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POR LIBRE

¿Pero qué se puede negociar con Artur Mas?

domingo 21 de septiembre de 2014, 16:19h

Un buen puñado de tertulianos, partidos y analistas políticos biempensantes se empeña en criticar a Rajoy y al Gobierno del PP por su apatía ante la deriva secesionista de la Generalidad. Curiosa teoría. Según hemos sabido, el presidente del Gobierno se ha reunido en numerosas ocasiones para intentar llegar a acuerdos con los nacionalistas catalanes, al margen de los mensajes directos o indirectos que se han enviado. El resultado siempre ha sido el mismo. Artur Mas se ha empeñado sistemática y hasta chulescamente en amenazar, por las buenas o por las malas, con celebrar la consulta con el único argumento de que lo democrático es votar y permitir que los catalanes puedan disfrutar del derecho a decidir. Aunque resulte ilegal. Eso sí que es inmovilismo. Como resulta obvio, Rajoy ni quiere ni puede aceptar el órdago. No quiere, porque el sentido común señala que la independencia de Cataluña provocaría el desguace de España, un terremoto nacional y europeo. Y no puede, sencillamente, porque la Constitución lo impide. Y la democracia se basa en el respeto a la ley.

¿Qué diálogo (otra matraca de los biempensantes) se puede mantener en estas circunstancias? ¿Qué podía haber hecho Rajoy para aplacar los ánimos secesionistas de Mas y Junqueras? ¿Cómo se puede hacer política con quien no se mueve del cansino y reiterativo guión de la consulta como única salida al conflicto? ¿Otorgar a los catalanes más competencias? ¿Transferirles unos millones de euros más? ¿Permitir que encarcelen a todo aquel que hable en castellano? Pues ni por esas. Los nacionalistas secesionistas lo único que quieren es votar la independencia. Lo otro, lo dan por hecho.

Ahora que se acaba de celebrar el referéndum legal en Escocia, cabe recordar que las Autonomías españolas disfrutan, por desgracia, de más competencias que en ningún otro país occidental. Escocia, por ejemplo, aspira a recibir de Londres algunas transferencias en materia fiscal y en servicios sociales. En España ya las recibieron con creces las Autonomías hace lustros. Y, además de ellas, también tienen transferidas muchas otras como, gravísimo error, la de educación, el germen de todas las locuras secesionistas que sufre nuestra nación.

De ahí, que las nuevas generaciones sean las más independentistas y radicales. En Cataluña y el País Vasco se estudia una Historia manipulada. España, según los libros de texto que aprenden los alumnos, es una nación extranjera, el eje del mal, el país opresor que atenaza su libertad, el enemigo a batir. Los textos que leen rezuman odio hacia España. Nada más. La geografía que aprenden se limita a los ríos, pueblos, montañas, valles, colinas, fauna, flora… de su propia región. El resto de España y del mundo no les incumbe. El resultado: unos incultos, unos paletos surgidos de la estúpida endogamia de los nacionalistas. Y del idioma, ya sabemos que, en especial, los catalanes se están convirtiendo en unos analfabetos que desconocen el español, la tercera lengua más hablada del mundo y la que más crece actualmente.

Este es el panorama de nuestro país. El “café para todos” de nuestra Constitución nos ha abocado a esta situación. En 1.978, los redactores de la Carta Magna quisieron aplacar los ánimos secesionistas con estas concesiones. El resultado no puede ser peor. Luego, los distintos Gobiernos del PSOE y del PP han necesitado los apoyos nacionalistas en el Parlamento, por lo que las competencias se han multiplicado. Incluso, han mirado para otro lado como en casos como el de Pujol, que se forraba con las mordidas conocidas y consentidas por todos. Hasta que ha dejado de ser un “hombre de Estado” para convertirse en un enemigo del Estado.

Otros grupos de “expertos biempensantes” creen que hay que reformar ya la Constitución para frenar la maldita deriva secesionista. ¿Cuál es el problema? Que los nacionalistas más moderados pretenden recibir más competencias, pero los radicales solo se conformarían con la independencia. Muchos españoles, la inmensa mayoría, una buena parte de los miembros del PP y de otros partidos, por el contrario, opinan que habría que centralizar más el Estado para impedir estos desfases, en especial en educación, además de frenar la sangría económica que supone tener diecisiete ministros, llamados consejeros, para todo. En especial, para despilfarrar en lujos y prebendas el dinero público. Y luego aparecen los cada vez más despistados socialistas que se aferran a su teoría del federalismo, probablemente porque ni saben en qué consiste, por lo que no han sabido explicar todavía la pintoresca propuesta, pues España es más federal que nadie. ¿Quién le pone, entonces, el cascabel al gato?

Es verdad, que urge reformar de la Constitución. Pero el gran error consistiría en modificarla precipitadamente con el único objetivo de aplacar los ánimos secesionistas. Primero, porque no se conseguiría nada. Y, segundo, porque supondría otorgarles el protagonismo y hasta la victoria. Pero, el gran problema supone que ahora resulta imposible alcanzar el necesario consenso para emprender la redacción de una nueva Carta Magna. Supone abrir la caja de Pandora con la grave dificultad de no poder cerrarla en décadas.

Parece obvio, que el Gobierno ha guardado sus cartas hasta el último momento. Quizás debería haberlo hecho antes. Pero, al final, tiene en marcha la batería de medidas legales para impedir que se celebre la consulta. La primera, el recurso al Tribunal Constitucional, en cuanto se convoque la consulta. Y, luego, si desobedecen al TC, hay que esperar que el Gobierno se atreva a inhabilitar a Artur Mas como presidente de Cataluña, suspender la autonomía y, si se empeña en instalar las urnas el 9-N, ordenar a las Fuerzas de Seguridad que las desmonten y, para el placer de la inmensa de los españoles, resultaría un divertido espectáculo que las quemaran en un descampado ante las cámaras de todas las televisiones del mundo. Sería toda una chulería. A chulo, chulo y medio. O, lo que es lo mismo: en la guerra como en la guerra. Pues se trata de algo mucho más grave que un mero conflicto entre el Gobierno y una Comunidad Autónoma. Se trata de una agresión en toda regla a la integridad de España. Y eso, ningún Estado, ni ningún Gobierno pueden consentirlo. El Gobierno tiene suficientes armas legales para impedirlo. Para ganar la guerra. Metafóricamente hablando, claro. ¿O no?

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