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justicia

El TSJA denuncia a los altos cargos que otorgaron una ayuda de los ERE

martes 25 de marzo de 2014, 17:17h
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la reclamación por parte de la Junta de una de las ayudas del caso de los ERE y ha deducido testimonio "para la exigencia, en su caso, de responsabilidades penales" contra las autoridades de la Consejería de Empleo que la otorgaron.
La sala de lo Contencioso del TSJA, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, anula una decisión de la Junta de enero de 2012 en la que declaró que el beneficiario Manuel Jiménez de Miguel había perdido su derecho a seguir percibiendo sus rentas e inició el proceso para reclamar lo cobrado hasta entonces.

La sentencia señala que en este caso no existió "expediente administrativo, solicitud de otorgamiento ni acuerdo de la Consejería de Empleo" y "lo único puesto de manifiesto son las irregularidades de las autoridades laborales en la concesión y pago de ayudas con dinero público sin procedimiento o acto administrativo que lo justifique".

Por tanto, "debe deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir" las autoridades laborales, dice el TSJA.

Esta sentencia es idéntica a otras dictadas en el pasado y que han llevado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, a abrir un anexo especial en la causa para aglutinar estas resoluciones y la consiguiente exigencia de responsabilidades penales a los altos cargos de la Consejería de Empleo que autorizaron las ayudas investigadas.

En todos los casos, el TSJA estimó los recursos de los beneficiarios y declaró nula la reclamación del dinero.

En el caso de Manuel Jiménez, fue trabajador de la empresa A-Novo Comlink, en mayo de 2008 le comunicaron la extinción de su relación laboral y fue incluido en una póliza individual por importe de 45.138 euros.

La reclamación de la Junta, dice el TSJA, "adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho" pues se reconoce la existencia de un acto de concesión "del que no se ha instado, como ordena la ley procedimental, con carácter previo proceso de revisión de acto nulo".

"Es decir, no se puede a través de este peculiar procedimiento sortear el cauce legal ad hoc para obtener la finalidad buscada, ocultando la actuación arbitraria de la Administración de otorgar ayudas al margen de todo procedimiento", dice el TSJA.
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