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AL PASO

El soberanismo en la encrucijada

martes 12 de agosto de 2014, 17:37h
Estos días he pensado con frecuencia en la sagacidad de la observación de Orwell sobre el nacionalismo, advirtiendo de su tendencia a apartarse de la realidad y moverse en el mundo de las abstracciones y encantaciones. Orwell, en efecto, creía que el nacionalismo era un sentimiento obnubilante, de modo que “el nacionalista frecuentemente deja de estar interesado por lo que ocurre en el mundo real”. Sólo un prejuicio de este tipo puede explicar la inclinación nacionalista a pensar que el caso Pujol no va a afectar al proceso independentista o que puedan ignorarse sin más las consecuencias de la prohibición del referéndum secesionista en Cataluña.

A mi juicio lo que el caso Pujol ha puesto de manifiesto ante todo es la precariedad del soporte central de la posición nacionalista que señala a España como la causa o motivo de los problemas catalanes, que sólo la liberación nacional podrá arreglar. Las debilidades del discurso independentista son muchas, referentes por ejemplo a su argumentación sobre la deficiencia del sistema político español, al no recoger el derecho a decidir, o su esperanza mítica en la capacidad regenerativa de la autodeterminación, o sus rasgos plebiscitarios inaceptables en una democracia constitucional verdadera, etc. Lo que no quita la razón de alguna denuncia por su parte, se refiera a inadecuaciones fiscales respecto de la posición de Cataluña en el conjunto o al señalamiento de carencias del pluralismo territorial español.

Pero lo que el independentismo rechaza sobre todo es la injusticia de la obligación para el pueblo catalán de formar parte de un Estado que desmerece las propias capacidades. El Estado español hace peor las cosas: es un lastre para nuestras potencialidades; constituye una estructura retardataria e inútil de la que sólo se siguen desventajas e inconvenientes. Esta mirada, airada o no, displicente o conmiserativa con la organización política de España, es consustancial al nacionalismo catalán, como lo prueba la lectura de los clásicos del mismo, haya o no en ellos, un componente racial, no muy difícil de detectar por ejemplo en el caso del propio Prat de la Riba.

Pues bien lo que ha venido a manifestar el suceso Pujol es, primero, que el sistema político catalán adolece de los mismos defectos si no más que el sistema español, de modo que el enemigo está en casa. Sabemos desde Madison que la corrupción puede prender más fácilmente en los espacios territoriales pequeños, donde, un grupo de interés particular podrá hacerse con el poder y distribuir la riqueza o las oportunidades en su favor. Mientras que tal enfermedad, señalaba El Federalista, tendría menos facilidades para “invadir el cuerpo todo de la Unión que el de un miembro particular de ella”.

Para colmo el remedio a la corrupción no viene de la propia regeneración, sino de los resortes del Estado, como ha dicho el propio Pujol, de “las instancias judiciales y tributarias del Estado”. Fuerte de digerir para un pensamiento que ve al sistema político español como la causa de los problemas nacionales, la admisión de que, por el contrario, sólo el Estado, con sus procedimientos torpes pero imparables, ofrece reparación a los desmanes del abuso y la ilegalidad. ¡Que lección, la de la utilidad del derecho, empezando por su primera manifestación en el orden penal, para quienes no cejan de proclamar, en una oposición falaz, su preferencia por la democracia o la voluntad política sobre el respeto al ordenamiento jurídico, encabezado como todo el mundo sabe por las prescripciones constitucionales!.

Es asimismo contraria a cualquier planteamiento racional la insistencia del Presidente Mas en llevar a cabo los preparativos para la celebración de un referéndum que se sabe no va a tener lugar. En el plano del derecho positivo que es en el que se mueven necesariamente las autoridades y los ciudadanos, no en el sistema de los principios y las ideas, donde las cosas son discutibles, no caben los referéndums de autodeterminación (calificación que es muy difícil de evitar cuando lo que se pregunta es una cuestión referida a la soberanía), por lo que la consulta no tendrá lugar, pues al gobierno de la nación le compete la defensa del orden constitucional que no puede tolerar su infracción flagrante. ¿Cómo va a justificar su actitud el gobierno de Mas, emprendiendo un camino cerrado, para el que se ha comprometido un esfuerzo no sólo político, sino económico, de enorme coste? ¿Cree que será suficiente señalar la cobertura que para el referéndum ofrecerá la ley catalana de consultas? ¿No sabe el President Mas que la exigencia de constitucionalidad para la vigencia de una ley obliga tanto a las leyes del Estado como de una Comunidad Autónoma? ¿O se apoyará en los dictámenes complacientes del Consejo para la Transición Nacional, que todo el mundo sabe más que un organismo técnico imparcial es una instancia de parte?

No debería ignorar Mas que frente a comportamientos tan poco prudentes cabe una responsabilidad no sólo en términos políticos sino incluso jurídicos. Nuestro sistema constitucional prohíbe la arbitrariedad a los poderes públicos y el ordenamiento, fuera del límite penal, ofrece instrumentos para asegurar que los recursos públicos no serán utilizados inadecuadamente para un destino no justificado.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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