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AL PASO

La Universidad imposible

Juan José Solozábal
martes 29 de julio de 2014, 20:13h

Sigo la recomendación del  The Economist de hace unas fechas que piensa que las vacaciones son un buen momento para  reflexionar sobre la Universidad, pero difiero del tono de su análisis de dos de los problemas que nuestra institución ha de abordar, como es Internet y  su dependencia de la  financiación menguante pública. Me parece discutible el futuro sin alumnos que  se  anticipa en la revista para muchos centros educativos, expuestos a la competencia con los servicios on line prestados por unas pocas universidades de prestigio. Y confío en que la retirada de ayuda pública a las universidades, que no se si el semanario inglés, dejándose llevar de su liberalismo doctrinario, lamenta o celebra, sea pasajera, pues una educación privada en tal ámbito será siempre una traba, y nunca un instrumento para el avance de la igualdad en nuestras sociedades.

El caso es que, espoleado por la solicitud de la revista Temas, me propongo llamar la atención sobre algún problema  capital de nuestra Universidad, que yo encuentro en la selección de su profesorado. He aquí lo que sugiero al respecto, expuesto con algo más de detenimiento de lo que acostumbro en mi columna.

Para empezar me gustaría advertir que el tono crítico que utilizaré en relación el análisis del sistema de selección del profesorado en la Universidad, resalta doblemente si se tiene en cuenta, de una parte, que no me apunto a una visión catastrofista de la universidad, que son propensos a adoptar quienes, por razones de edad, se encuentran a punto de dejar la universidad o ya lo han hecho; y de otro lado, no me alineo con quienes, precisamente porque están en la universidad y se benefician del estado de cosas existente, tienden a ignorar este problema y pasan como sobre ascuas por encima del mismo. Pienso que la universidad española actual, en su conjunto, es bastante mejor desde luego que aquella en la que estudié: baste, pensando en la disciplina a la que me dedico, reparar en lo que era el derecho constitucional en el  antiguo régimen, y el nivel alcanzado en esta materia que demuestran las revistas especializadas de la actualidad. Y pienso asimismo que  la comodidad con el sistema de acceso y promoción del profesorado universitario que demuestran las escasas críticas que el mismo merece, tiene que ver, a mi juicio,  con la felicidad de quienes han logrado consolidarse en “su” plaza y, por ello, les importa poco   la suerte de  los que todavía no han logrado entrar en el juego y, menos aún, la eficiencia o justicia del sistema.

La Ley de reforma de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007, por lo que hace a los profesores no funcionarios, esto es, dejando fuera a los titulares y catedráticos, establece un diseño de carrera universitaria, que comprende diversas figuras  por las que se supone ha de pasarse sucesivamente. Así hablamos del contrato de investigación, pensado para los doctorandos; los ayudantes que completan su formación docente e investigadora, de dedicación completa; el ayudante doctor, cuya contratación exige la previa evaluación positiva por parte de la ANECA o equivalente autonómico; y el contratado doctor ya con plena capacidad docente e investigadora, y que en la práctica se ha ido por las Universidades asimilando a la categoría de titular.

Este diseño de carrera universitaria parece razonable y suministra un horizonte de estabilidad a los jóvenes profesores, que en esas condiciones, pueden pensar en una dedicación plena a la universidad. El problema es que en la actualidad está paralizada la convocatoria de plazas de contratado doctor, desde que el gobierno decretó la suspensión de cualquier oferta de empleo público. Las universidades han tenido que recurrir a la figura de interinos sustitutos -la figura laboral más precaria que existe, puesto que en cualquier momento se puede finalizar- para solucionar el problema que se planteaba con todos aquellos que habían agotado la posibilidad de prorrogar la figura de ayudante doctor, limitada a una duración que globalmente no puede rebasar los ocho años, integrando  el tiempo de disfrute de la condición de  profesor ayudante. Un minuto de atención requiere la figura del profesor asociado, que ha dado un juego estimable en determinadas facultades, permitiendo que los alumnos se beneficien de la experiencia de profesionales, al tiempo de suministrar, en su caso, una válvula para salvar rigideces inconvenientes en el sistema de contratación del profesorado universitario.

Los defectos del sistema donde se producen, según lo veo, es en relación con el acceso de los profesores  universitarios a su condición de funcionarios como titulares y catedráticos. En ambos casos el procedimiento conoce dos fases. La última la constituye un concurso convocado por la universidad respectiva entre profesores que dispongan de la acreditación preceptiva previa, y que es resuelto por una comisión integrada por diversos miembros, nombrados prácticamente en condiciones de absoluta discrecionalidad por los órganos de gobierno de la Facultad y el conjunto de la Universidad, que como el lector puede fácilmente imaginar es un mero trámite, no pocas veces salvado sin un mínimo de formalidad obligada, y que favorece en términos escandalosos al candidato preconizado por la Universidad convocante.

