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La democracia representativa

Juan José Solozábal
martes 15 de julio de 2014, 20:51h
Pienso que lleva razón Rosanvallon: el problema de las democracias constitucionales es hacer frente a la precariedad del vínculo de las instituciones representativas con los ciudadanos, después de todo limitado al momento electoral. Los elegidos quedan inmediatamente libres de sus electores, y el mandato, por ser demasiado rígido, no le servirá al parlamentario para orientar su conducta, obligado como está a hacer frente a cuestiones sobre las que no se decía nada en el programa electoral.

A algunos el despegue de los elegidos con los ciudadanos no les importa nada, pues en realidad creen que la democracia solo sirve para que el pueblo ponga y quite a los gobernantes, pero que, mientras no se trate de esto, se debe dejar gobernar a los elegidos. Gobernar, incluyendo en este término no solo la dirección política del Estado sino el establecimiento de las leyes, es una labor compleja, que no está al alcance de los ciudadanos, que deben buscar la felicidad en el manejo de sus asuntos privados. En la constituyente de la Revolución francesa Sieyès no hacía mas que repetir a Montesquieu cuando señalaba que el pueblo se limitaba a elegir a los representantes, pero sin imponerles su voluntad, pues el pueblo, “admirable para designar a quienes ejercerán su autoridad”, en realidad no sabe qué hacer en un momento concreto, o como “manejar un asunto”, decidiendo adecuadamente. De ello se deduce la libertad del representante para ejercer su función con la autoridad del soberano en cuyo nombre actúa, pero con plena independencia respecto de sus electores.

Esta idea de la representación no es solo la que se tiene en el momento de la fundación del régimen liberal constitucional. De ella participan también algunos teóricos eminentes de la democracia, cuyo pensamiento tiene una influencia perdurable en nuestros días. Me refiero a la comprensión del voto como equivalente a la compra que Schumpeter ofrece en su Capitalismo, Socialismo y Democracia. Los votantes adquieren con su voto el compromiso de los que se presentan a las elecciones de llevar a cabo su programa si obtienen el poder, pero una vez que los electores eligen un gobierno, han de dejarlo gobernar. La analogía puede resulta forzada, pues el consumidor va a la compra muchas veces, mientras que las elecciones se realizan en contadas ocasiones. De otro lado, aunque Schumpeter acertadamente piense que lo realmente importante en la democracia es que la decisión sobre quien gobierna la toma el pueblo, no puede pretender que en este sistema político se renuncie a influir en los gobernantes en el periodo entre las elecciones.

Creo que en nuestro días los dos planteamientos precedentes no resultan aceptables, de modo que considero ineludible el refuerzo de la legitimación del sistema, bien tratando de asegurar la vinculación de los representantes con los ciudadanos, acentuando la relación establecida en el momento electoral; o bien ampliando las instituciones del orden político, más allá de las estrictamente representativas, a instancias que puedan completar las demandas de los ciudadanos, hablemos de lo que Rosanvallon llama mecanismos de imparcialidad, como ocurre con la administración general o las independientes, o de reflexividad, como son los Tribunales Constitucionales, garantes de que las decisiones valorativas o institucionales que se fijan en la Constitución sean respetadas más allá de las pretensiones particulares de los competidores políticos.

Si se trata de asegurar la fidelidad de los representantes a sus compromisos electorales, el problema de la democracia se traslada a los partidos políticos, que no solo han de ofrecer el personal del que las instituciones representativas se nutrirán, sino que deben controlar la adecuación del gobierno o la oposición a la referencia electoral y al programa con el que las fuerzas políticas respectivas se presentaron en las urnas. El partido debe ser garante por tanto de la vigencia en las instituciones representativas de las obligaciones que, ya ocupando el poder o criticándolo, contrajeron las fuerzas que concurrieron a las elecciones. Esta idea de los partidos políticos como controladores del gobierno o de la oposición se desmiente por una práctica que les asigna una función instrumental, exclusivamente de propaganda y amplificación de lo llevado a efecto, pero sin autonomía alguna.

Si lo que se plantea es la necesidad de incrementar la legitimación del sistema político, admitiendo la necesaria complementariedad de sus instituciones, y atribuyendo relevancia a las que, por decirlo así, persiguen fines constitucionales, la reflexión se centra sobre todo en el significado de las administraciones (generales o las llamadas independientes) y de los Tribunales Constitucionales. Se aceptará que más allá de la discusión sobre la configuración de estas instancias y los parámetros de referencia de su actuación, así en el caso de las administraciones su sujeción al principio de legalidad y su reclutamiento por mérito y competencia, y en el caso de los Tribunales su capacidad para mostrar el alcance de los principios que se desprenden de la Constitución, lo que es incuestionable es que estas instituciones están fuera del sistema político partidista y que su independencia debe ser asegurada a toda costa.

De modo que la solución a los déficits de nuestro sistema representativo tiene un significación política evidente: profundizando en la dependencia partidista del sistema; y reaccionando al mismo tiempo frente a la ocupación indebida por los partidos de espacios institucionales que no les corresponden.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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