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El Tribunal Constitucional y la secesión

Juan José Solozábal
martes 01 de abril de 2014, 20:10h
El nervio de la doctrina constitucional que se contiene en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán parece plausible: no cabe la proclamación que en la misma se establece sobre la condición soberana del pueblo catalán, y la realización del derecho a decidir, cuya demanda no es en sí incompatible con la Norma Fundamental, no puede llevarse a efecto de modo contrario a la legalidad constitucional. Es importante que esta Sentencia se haya dictado con la unanimidad del Tribunal y que pueda entenderse como un llamamiento a la prudencia de los agentes políticos a los que hay que pedir un comportamiento en sintonía con las bases de la democracia constitucional, esto es, la apertura a la discusión de todas las opciones políticas, así como de acuerdo con las pautas del Estado de derecho, o sea, el respeto a las reglas de juego procedimentales.

La Sentencia decide sensatamente que la declaración del Parlamento catalán es controlable por parte del Tribunal como resolución que tiene efectos jurídicos, aunque no sea una norma, no pudiendo, por tanto ser reducida a una moción de carácter meramente político. Hay que decir que en este sentido la Sentencia sobrepasa las reticencias anteriores del Tribunal, mostradas especialmente ante el control de resoluciones que eran actos trámite y carecían de eficacia externa. En el caso presente nos encontramos, por el contrario, primeramente, con una resolución parlamentaria verdadera,“un acto perfecto o definitivo”, que no constituye preparación de una decisión ulterior; además, con efectos ad extra, dirigida como está a todos los ciudadanos y ciudadanas catalanes para que ejerzan su derecho a decidir, que la Resolución proclama y del que la misma Declaración es el primer paso. En concreto la Resolución ha servido como cobertura del nombramiento por parte del Gobierno catalán del Consejo asesor para la Transición Nacional, perfilando algunas de sus funciones, y dando origen a la creación de la Comisión Parlamentaria del Derecho a Decidir.

A mi juicio, no se habría entendido que el Tribunal Constitucional declinase el control de la Resolución soberanista del Parlamento alegando su falta de relevancia jurídica, pues es imposible mantener que el orden constitucional no quede afectado por la decisión de iniciar su desmantelamiento por procedimientos fuera de los cauces de la reforma constitucional. Considero un acierto que el Tribunal como órgano constitucional haya reparado en el riesgo que el proceso soberanista supone para el edificio del Estado y declare ilícito precisamente el acto de la puesta en marcha de su derribo. Por supuesto el que antes no se hubiesen denunciado declaraciones soberanistas no avala la inhibición del Tribunal, pues, como pensaba el abogado del Estado recurrente, “la inexistencia de anteriores impugnaciones no purga la inconstitucionalidad que, por razón de su contenido, exhibe la resolución ahora recurrida”. Salvado el obstáculo de la pertinencia del control (lo que se llama el óbice procesal) no resulta extraña la objeción que el Tribunal realiza a la Declaración. Evidentemente una decisión sobre la soberanía, precisamente sobre la atribución de la misma, sólo corresponde hacerla al poder constituyente, condición de la que manifiestamente carece un órgano de una Comunidad Autónoma, en este caso el Parlamento de Cataluña. Una Comunidad Autónoma solo dispone de un poder limitado y derivado. Cuando un poder constituido se atribuye la titularidad de la soberanía, como sucede en la Declaración anulada, está actuando inconstitucionalmente, “negando simultáneamente la residencia nacional de la misma”. Únicamente una reforma constitucional (la del 168CE), permitiría salvar la indivisibilidad de la soberanía y su atribución a una fracción del pueblo español.

La doctrina del Tribunal sobre el derecho a decidir es, a mi juicio, más discutible, aunque su tesis principal es irrebatible y se desprende con claridad de la Sentencia. En el fallo judicial, en efecto, se apunta inequívocamente que la realización del derecho a decidir, si implicase disposición sobre el orden constitucional, como parece ser el caso y se sigue de su instrumentalidad respecto de la afirmación de la condición soberana del pueblo catalán, ha de tener lugar “en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”.

Con todo, me atrevería a sugerir, puede que el objetivo loable de la unanimidad haya perjudicado la rotundidad que hasta el presente momento había caracterizado a la doctrina del Tribunal sobre la secesión, especialmente lograda en la impecable Sentencia sobre el Segundo Plan Ibarretxe, cuando correctamente se identificaba derecho a decidir con la autodeterminación o la facultad de “reconsiderar la identidad y unidad del sujeto soberano” , lo que solo podía ser objeto de consulta popular por vía de referendum constitucional. “El respeto a la Constitución, decía el Tribunal anulando la Ley Vasca 9/2008 de convocatoria y regulación de la consulta popular en cuestión, impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines” (STC 103/2008).

Lo cierto es la Sentencia de esta pasada semana rompe la necesaria y conveniente identificación entre derecho a decidir y autodeterminación ( el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña se queda de manifestación de soberanía en simple “aspiración política”) y abre una curiosa ventana, de “olor a arce” ha hablado un admirado publicista, al derecho, nada menos, canadiense. Veremos, si este sazonamiento, bien confuso, es coyuntural, como es de esperar, o nos expone a influencias extrañas a nuestras bases constitucionales, ni mejores ni peores, simplemente las nuestras, a las que nos debemos exclusivamente, como sucede si hablamos de un derecho constitucional positivo, y no, de un orden imaginado, o limbo jurídico comparado, de principios, “dibujos y contrapuntos”. Igual mejor, en el futuro, si renunciamos a las bendiciones de la unanimidad, o “consenso por yuxtaposición”, y volvemos a la claridad y la coherencia, aunque sea por mayoría, que después de todo es el supuesto normal de adopción de acuerdos de los órganos colegiados, como lo son las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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