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La vida del Tribunal Supremo británico por dentro

martes 13 de mayo de 2014, 20:20h
Para muchos también en Gran Bretaña nos encontraríamos con el activismo judicial que supone un cambio en la posición constitucional de los jueces en el sistema político, como poder cada vez más independiente de las ramas legislativa y ejecutiva del Estado. Ello podría deberse a tres causas, a saber, primero, a unas reformas procesales por medio de las que los tribunales controlarían el uso y abuso en la actuación de las autoridades públicas; en segundo lugar, a la disposición de los jueces del derecho europeo de sustraerse a la soberanía del Parlamento en los ámbitos que aquél alcanzase y, quizás especialmente en tercer lugar, a la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos por la vía de Human Rights Act al ordenamiento jurídico del Reino Unido que permite inaplicar actos administrativos y declarar en su caso la legislación británica incompatible con la Convención. Naturalmente el protagonismo de los jueces, que insólitamente no se produce respecto de las disputas competenciales territoriales, se muestra paladinamente en la actuación del Tribunal Supremo británico que ha sustituido al Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores en 2009. Por ello ha sido acogido con gran interés la publicación del libro Final Judgement The Last Lords and the Supreme Court en la que su autor Alan Paterson trata de explicar, partiendo especialmente del testimonio un gran número de jueces, letrados y parlamentarios juristas, como trabaja el Tribunal Supremo, esto es, cómo adopta su decisiones.

La tesis del libro es que el Tribunal Supremo, frente a lo que ocurriera en la Cámara de Lores, entiende su labor como resultado de un diálogo y no como la acumulación de pronunciamientos singulares de los jueces que integran esa jurisdicción. Es un diálogo que se produce en las vistas con los representantes de la partes, aunque la elocuencia forense se utiliza para razonar el fallo más que para determinar su sentido, pero sobre todo la conversación tiene lugar entre los propios jueces, que se intercambian tras el juicio sus anticipaciones de la sentencia, utilizando internet, y formando grupos de opinión, en función de las posiciones de los magistrados en cada caso, su voluntad de liderazgo o utilizando ventajas particulares como la de tener ocasión de charlar con los colegas, debido a la proximidad del despacho con la máquina del café, como sucede con Lord Brown. El caso es que se han incrementado las decisiones por mayoría, que en la primera mitad de 2013 constituyeron el 55%, mientras cuando Lord Bingham fue Senior Law en la Cámara de los Lores (1996-1998) las decisiones por mayoría no pasaban del 22% del total de sentencias. Los juicios de mayoría incrementan la certidumbre de la ley, aunque disminuya el individualismo de los jueces. “La gloria del common law y su tribunal más alto ha incluido la individualidad e idiosincrasia de sus jueces señeros. Menos votos particulares, discrepantes o concurrentes, a cambio de más decisiones de conjunto significa decisiones colegiadas y por tanto mayor compromiso”. El diálogo se produce también con los asistentes de los jueces (esto es sus letrados).

Cuando fueron creados por Lord Bingham en la Cámara de los Lores solo había sitio para cuatro. El nuevo edificio del Supremo permite a cada uno de los magistrados (12, ahora once hombres y una mujer) tener un letrado. Tienen empleo por un año y se seleccionan como grupo tras una entrevista con más de doscientos candidatos. Aunque su cometido va en ascenso, señala Paterson, en la línea de lo que sucede en los Estados Unidos, no se espera de ellos que redacten las sentencias.

El diálogo tiene lugar asimismo entre tribunales. Por lo que se refiere especialmente a la relación del Tribunal Supremo con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el de la Comunidad en Luxemburgo, la jurisdicción británica parece tener en cuenta que, como dijera una vez Lord Bingham , “hay un mundo fuera”, aunque, según Paterson, el Tribunal se siente más vinculado con Luxemburgo que con Estrasburgo, que parece demasiado liberal.

De acuerdo con la línea de evolución que señalábamos al principio, con un reforzamiento de la separación de poderes y la independencia de los jueces, el dialogo con el Parlamento parece más dificultoso, pues según Paterson el Parlamento no oye al Tribunal y el Tribunal legisla donde no debería. Por lo que se refiere a la relación con el Gobierno, hay que tener en cuenta que el Ministro de Justicia (Lord Chancellor) no forma parte del Supremo y los jueces, a su vez, se han quedado sin representante en el Gobierno.

Cuando Charles Clarke como Secretario de Interior solicitó una reunión con el Tribunal para tratar acerca de posibles cambios en el sistema de detención de los terroristas, compatible con la Human Rights Act, se encontró con el rechazo del Presidente del Supremo Lord Bingham.

Por lo que compete al sistema de los nombramientos de los miembros del Supremo, Paterson se hace eco de la necesidad de privar a esta jurisdicción de la facultad de designar a sus sucesores, como si fuese una oligarquía que se autoperpetúa, aunque quizás involucrar al Parlamento o al Gobierno en su designación pudiese provocar la politización del Tribunal.

La noticia de este libro sobre el Tribunal Supremo, cuyo contenido se nutre de las referencias sobre él que he encontrado en la reseña del Times Literary Supplement(TLS) de esta semana de Michael Beloff y del profesor Michael Sander en The New Law Journal, de 14 de febrero de 2014, me ha evocado la dedicación que al comportamiento judicial se otorgaba en la London School of Economics que yo conocí cuando de esta materia se ocupaba el carismático profesor Griffith y también una película, sobre la que me llamó la atención uno de nuestros jóvenes constitucionalistas más conspicuos, Josu de Miguel, que se refiere al tratamiento del caso sobre Casius Clay por la Corte Suprema americana. Se trataba de un interesante film, El gran combate de Muhamman Ali -2013-de Stephen Frears que contemplaba desde dentro el tribunal Warren, así los caracteres de sus viejos miembros, frecuentemente acuciados por importantes problemas de salud, que no les impedían bajar a una sala de proyecciones donde visionaban testimonios pornográficos. La película cuenta la disposición final del Tribunal a cambiar de opinión , gracias al empeño de un magistrado, Harlan, inducido por un joven y valiente letrado, que proponía un entendimiento correcto de la libertad religiosa a la que se agarraba la defensa del boxeador que declinaba servir en filas.

Finalmente una cuestión, este tipo de tratamientos de la vida interior de los tribunales supremos ¿sería posible en España en el caso de nuestro Tribunal Constitucional?, o, pregunto, ¿sería impedido por la imposición, formulada incidentalmente pero de modo inequívoco, de la reserva propia de la función que se hace en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC), cuando se contempla el cese del magistrado indiscreto, acordado en este supuesto por la mayoría de las tres cuartas partes del Tribunal en pleno?
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