Homenaje al creador del consenso: Adolfo Suárez y los 12 días que cambiaron la tendencia de dos siglos (I)

7 de octubre de 1977, 11,15 horas de la mañana, Congreso de los Diputados. El Gobierno de Adolfo Suárez va a presentar un proyecto de ley ante la Cámara. Es la primera vez que se presenta una iniciativa legal ante los diputados elegidos el 15 de junio de ese año. Casi todo es nuevo en el viejo palacio de la Carrera de San Jerónimo: incluso el nombre, pues hace unos meses que se ha cambiado el rótulo de “Cortes Españolas” por el de “Congreso de los Diputados”.

El proyecto de ley se llama “Regulación con carácter provisional de las relaciones entre el Congreso y el Senado en el ejercicio del control parlamentario del Gobierno”. Cuando el 19 de octubre, el Senado apruebe definitivamente el proyecto, éste se acabará denominando “Regulación con carácter provisional de la moción de censura y de la cuestión de confianza”, pues de tan graves materias trata.

“Esos doce días cambiaron la tendencia de dos siglos”, podría ser el título de uno de los penetrantes estudios de John Lukacs. Algo así aconteció en aquel inolvidable otoño de 1977, cuando empezó la fase decisiva de la transición. Hubo suerte. La principal: Adolfo Suárez era un presidente de Gobierno con vocación política. La mayor de todas: en aquella ocasión sí hubo un grupo de líderes y de partidos que, prometiendo democracia, se dedicaron en exclusiva a conseguirla, y no a convertirla en un simple método para legitimar otras conquistas políticas o sociales.

Esta historia tiene una causa inmediata. En septiembre, durante una manifestación en Santander, el diputado socialista Jaime Blanco fue maltratado por la policía. El Grupo parlamentario socialista pide debatir lo ocurrido en el Congreso, y no sólo eso, propone además la reprobación del Ministro del Interior, y el cese del gobernador civil de la provincia cántabra. Aunque el partido gubernamental de Suárez se opone a la iniciativa socialista, con el argumento de que la Ley para la Reforma Política no prevé esas capacidades de destitución para las Cámaras, los restantes grupos parlamentarios apoyan a los socialistas. El Congreso tendrá que votar una especie de censura del Gobierno. A los cuatro meses de elegidos los representantes parlamentarios, los distintos grupos políticos tienen la ocasión de poner al Gobierno, por razones muy distintas, ante el abismo de perder una votación transcendental.

Es la primera vez que la legitimidad democrática chocará con la legalidad vigente. También es la contradicción más importante que tiene el proceso denominado “de la ley a la ley”, que consistía en pasar de la dictadura al Estado constitucional. Una experiencia de transición política sin precedentes, por cuanto el partido de Adolfo Suárez no tiene mayoría en el Congreso, aunque sí la ha logrado en el Senado en las elecciones del 15 de junio.

El debate sobre “el caso Jaime Blanco” acapara el interés de la opinión pública. Si algo sintetiza lo peor del franquismo es la tosca brutalidad de la policía de aquel régimen. El Gobierno de Adolfo Suárez y sus diputados no tienen más remedio que apechugar con lo sucedido en Santander. Las críticas de la oposición resaltan la falta de medidas del Gobierno para democratizar a los cuerpos policiales. En el momento de la votación, el Gobierno salva la situación pues consigue que la moción socialista no cuente con mayoría para su aprobación.

Sin embargo, se han encendido todas las luces de alarma. ¿Qué ocurrirá si en otra ocasión se aprueba una moción censurando a varios ministros, o al Gobierno entero? Al haber asumido que las Cortes son constituyentes se acepta que las Cámaras puedan crear normas o instituciones que rebasen la legalidad vigente.

Pero formalmente no lo son. No hay un gobierno provisional cuya estabilidad esté garantizada por todo el arco parlamentario para elaborar la Constitución. El Gobierno es de un solo partido, la UCD. Ha sido nombrado por el Rey con las viejas leyes del franquismo. Lo único democrático son los 350 diputados y los 208 senadores recién elegidos. Sin embargo, el Congreso y el Senado están en una forzosa interinidad. Sus presidentes aparecen así en los Diarios de Sesiones de aquellos días: “el presidente interino del Congreso”. Las Cámaras carecen de Reglamentos. Funcionan con unas “Normas provisionales de la presidencia de las Cortes”, redactadas por “el presidente de las Cortes”, don Antonio Hernández Gil, un eminente jurista que no concurrió a las elecciones y que fue designado “senador real” por el rey, que después lo nombró para presidir las Cortes. Su cargo es la expresión perfecta de la dualidad del momento: legalmente está por encima de los presidentes electos de las Cámaras.

El Gobierno presenta, el día 7 de octubre, el proyecto de ley para regular la censura por las Cámaras. Es incongruente y poco democrático. Manuel Fraga Iribarne, el líder de Alianza Popular, se opone a su aprobación. Lo mismo que los socialistas.

Era la típica situación decimonónica, con un gran lío político y constitucional: la derecha y la izquierda, unidas por la coyuntura, derriban al Gobierno legal. ¿Se repetiría lo de otras situaciones históricas? Hoy sabemos que no fue así. Veremos porqué. Frente a los que creen que la transición fue un proceso fácil, con el guión escrito desde el primer momento, con final feliz garantizado, conviene que lean lo que sucedió en las Cámaras aquellos días de 1977.