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La abdicación del Rey: una visión constitucional

lunes 30 de junio de 2014, 14:12h
Primero, la sorpresa. Debido a la voluntad atribuida al monarca de continuar en el desempeño de la función de jefe del Estado; pero también a la persistencia en el imaginario de muchos de la idea de que la monarquía está ligada al ejercicio vitalicio de la suprema magistratura, cuya única salida, fuera de la muerte, debería llevarse a cabo a través de la incapacitación física o mental del rey. En realidad lo que hay detrás de esta posición es una visión tradicional de la monarquía, con una justificación mítica o sentimental de la Corona. Pero ocurre que junto a la legitimación tradicional del rey cada vez se va afirmando una visión funcional de la institución monárquica que la justifica por su contribución al funcionamiento correcto del Estado. En este sentido hemos visto todos las dificultades de don Juan Carlos para resolver los compromisos representativos del Estado debido a sus problemas de salud, o su disponibilidad limitada para llevar a cabo las tareas de relación y mediación, lo que la Constitución llama “arbitraje”, esenciales en el funcionamiento de sistema constitucional, más en un momento de la gravedad del presente.

Si bien se mira, superado este instante de sorpresa, la abdicación del monarca en su hijo puede parecer una apuesta prudente, dadas las cualidades y el aprendizaje del futuro rey, por la renovación de la democracia, que ha de afrontar grandes retos de manera inmediata. Muchos creemos que la llegada del nuevo Rey en una operación llevada a cabo con toda tranquilidad institucional, y con un declarado propósito de continuidad con los logros innegables de don Juan Carlos, significa sin duda un aporte renovador, con un sentido regeracionista obvio. La operación de cambio referido también a la institución emblemática de la Corona no puede por menos que verse, entonces, con toda esperanza y debe ser saludada efusivamente. Por tanto sobran cautelas y recelos y el recambio en la Jefatura del Estado debe contemplarse como una invitación, en realidad como el comienzo, de la recuperación desde sus bases de nuestro sistema democrático.

Desde el punto de vista jurídico, también dos apuntes. Nuestra Constitución contempla la intervención de las Cortes mediante una ley orgánica ad hoc, resolviendo la abdicación, que puede ser entendida como un acto complejo en el que interviene la decisión personal del rey, y la aceptación de la misma a través de la norma referida, que seguramente se tramitará por el procedimiento directo y en lectura única que se contempla en el artículo 150 del reglamento del Congreso. Se trata de una ley singular o ad hoc que precisamente por ello no ha de llevar a cabo la regulación de la posición constitucional del ex jefe del Estado, que parece prudente contemplar jurídicamente. Lo que ocurre es que en esta regulación hay cuestiones de gran calado, referidas preferentemente al status constitucional del exmonarca, ya no protegido por la irresponsabilidad e invilolabilidad, aunque las previsiones al respecto sólo puedan tener vigencia pro futuro y nunca retrospectivamente, precisamente para garantizar el cumplimiento constitucional efectivo de singularidad de la protección del jefe del Estado mientras está en el desempeño de la alta magistratura. Estos extremos, deben ser tratados detenidamente y con la participación de los distintos grupos parlamentarios, por lo que el procedimiento de lectura única, establecido para la ley orgánica de aceptación de la renuncia, no resulta adecuado.

Menos problemas, en segundo lugar, plantea el cumplimiento de la previsión constitucional del artículo 61 de la Norma Fundamental relativo a la proclamación ante las Cortes Generales (en sesión conjunta se entiende) y el juramento del nuevo rey. Este juramento no hay que identificarlo necesariamente con una fórmula religiosa, incompatible con el carácter aconfesional del Estado; puede entenderse como una promesa solemne de acatamiento del orden constitucional, en el que la Ley Suprema destaca significativamente los derechos de los ciudadanos y su contenido territorial. Es un pena que hasta ahora no se haya encontrado tiempo para la regulación de las sesiones conjuntas de las Cámaras, en relación con las competencias no legislativas del Titulo II de la Corona, que habrá en la ocasión presente de llevarse a cabo con una reglamentación de la presidencia parlamentaria.
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