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AL PASO

El Tribunal Constitucional en la crisis catalana

martes 30 de septiembre de 2014, 20:05h
La crisis catalana pone de manifiesto la solidez de nuestro edificio constitucional, que debería hacer reflexionar a quienes denuncian insolventemente la caducidad de la Norma Fundamental, o insisten equivocadamente en su condición meramente formal o juridicista. La verdad es más bien que el acierto de la Constitución se aprecia no sólo en la pertinencia de sus decisiones fundamentales sobre nuestra organización política, al establecer un determinado tipo de estado desde el punto de vista ideológico y territorial, en breve, una democracia parlamentaria federativa, sino al contemplar determinadas instituciones, que demuestran que el constituyente fue no solo prudente sino sagaz.

Me refiero a la previsión establecida en el artículo 161 de la Norma Fundamental que contempla la denuncia ante el Tribunal Constitucional de una determinada actuación de una Comunidad Autónoma reputada inconstitucional por parte del Gobierno de la nación y que lleva aparejada su suspensión cautelar. Naturalmente se trata de un instrumento cuya utilización debe hacerse con toda prudencia, en relación por tanto, con actuaciones graves autonómicas contrarias al orden constitucional, y no simples infracciones competenciales, pero que significa una garantía del sistema de extraordinario valor, paralizando los efectos de disposiciones o resoluciones cuyas consecuencias dañosas serían difícilmente reparables una vez llevadas a efecto.

Según mi punto de vista la singularidad de esta previsión constitucional, que es en lo que queda el control previo por el gobierno de las leyes autonómicas que el constituyente español pensaba copiar del modelo italiano, no sólo no es una deficiencia, digamos federal, de nuestro sistema, sino un rasgo muy apreciable del Estado autonómico. Los sistemas constitucionales no se elaboran aplicando mecánicamente fórmulas doctrinales, como puros ejercicios de ingeniería, sino que han de apoyarse además de la teoría en la prudencia. Hay que tener en cuenta, en este sentido, el juego que el recurso al artículo 161.2 CE ha dado en nuestro sistema, para hacer frente a riesgos para el orden constitucional que, dada la observancia obligada de los plazos prescritos en el ejercicio de las acciones constitucionales, y el tiempo requerido para el funcionamiento correcto de la maquinaria jurisdiccional, no se habrían podido evitar. Así se desactivó el propósito de la convocatoria de un referendum inconstitucional que pretendía autorizar la ley vasca del referendum, caso Ibarretxe ; y el uso de este precepto ha llevado a la suspensión inmediata del referendum convocado por el President de la Generalitat así como de la ley de Consultas no referendarias que pretendía cubrirlo, acontecida ayer mismo.

El Tribunal constitucional ha procedido a suspender cautelarmente las actuaciones de la Generalitat de forma rápida y clara. Al President le ha sorprendido la diligencia del Tribunal que ha considerado una quiebra del principio de separación de poderes. Ya sabíamos que al President no se le puede atribuir voluntad constitucional, pues ha mostrado en múltiples ocasiones más un deseo de burlar o eludir la Norma Fundamental que de atenerse a ella, pero no creíamos que adoleciese de cultura constitucional.

Tenemos, debemos recordarle al Sr. Mas, un sistema constitucional que, reconociendo la separación de poderes, no elude la colaboración entre los mismos, pues la maquinaria del estado requiere a veces una sintonía entre las piezas del sistema, eso admitiendo la atribución al Tribunal de la condición de poder, pues, como se sabe, es una instancia jurisdiccional, pero no forma parte de la organización judicial ordinaria. De manera que, como ha dicho el Tribunal, la trascendencia política y constitucional del recurso ha llevado a su inmediata admisión a trámite, en la pertinente sesión del Tribunal convocado con toda regularidad por su Presidente.

También es de anotar la claridad con que el Tribunal se ha referido a los efectos de la suspensión que alcanza a la ley de consultas y al decreto de la convocatoria, “así como, se dice en la providencia dictada al efecto, a las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella". Carecen de sentido por tanto, a partir de este momento, la verificación por parte de la Generalitat de campaña institucional alguna publicitando la celebración del referendum o, en términos más generales, la realización por parte de los servicios de la administración catalana de preparativos que pudiesen tener como propósito la celebración de la consulta.

No cabe imaginar en la Generalitat, que es un poder del estado, una actitud de obstrucción a la eficacia de una resolución judicial, como es la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, ni desde un punto de vista jurídico ni político. En efecto, en un estado de derecho las decisiones judiciales deben cumplirse sin excusa, pues los jueces son la garantía de que las leyes rigen y no son papel mojado o palabrería vana. Por lo que hace al punto de vista político, la unidad que finalmente es todo estado se actúa cuando la expresión de su voluntad en los casos en que hay disputa entre las autoridades tiene lugar por la instancia que, según el ordenamiento, es competente al efecto para resolver la contradicción o el conflicto.

Este episodio, por lo demás, no hace sino mostrar la imprescindibilidad del Tribunal Constitucional en nuestro sistema político. Pues en última instancia el mantenimiento del estado de derecho y la unidad del orden democrático y constitucional están en sus manos. Confiamos que una pronta decisión sobre el fondo de la cuestión en relación con la adecuación constitucional de la ley y el decreto de convocatoria del referendum responda definitivamente al reto constitucional planteado.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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