el principio de igualdad. En efecto, nuestra forma política como cualquier otro sistema no puede prescindir de una cierta idea de la igualdad, y ello ya concibamos este principio desde el punto de vista individual o institucional. Desde la Revolución francesa la referencia estatal necesariamente es una comunidad de ciudadanos iguales en derechos, que no tolera la desigualdad jurídica personal, tenga esta un origen social, ligada a ordenes o clases, o se derive de la localización geográfica de los que pertenecen, por encima de su región o territorio, al mismo pueblo. También el Estado requiere de cierta homogeneidad institucional, que asegure al conjunto una mínima unidad y responda adecuadamente a determinadas demandas de racionalidad y eficacia de la organización política, exigibles en todo el ámbito del Estado. Nuestra democracia constitucional a través de diversos preceptos de la Norma Fundamental acoge este ideal igualitario, que, como digo, no puede faltar si se asume el principio de que a todos los ciudadanos les corresponde la misma dignidad o la condición de personas.

Lo que ocurre es que el alcance del principio de igualdad en una forma descentralizada como la nuestra no es el mismo que el que rige en un Estado centralista o unitario, pues ha de acomodarse a las exigencias de otro criterio estructurador del sistema político que es el pluralismo, especialmente en su versión territorial, lo que solemos llamar descentralización política o autonomía. La idea de compatibilizar principios, hablemos de criterios valorativos o referencias ideológicas, se suele entender con más facilidad en términos jurídicos que en el plano de la política o del pensamiento. Ocurre, de ordinario, que el jurista está profesionalmente acostumbrado a admitir la coexistencia de derechos o pautas aparentemente opuestos, aunque en un caso concreto se entienda que la pugna ha de resolverse a favor de uno de los extremos en conflicto. Quien no es jurista suele mostrarse más reacio a transigir o aceptar la idea de que los principios o derechos morales no están ordenados según un criterio jerárquico, trasunto de un orden axiológico evidente, por lo que concluyen sacrificando, según sus entendederas, el principio o deber moral inferior ante el superior.

Debemos alcanzar cierto acuerdo también en nuestro Estado autonómico entre las demandas de la igualdad y el pluralismo. Así habremos de renunciar, para empezar, a maximizar, o llevar a su desarrollo último, ambos principios. Acoger la igualdad en toda su potencialidad es negar el pluralismo, de manera que el sistema autonómico es incompatible con un entendimiento a ultranza de la igualdad. Si la descentralización política quiere decir capacidad de las Comunidades Autónomas para legislar, necesariamente los españoles tendrán diversos derechos según donde vivan, pues las leyes que los parlamentos autonómicos aprueban lo que hacen es establecer , dentro de su correspondiente jurisdicción territorial, derechos, así como imponer obligaciones, que como es obvio no rigen para el resto de los españoles. Como es natural asimismo si la descentralización significa autoorganización habrá que tolerar del mismo modo, que la configuración política pueda variar según los diferentes territorios. Así no tiene nada de extraño que la especificidad foral navarra y vasca adquiera modalidades institucionales, me refiero por ejemplo a la Juntas de los territorios históricos o a la figura del concierto o convenio, que son perfectamente asumibles en el sistema constitucional, pues sencillamente hubiese sido inconcebible que la descentralización democrática de la Constitución del 78 hubiese hecho tabla rasa del sistema de autogobierno, esto es el régimen foral, que, en parte, se conservó para Alava y Navarra , desvirtuado y sin garantía normativa del máximo rango, como es obvio, en el propio régimen del franquismo. Por cierto no está de más recordar, hoy que no suele haber referencia al Tribunal Constitucional que no sea descalificatoria, con formulación a la vez abusiva, pues este órgano no puede responder, y muchas veces ignorante, pues la omisión de la lectura de sus pronunciamientos no suele inhibir la censura, la refinada alusión por esta instancia jurisdiccional a la protección de la foralidad en nuestra Norma Fundamental. Según el alto Tribunal lo que la Constitución acoge es la imagen tradicional del autogobierno vasco y navarro, tanto en sus aspectos competenciales como organizativos, aunque “no todos y cada uno de los derechos que históricamente la hayan caracterizado”(STC 76/1988).

Lo que ocurre es que tampoco el pluralismo, como hemos visto sucede con la igualdad, puede regir sin límites en el sistema constitucional autonómico, si se quieren evitar los efectos centrífugos inherentes a tal principio, asegurando, antes bien, un mismo patrón organizativo y un mínimo de congruencia , consustanciales a toda forma federativa. Por tanto, si queremos que el Estado autonómico, conforme al rasero establecido por Heller, siga siendo una unidad política de acción, habrá que afirmar un mínimo de derechos para todos, esto es, construir un status jurídico compartido en torno a los mismos derechos fundamentales, y aceptar una organización institucional asumida por todas las Comunidades Autónomas.

¿Es compatible con esto la recepción constitucional de una singularidad para Cataluña? Sí, a mi juicio, siempre que no resulten alterados los principios de igualdad individual sustancial entre todos los ciudadanos españoles y la Generalitat asuma un marco común institucional de base en sus propias estructuras de autogobierno.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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