Evidentemente la fase decisiva en el proceso de selección del profesorado es la primera. Los candidatos han de acreditarse ante una instancia nacional(Aneca) alegando los méritos  que en punto a la investigación, docencia y experiencia de gestión, consideren oportunos. Podemos anotar lo discutible de la exigencia de algunos méritos que les serán baremados a los aspirantes a la acreditación, así por ejemplo el relieve en su curriculum de la gestión universitaria o la dirección de tesis o de trabajos de investigación de grupos, que no parecen estén fácilmente al alcance de  quienes, se supone, todavía se encuentran en período de formación. Pero las críticas al sistema tienen que ver con su sustancial opacidad, la condición de quienes efectivamente llevan a cabo la valoración de los candidatos, y especialmente la falta de oportunidad para que  la comisión discuta con el candidato o candidata acerca de su curriculum, y sobre todo, el conocimiento de la materia de cuya disciplina resultará acreditado como profesor funcionario titular o catedrático.

Este sistema de las acreditaciones sustituye al anterior de las habilitaciones que dependía de una prueba pública que enfrentaba a los candidatos con un tribunal designado por sorteo entre los catedráticos de la disciplina correspondiente. A partir de 2007 entran en acción las comisiones calificadoras de unas cuantas ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. En estas comisiones el peso de las acreditaciones en relación con los diversos campos temáticos lo llevará a cabo el miembro que proceda de ellos. Pero ha de tenerse en cuenta la dificultad de, pongamos por caso, un catedrático de derecho para pronunciarse sobre una materia ajena a su especialidad, así un catedrático de derecho constitucional sobre derecho tributario. Cierto que entonces la comisión puede recurrir a un experto ajeno a la misma. Anotemos entonces que la comisión no está integrada por personas de la especialidad, pero que seguramente los no especialistas, como es lógico, no dimitirán de su derecho a decir algo, incluso decisorio, sobre las cualidades de personas cuya competencia no pueden calificar propiamente. Por lo demás el candidato no tiene oportunidad de defender su curriculum o acreditar sus conocimientos con la comisión en modo alguno.

Este sistema está permitiendo, a mi juicio, acreditaciones sin un necesario aquilatamiento de los méritos de los candidatos, lo cual , además de no respetar la exigencias constitucionales de acceso a la función pública,  de talento y competencia,( de mérito y capacidad habla expresamente nuestra Norma fundamental ), está sobrecargando a la universidad de  profesores que en condiciones de concurso y publicidad, probablemente no se atreverían a disputar su plaza, privando de oportunidades a nuevos profesores, que quedan fuera de la universidad injustamente.

¿Qué se debería hacer para superar este sistema que sufre de opacidad en el proceso de selección, falta de especialidad en  la cualificación de los miembros de la comisión dictaminadora, localismo en la atribución de las plazas en las universidades,y atiborramiento en las plantillas del profesorado numerario? Expuesto con toda concisión lo siguiente. 

En primer lugar, recomendaría proceder a la recuperación del sistema de habilitación (sustituido como recordará el lector por el sistema de acreditaciones en el año 2007) con convocatorias  de plazas ad hoc en función de las vacantes existentes en las universidades, admitiendo que en las comisiones se integrasen asimismo funcionarios asimilados, por ejemplo  letrados parlamentarios en las oposiciones a cátedras de derecho constitucional o abogados del estado en las de derecho administrativo o inspectores de hacienda en las de derecho tributario: la intervención de estos nuevos miembros podría significar una garantía de imparcialidad en las comisiones que la existencia de las llamadas escuelas  a veces pone en peligro. Las comisiones nacionales podrían funcionar como ocurre en los concursos universitarios en Francia de tal carácter, a partir de una ponencia que sobre los méritos de cada candidato elaborase un miembro de la comisión con oportunidad para el debate y la defensa de misma con el candidato. Los candidatos concursantes han de admitir que su destino como profesores funcionarios puede perfectamente no ser la universidad de la que proceden, eventualidad esta como se sabe cada vez más remota  en el sistema actual de las acreditaciones donde el porvenir del profesor parece adscrito a su gleba por los siglos de los siglos.

Respecto de la segunda fase, esto es, la consistente en la atribución por la Universidad   de la plaza convocada en el concurso nacional, diría lo siguiente. Reclamaría nuevamente la composición de la comisión  dictaminadora por especialistas de la disciplina, con, todo lo más, una presencia simbólica de un representante  de la Universidad con relieve honorífico. Podemos echar al efecto un vistazo a lo que se hace en los concursos correspondientes en Francia o en Alemania. En Francia, en lo que se refiere a la selección de un maître de conférence (o catedrático), la comisión  al efecto está integrada por catedráticos y agregados que deben proceder en su mayoría de otra universidad. Así esta fase local compensa la nacional, pero evitando el localismo. En Alemania los concursos son juzgados solamente por comisiones de la universidad que saca la plaza, según las regulaciones de los Länder, con competencias exclusivas sobre la materia. Pero al concurso no pueden  presentarse profesores de la Universidad convocante, aunque tras haber resultado nombrados en otra universidad pueden acceder a la cátedra de la Universidad de origen.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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