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OUTSIDER

ETA, una historia interminable

sábado 06 de septiembre de 2014, 19:21h

La retirada de los guardaespaldas a unos 200 altos cargos amenazados por ETA, que se espera concluya este mes, es otra señal positiva del fin del movimiento terrorista de casi 50 años (el más largo en Europa), tras el anuncio por la banda en enero de 2011 del fin de la acción armada. Sin embargo, la organización no ha abandonado las armas.

Aunque lleva más de tres años sin matar, ETA, en palabras de Jorge Semprún (antes de su muerte en 2005), sigue siendo el único residuo serio que queda del franquismo.

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en diciembre de 2011, unos 1.600 cargos públicos disponían de un servicio de escolta. En otros países europeos, las autoridades protegidas no superan la treintena. A partir de este mes tendrán protección el presidente del Gobierno, sus ministros, los presidentes del Congreso y Senado, del Constitucional y el Tribunal Supremo, y algunas otras personas.

Teresa Whitfield, miembro del Centro para la Cooperación International de la Universidad de Nueva York, concluye su excelente y exhaustivo libro – Endgame for ETA: Elusive Peace in the Basque Country (“Fase final de ETA: la esquiva paz en el País Vasco”), publicado por Hurst & Company – de esta manera: “La paz no vale cualquier precio, pero tampoco se consigue gratis”. Podría ser el lema de tantos intentos infructuosos de poner fin a esta lacra que ha dejado más de 800 muertos.

El País Vasco ha logrado un grado de autonomía que es la envidia de muchas regiones europeas – la enseñanza de la lengua vasca, su propia policía y un sistema de impuestos con una amplia capacidad de autorregulación, por citar algunos elementos-, pero esto no ha sido suficiente para la banda de criminales (término que se puede usar, en mi opinión, después de la constitución de 1978) y la izquierda abertzale, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no ha sido suficientemente contundente hasta hace unos años en su condena de ETA. En la célebre frase de Xabier Arzalluz, un antiguo presidente del PNV, “mientras algunos sacuden el árbol otros recogen los frutos”.

En 1976 entrevisté a José Miguel Bañarán Ordeñana, Argala, quien accionó la carga explosiva que el 20 de diciembre de 1973 hizo volar por los aires al almirante Carrero Blanco, algo que probablemente facilitó la transición a la democracia después de la muerte de Franco. De no haber sido asesinado en 1978 en Anglet, Francia, por el grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco-Español, es posible que hubiera jugado un papel importante en reconducir la “lucha armada” a una lucha política. De haber vivido hoy tendría 65 años. Los actuales pistoleros y pistoleras de ETA, o no habían nacido durante el franquismo o eran todavía niños.

La historia de ETA es sumamente compleja. El autor la relata con muchos detalles desde sus orígenes en los años 50 hasta la política de inmovilidad del gobierno de Rajoy de tener ningún contacto con la banda, a diferencia de todos los Gobiernos anteriores.

Entre 150.000 y 220.000 personas han votado con regularidad en los últimos 35 años por un partido alineado con ETA y que pone en tela de juicio la legitimidad del Estado español, lo cual significa, dice el autor, que no se puede desestimar el problema como “terrorista” y nada más.

Errores de juicio y de política por ETA y el Gobierno, una falta de acuerdo entre la clase política que apoya la Constitución para forjar una posición común en relación a ETA (a diferencia de lo que pasó en Inglaterra hacia el Ejército Republicano Irlandés, el IRA), divisiones en la propia ETA e incluso entre las asociaciones de víctimas, manipuladas por razones políticas por la prensa de la derecha, y una falta de sinceridad, han obstaculizado el fin de la banda.

El mayor error (durante la larga época socialista) fue la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior, que practicaron la guerra sucia contra ETA. La peor manera de combatir el terrorismo en una democracia es rebajarse al mismo nivel de los terroristas porque, entre otras cosas, legitima su causa.

Otro error fue la denominada doctrina Parot, tumbada el año pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humano, que consistía en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso, y no sobre el máximo legal permitido, que en el caso de Inés del Río (condenada a 3.000 años), la etarra quien recurrió la doctrina, era de 30 años de cárcel. La sentencia liberó a decenas de etarras.

Una posible vía para romper la parálisis en el proceso del final de ETA sería permitir el traslado de los centenares de presos de ETA a cárceles del País Vasco para poder estar más cercanos a sus familias: su dispersión por toda España, incluso hasta 1998 en las islas Canarias, no tiene base jurídica. Además el artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que en cada área territorial se procurará contar con “el número suficiente de cárceles para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”. Un cambio de esta política tiene muy poco coste para el Gobierno y podría ser rectificado fácilmente.

Llegar a una situación parecida a la del IRA hoy (y no hago ninguna comparación entre Irlanda del Norte y el País Vasco) es muy difícil porque, en palabras del renombrado historiador Gabriel Jackson, “el terrorismo político vasco desafía cualquier explicación racional, a menos que uno desenrede la historia real de la historia mitificada y la falsa antropología.”

Algunos creen que la política del PP de inmovilismo hacia ETA conviene al Gobierno porque la continuación de la banda, aunque seriamente debilitado, complica las relaciones entre la izquierda abertzale y el PNV, y asegura divisiones dentro del sistema político vasco. Si algún día desaparece ETA por completo, no sorprendería un empuje al estilo catalán hacia un estado independiente.

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