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De Juan Carlos I a Felipe VI

lunes 30 de junio de 2014, 14:12h
Asistimos los españoles en estas semanas a un siempre histórico relevo en la Jefatura de nuestro Estado. Ante un acontecimiento de tanta relevancia, creo que merece la pena hacer algunas consideraciones para dar a los hechos su medida más ajustada a la realidad.

SENTIDO DE LA HISTORIA. Para valorar las cosas en sus justos términos, siempre es conveniente saber de dónde se viene y lo que hemos vivido en el funcionamiento de nuestras Instituciones políticas. En nuestros más de dos siglos de historia constitucional (1812-2014), no ha sido muy frecuente asistir con normalidad al relevo en la Jefatura del Estado, más bien lo contrario, los sobresaltos y las anormalidades en nuestra maltrecha historia democrática, lamentablemente han sido la moneda de curso.

Por eso mismo quisiera resaltar hoy nuestra cita con la Historia, Historia con mayúsculas, con lo mejor de nuestra Historia, la conquista de la normalidad y estabilidad institucional; precisamente lo que no hemos tenido en nuestros dos últimos siglos de convulsa vida política. Decía el maestro Ortega y Gasset que hay que estar “a la altura de los tiempos” y eso es precisamente lo que los españoles, en las Cortes Generales representados, esperan de sus diputados y senadores: Estar a la altura de los tiempos. La responsabilidad y la prudencia, siempre vitales en la política de Estado, exigen sin lugar a dudas defender y poner en valorar la monarquía parlamentaria que tanto nos ha costado conseguir. Es justo dar a cada cual lo que es suyo, y lo que el pueblo inglés conquistó tras su revolución liberal del siglo XVII en las personas de Guillermo y María de Orange, esto es, los primeros monarcas de la historia sometidos al Parlamento, el pueblo español necesitó casi 300 años más para lograrlo, pues precisamente el Rey Juan Carlos ha sido nuestro primer monarca realmente parlamentario. No es el momento de minusvalorar 3 siglos de historia, especialmente cuando los responsables políticos están para plantear soluciones, no para crear problemas; normalmente éstos ya vienen solos.

SENTIDO INSTITUCIONAL. El sentido institucional es el corazón de una democracia seria, la democracia real, sustantiva, material, no se puede entender al margen del funcionamiento reglado y normativizado de sus Instituciones. No hay democracia fuera del Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin el respeto a las normas jurídicas, especialmente a la Norma de convivencia, la que nos hemos dado todos para regular nuestro actual sistema político: la Constitución de 1978. La primera Institución que ésta regula, lógicamente es la Jefatura del Estado (Título II), después vendrán las Cortes Generales (T.III), el Gobierno (T.IV), el Poder Judicial (T.VI) y el Poder Corrector (Tribunal Constitucional. T. IX). Título II pues, que junto con el Título Preliminar y los derechos fundamentales y libertades públicas de parte del Título I (arts. 15-29), gozan de la máxima protección de nuestro Texto constitucional. La Corona, la monarquía parlamentaria, es el eje vertebrador de nuestro actual sistema político. Como apunta el art. 56.1 CE el Rey es “el símbolo de la unidad y permanencia del Estado”, además de que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

QUÉ ES UNA MONARQUIA PARLAMENTARIA HOY. Resulta asombroso en pleno siglo XXI, asistir a argumentaciones propias de los parámetros históricos que se vivieron en el siglo XIX. A veces nos empeñamos tozudamente en no aprender de las lecciones de la historia y parece que algunos quieren volver a cargar con la pesada roca de la historia equivocada. Es verdad que en el siglo XIX el debate república/monarquía tenía una evidente y clara lectura de reivindicación democrática. Las monarquías decimonónicas en su mayor parte o eran absolutistas o intervencionistas, pero realmente, quizás con la excepción y, solo parcial, del Reino Unido, no había monarquías verdaderamente parlamentarias y vacías de poder político real. Pero es preciso recordar a algunos que estamos en el siglo XXI, que en estos dos siglos han pasado bastantes cosas, que Benjamín Constant ya diseñó a principios del siglo XIX el tránsito de la monarquía a su moderno papel como Institución moderadora, en una conocida ponencia dada en el Ateneo de París. Hoy, no tiene ningún sentido plantear el debate república versus monarquía en términos de mayor o menor democracia. Tan democrático es hoy el sistema político de la República de los Estados Unidos como el sistema político de la monarquía del Reino Unido. Suecia, Noruega, Dinamarca o el propio Reino Unido son, no solo democracias consolidadas, sino probablemente las democracias que mejor funcionen. Hoy pues, en pleno siglo XXI, es rotundamente falaz el debate democracia versus monarquía.

