www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AL PASO

La reforma electoral en ciernes

martes 26 de agosto de 2014, 20:30h
Siento una profunda decepción ante el modo en que, una vez más, se plantean los problemas de la vida local. Siempre con un enfoque estrecho e instrumental, y además, a mi juicio, profundamente equivocado, considerando que lo municipal es una manifestación menor de la política y que, por tanto, es lógico que las cuestiones del gobierno de los ayuntamientos se aborden de modo partidista desde los parámetros o exigencias de la política general nacional para cada fuerza política. Me parece que esto es lo que ocurre en el caso presente cuando el gobierno está pensando que el descenso de su apoyo popular puede ser ocultado o aminorado utilizando una reforma de la ley electoral que le permitiría conservar el control de muchos ayuntamientos en los que, aunque descendiera su respaldo electoral, seguiría contando con la mayoría relativa de los votantes.

Esta propuesta se plantea con un oportunismo que debe ser denunciado: estamos hablando de las reglas de juego y estas ni se alteran a conveniencia de ninguno de los participantes en el juego político, ni de modo inopinado, justo en los límites de la convocatoria electoral. No puede pensarse en el gobierno como un centro impulsor de políticas cuya pertinencia limite exclusivamente con el tope constitucional, de modo que le baste al ejecutivo en su actuación legislativa con el apoyo parlamentario de su partido, en este caso de la mayoría absoluta del Congreso, pues estamos hablando de una reforma de la ley electoral, que tiene rango de ley orgánica. El gobierno no es un mero instrumento ejecutor del programa electoral de su partido, sino que ha de tener presente en su actuación su condición de órgano constitucional encargado de la dirección política del Estado. Si esto es así, el gobierno debe tener en cuenta consideraciones ulteriores, y superiores, a las partidistas, de modo que, según lo veo, la posición institucional del ejecutivo le impide una actuación unilateral y abusiva, como sería la de cambiar la ley electoral en un asunto capital como el que se refiere a la elección del gobierno municipal sin el consenso de los demás grupos políticos.

Pero no es solo la condición cuasi constitucional de la materia electoral (se entiende de sus cuestiones esenciales) lo que debe forzar al gobierno a una actuación prudente en este tipo de cosas. Es que, a mi juicio, lo que ocurre es que la reforma del procedimiento de elección de los alcaldes, que parece estar dispuesto a llevar a cabo el gobierno del Partido Popular, afecta a las bases del propio equilibrio constitucional territorial. El diseño constitucional de la organización territorial distingue tres niveles de gobierno, el nacional, el autonómico y el local, cuyos sistemas electorales se encuentran establecidos en la Norma Fundamental, con cierto detalle en el caso de las representaciones nacional y autonómica, optando por el modelo proporcional, y de modo muy precario e indeterminado en el caso local: la Constitución se limita al respecto a establecer que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos” (art. 140 CE). La legislación electoral y municipal han entendido primero, lo que es constitucionalmente incuestionable, que en los tres casos de autogobierno territorial estamos hablando de verdadera autonomía y por eso se ha establecido en las correspondientes normas, un sistema parlamentarizado en lo que se refiere a la relación de los ejecutivos y parlamentos, se trate de las Cortes, las asambleas legislativas y los plenos municipales. En segundo lugar, con la cobertura constitucional a que nos hemos referido, se ha establecido el mismo sistema electoral (el proporcional) igualmente en los tres niveles de gobierno.

Se entiende así la trascendencia constitucional de la modificación del sistema electoral para la elección de los alcaldes en cuanto alteración de un elemento capital del gobierno municipal, a saber, la forma de elección precisamente del presidente de la corporación municipal o alcalde. Es grave la significación democrática de este cambio, que supone una excepción en el diseño general del sistema electoral, subrayando el peso mayoritario en un régimen que en la práctica ya muestra un escoramiento en ese sentido (así el régimen electoral en el nivel nacional es normativamente un sistema proporcional, pero en la realidad funciona en muchos casos como un sistema mayoritario). No sostengo que la reforma electoral propugnada por el gobierno de la Nación sea inconstitucional, honestamente creo que no lo es, pero su verificación no puede llevarse a cabo sin ignorar su trascendencia, lo que abona el argumento de la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar sobre este asunto y hacerlo sin las prisas ni agobios que implica una campaña electoral en ciernes.

Po lo demás a los que somos partidarios de la democracia del detalle y estamos convencidos de la imprescindibilidad de los municipios en la vida política española (sin la red municipal el desequilibrio material y espiritual patrio es imparable) saludamos este rebrote del interés por los asuntos locales. Aunque el lector sabe que mi receta sobre el particular tiene muy poco que ver con el cambio en la elección del alcalde y mucho con la recuperación de los rasgos del estado de derecho que la vida municipal necesita tanto como la política nacional o autonómica: Me refiero al reforzamiento del principio de legalidad como base y límite de la actuación de la administración local, como también de las demás administraciones, cuya imparcialidad, competencia y dependencia absoluta de la ley deben ser aseguradas, evitando el amateurismo, clientelismo y localismo que en buena parte les caracteriza en la actualidad.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.