www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

Jóvenes constitucionalistas

martes 20 de mayo de 2014, 19:48h
Ya sé que se me podrá replicar que no es el momento más adecuado para reclamar la atención sobre la crisis en la que se encuentra sumida la Universidad, visto lo que sucede en nuestra patria, pero créanme si les digo que las dimensiones de la misma no son pequeñas. Basta pensar en la congelación de plazas operante desde hace unos años que está produciendo un envejecimiento de los docentes y la afirmación entre nosotros de una política del profesorado cuyo solo criterio parece ser la consolidación de la posición de los titulares de las plazas, impidiendo la entrada de nuevos profesores y, de hecho, la promoción en el seno de las plantillas por criterios que no sean la antigüedad, como la auténtica competencia y la llegada de aspirantes procedentes de otras facultades o de otros destinos académicos.

En este ambiente enrarecido de cotos y empalizadas, al que sobra opacidad y falta disputa de méritos, son bienvenidas iniciativas como la llevada a cabo por la Revista de Teoría y Realidad constitucional, dirigida con tino por Oscar Alzaga, que celebra un concurso para premiar los trabajos más sobresalientes sobre nuestra disciplina entre sus jóvenes cultivadores. El premio en este año ha sido otorgado ex aequo a dos excelentes monografías, que muestran la disposición de nuestros universitarios en formación a actuar como si la vida académica ofreciese estímulos, y no sólo rémoras e impedimentos, dada su anquilosada estructura.

El estudio de Ignacio González “La devolución unilateral de competencias por las Comunidades Autónomas” hace un inteligente planteamiento de la autonomía como capacidad de decidir de nuestras organizaciones territoriales sobre el autogobierno no sólo en el sentido de su aumento sino en la posible dirección de su rectificación o disminución.

Las competencias de las Comunidades autónomas son indisponibles para las mismas, se trate de la titularidad de las atribuciones o de su ejercicio, sea de manera explícita o a través de subterfugios como pueden ser la inactividad o la admisión de su práctica en fórmulas de colaboración con el Estado en posición francamente subordinada. De manera que sólo queda para la Comunidad Autónoma, si quiere rebajar su autonomía, proceder a una reforma de su Estatuto. Naturalmente, completo lo señalado por González, cabría imaginar una reforma constitucional con efectos derogatorios para el Estatuto con ese propósito deprimente de las competencias por él asumidas; y podría pensarse también en la existencia de cláusulas durmientes estatutarias, al menos en los aspectos institucionales, que permitan la no realización o una aplicación diferida de determinadas previsiones al respecto, en relación con ciertos organismos o figuras públicas, como defensores del pueblo, consejos consultivos, organismos de radiodifusión, etc.

Pero el problema de la reforma estatutaria es que la misma necesariamente ha de contar con el acuerdo del Estado, pues la reforma estatutaria, aun más que la propia elaboración del Estatuto, tiene una naturaleza pactada que responde al equilibrio entre los elementos nacionales y los territoriales, o rasgos centrípetos y autonomistas de nuestro sistema de descentralización. ¿Accederá el Estado a rebajar la autonomía de alguna de las Comunidades aunque esta sea su voluntad?. Cierto que el Estado no podría imponer una reforma estatutaria contraria a la voluntad de la Comunidad Autónoma, que siempre podría retirar el proyecto de cambio del Estatuto o rechazarlo, en el caso de las Autonomías del art.151 CE mediante una votación adversa de su cuerpo electoral en el Referendum. ¿Pero podría oponerse el Estado a una reforma querida de la Comunidad Autónoma, aunque tuviese ese sentido restrictivo para ella misma? Ignacio González cree sin ninguna duda que sí; pero podría mantenerse que la intervención del Estado aprobando, sin cerrar el procedimiento, el proyecto de Estatuto aunque ciertamente tenga límites no constriñe su sentido a una mera ratificación formal, y sin ámbito propio de discrecionalidad.

El otro estudio distinguido asimismo con el primer premio no es un trabajo de derecho positivo español. Testimonia sobre todo una orientación hacia el derecho comparado o la teoría constitucional, aunque como ocurre en los mejores casos, no es impensable establecer relaciones entre la problemática objeto del estudio y algunas preocupaciones de nuestro sistema constitucional. Se trata del ensayo de Víctor Vázquez Alonso “Welfare State y Judicial Review”, que en realidad contiene bastante más de lo que su título promete, pues ciertamente la monografía consiste en algo más que un recuento, por otra parte muy bien hecho, sobre la contribución de los jueces americanos a dar efectividad a los derechos sociales. En realidad lo más interesante de la monografía es que muestra que en los Estados Unidos, y por extensión en cualquier forma federativa, la jurisprudencia sobre los derechos fundamentales es inseparable de la división competencial territorial; y advierte que el impulso de la federación en estos sistemas políticos es imprescindible, por comparación a la aportación de los Estados miembros, en el reconocimiento y garantía de los derechos sociales.

Una primera cuestión de interés es la importancia que en debate sobre el activismo judicial americano, tienen las constituciones de los Estados miembros. Hay indicaciones que señalan, en una línea conocida sobre todo después de libros como el de Sanford Levinson, las peculiaridades de las declaraciones de derechos de las constituciones de los Estados miembros, que incurren en el detallismo, siendo así que la Constitución federal no contiene cláusulas prescriptivas sobre derechos sociales, pero cuya efectividad no puede ser garantizada por los jueces, que no disponen de medios al respecto, aunque su función de asegurar mínimos y propiciar un diálogo acerca de su verificación con el legislador estatal no sea de despreciar.

Por lo que se refiere al conjunto de la Federación la intervención de los jueces en el reconocimiento de los derechos sociales se verifica exclusivamente con ocasión del control de la constitucionalidad de las políticas sociales públicas, pues no hay un programa constitucional explícito que al respecto debiese desarrollar el legislador. La cláusula del debido proceso ha sido utilizada por el Tribunal Supremo para oponerse a determinadas privaciones de la asistencia social, irregulares desde un punto de vista administrativo, y las cláusulas del comercio interestatal o de los poderes implícitos de la Federación para llevar a cabo sus competencias han sido aducidas por el Tribunal para validar el intervencionismo económico de la Federación, una vez acabada la época del liberalismo propia de la Sentencia Lochner (1905) tras la actuación del Tribunal Supremo del tiempo de Roosvelt, después que ante la amenaza de reforma constitucional, el presidente del Tribunal Roberts cambiase de actitud. Particular interés me ha suscitado el repaso que se hace en la monografía del Nuevo Federalismo, recuperando la autonomía financiera de los Estados, y el análisis de la validación cuasi completa de la política de la reforma sanitaria de Obama, aunque salvando la cara a las posiciones de defensa de los derechos de los Estados miembros (National Federation of Independent Business versus Sibelius (2012). A pesar de que el Tribunal corrige al Congreso la fundamentación de la reforma sanitaria, la mayoría de sus miembros avaló la constitucionalidad de prácticamente la totalidad de la misma, si bien recurriendo a la aplicación de otros principios constitucionales. Así, advierte Vázquez, la Corte considera que aunque el Congreso no puede imponer el mandato individual de adquirir un seguro médico a los ciudadanos, si puede gravar la conducta de quien no lo haga, en base al poder de establecer y recaudar impuestos que le concede la Tax Power Clause del artículo primero de la Constitución.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.