LA VIRTUALIDAD DE LA CONSTITUCION DE 1978. Hemos tardado doscientos años en lograr una Constitución democrática que funcione. Los Estados Unidos de Norteamérica lo lograron en el año 1787, nosotros hemos tardado algo más. Sería bueno conservar la esencia de lo que tenemos, lo que ha demostrado ser útil y funcionar razonablemente bien, una Jefatura del Estado que nos ha dado casi cuatro décadas de paz y progreso como nunca antes ha conocido la historia de España. La Constitución de 1978 tiene algunos principios básicos y esenciales: definir a España como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1), el principio de soberanía del pueblo español (art. 1.2), la unidad de la Nación española (art. 2), la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3) y… la monarquía parlamentaria (art. 1.3, desarrollado en el Título II); éstas son las bases del consenso que el pueblo español votó y ratificó el 6 de diciembre de 1978 por abrumadora mayoría. Los regímenes políticos no se cambian cada tres décadas, no en los países serios.

En estos días asistimos a un hecho histórico, que marca un hito en nuestra maltrecha historia constitucional, el de la definitiva conquista de la normalidad institucional, esto es, el respeto a la Norma de convivencia que los españoles nos hemos dado. ¿A qué estamos asistiendo? Simple y llanamente a una posibilidad prevista en el art. 57.5 de la CE. Es verdad que el cumplimiento del mandato dado por el Poder constituyente al Poder legislador respecto de la elaboración de la correspondiente ley orgánica ha llegado demasiado tarde, pero ello no es óbice para destacar lo más relevante para nuestra vida política e institucional, se aplica la sucesión de la dinástica histórica en los términos también previstos en el artículo 57.1 del Texto constitucional. Y esto sin duda, es algo que tenemos que destacar. Nuestra vida política se desarrolla por los cauces institucionales previstos, sin sobresaltos, sin aventuras antidemocráticas, estamos haciendo lo que entre todos decidimos que había que hacer: respetar el sistema político que democráticamente nos dimos.

Un país serio no funciona al margen del Estado de Derecho, pues como nuestra historia tristemente nos ha demostrado en muchas ocasiones, fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Nos damos leyes para no darnos tiranos, se decía en la Revolución francesa, por eso hay que respetar la ley de leyes, la Constitución. Por cierto, ésta, nuestra Constitución de 1978, es la única que ha funcionado y que ha sido respetada de los nueve textos constitucionales que nos hemos dado en nuestros dos siglos de vida constitucional. Sería muy recomendable que siguiéramos la senda del respeto y lealtad constitucional que tanto nos ha costado conseguir, especialmente en lo que se refiere nada menos que a la forma política del Estado. Que lógicamente se puede cambiar y discutir, pero creo que no es el momento, ni es el problema y, en cualquiera de los casos, de plantearse, se debiera de seguir el camino marcado por el artículo 168 de la Constitución española.

DE JUAN CARLOS I A FELIPE VI. Siempre he pensado que hay que ser generoso con quien se va. En estas casi cuatro décadas de reinado de Juan Carlos I sí ha habido meteduras de pata, especialmente la de Urdangarín, gravísima, pero desde una perspectiva histórica, Juan Carlos I es sin duda de los mejores jefes del Estado que hemos tenido. Nunca España ha estado más considerada a nivel de normalidad internacional y reconocido él como un actor válido, como un Rey con un prestigio internacional indudable en casi todo el mundo, ha sido nuestro mejor embajador, aunque es verdad que en los últimos años a raíz del caso Urdangarín se ha visto afectado.

Felipe VI tiene todo nuestro apoyo como futuro Jefe del Estado, animándole a ser el primero de los españoles en ejemplaridad, transparencia, servicio y modernización de la Institución (la Corona) a las exigencias del siglo XXI. No tiene un reto fácil, pues como “símbolo de la unidad y permanencia del Estado” (art. 56.1 CE) que es, el desafío del nacionalismo catalán rompe ese pacto de convivencia logrado con muchos sacrificios en 1978; en éste, como en todos aquellos temas que ahonden en la defensa de los valores y principios consagrados en nuestra Constitución, nos tendrá a su lado con lealtad y sentido de Estado. Tiene bastante trabajo por delante, nada menos que animar y contribuir a consolidar el normal funcionamiento de nuestras Instituciones, a ello, todo el pueblo español tiene que apoyarle, pues todos nos jugamos bastante en este envite. No hay que olvidar, que la actual monarquía ha proporcionado lo que siempre, y digo bien, siempre, ha faltado en nuestra historia constitucional: la tan ansiada estabilidad institucional. Insisto, es una pieza clave en nuestro sistema político, valorémosla en su importantísima medida. No conviene equivocarse en las cuestiones esenciales, y ésta lo es.

David Ortega Gutiérrez

Catedrático de Derecho de la URJC

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