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AL PASO

Todavía, Escocia

martes 23 de septiembre de 2014, 20:20h
Como están haciendo tantos articulistas yo también propongo una lectura de la crisis catalana a la luz de la reciente experiencia del referendum escocés. A mi juicio, la posición del President Mas en estos momentos es función de dos factores: por lo que hace, en primer lugar, al aspecto táctico, el objetivo es producir la irritación del electorado tratando de culpabilizar al gobierno de Madrid de los obstáculos a la legítima (según su punto de vista) aspiración de la población catalana a votar, ejerciendo el derecho a decidir. De otro lado, en lo que se refiere a la justificación de su postura de continuar con el calendario fijado para la consulta, Mas recurre sencillamente al derecho natural o la justicia, aunque se trata de una apelación extraña en un gobernante, cuyos poderes y obligaciones se fijan exclusivamente en el orden positivo constitucional. El President es un poder público obligado, como los ciudadanos, por la Constitución y las leyes: lo que puede hacer se determina exclusivamente por las competencias que el ordenamiento pone a su disposición, no por las facultades u obligaciones que la “justicia” o la “democracia” le señalen.

La democracia no es un sistema de justicia, sino de derecho. Y sucede que el referendum que el President Mas pretende celebrar no cabe en el orden constitucional, aunque cambie el nombre y se presente como simple consulta: esto es lo que le hemos dicho desde hace mucho muchos juristas (es cierto, no todos, así no la mayoría del Consejo de Garantías Estatutarias) y esto es lo que puede decirle el Tribunal Constitucional, si mantiene su doctrina sobre el referendum y considera el referendum en ciernes como la consecuencia de la afirmación soberanista que hizo el Parlament y que por ello, con toda lógica y razón, fue anulada. No sería escandaloso que el Tribunal Constitucional, que es quien al final dice lo que cabe o no en el marco de la Norma Fundamental, concluyese que la Ley de consultas no referendarias no es constitucional y por tanto la anulase: es lo que hace ordinariamente el Tribunal declarando inconstitucionales y nulas las disposiciones que aprueban las Cortes y los Parlamentos autonómicos, cuando considera que no se ajustan a la Norma Suprema. De otra parte, no concibo que el representante del Estado en Cataluña ignorase la decisión del TC suspendiendo temporalmente la ley de consultas recurrida y eventualmente también la convocatoria del referendum fundada en ella. No tengo que recordar que el ordenamiento, incluido el penal, tiene respuestas ante esta eventualidad, que los encargados de velar por el orden jurídico, pondrían en efecto para no incurrir, ahora ellos mismos, en el delito de prevaricación.

Si vemos la situación desde el lado del gobierno central, lo que se desprende de la experiencia escocesa es la necesidad de afrontar la crisis constitucional que suponía el referendum sobre la independencia con inteligencia política. Sin duda que Cameron ha mostrado talento político no tanto al convocar el referendum, donde, como sabe el lector, me parece que los reproches de atolondramiento o ventajismo tienen algún fundamento, como al constatar la trascendencia del asunto, que le llevaba a reaccionar ante el, requiriendo el concurso de los líderes liberal y laborista para mantener la unión del Estado británico, y comprometiéndose, caso de prosperar el rechazo de la independencia de Escocia, en una profundización del autogobierno, que ahora se apresta con toda consecuencia, a llevar a efecto. De modo que el líder conservador inglés ha percibido claramente que el abordamiento de la crisis escocesa no se agotaba en la adopción de una medida constitucional, como era la celebración del referendum, sino que requería de un tratamiento más amplio, cuestionando la organización territorial británico toda, esto es, el sistema de la devolution, abocado tal vez a su revisión federal.

Por tanto apreciamos la firmeza del gobierno, defendiendo el orden constitucional ante quienes insistan en su desconocimiento o vulneración. Por cierto, este es el verdadero problema que hay tras la convocatoria del referendum por el President y no la defensa de la posición de Madrid como simplistamente señalaba un reputado historiador catalán hace unos días en la Vanguardia, estableciendo un paralelismo entre la situación de Cataluña en la época de la Restauración y la del momento actual, ignorando el grado de autogobierno del que Cataluña disfruta en nuestro sistema de descentralización, desde luego incomparablemente mayor que el que Escocia tiene en el Reino Unido, prescindiendo de la protección jurisdiccional de la autonomía, inexistente en el caso británico.

Sin embargo, no acertamos a entender la resistencia del gobierno central a tratar mediante el diálogo y el reconocimiento los graves problemas que la movilización catalana demuestra. Por eso no compartimos ni en el fondo ni en la forma, la reacción que en el Partido que sustenta el ejecutivo ha recibido la propuesta, medida y sensata, que acaba de formular el líder de la oposición Pedro Sánchez, planteando una reconsideración federal de nuestro sistema autonómico, en donde pueda contemplarse en su complejidad el acomodo español de Cataluña.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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