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PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

El sector del crowdfunding valora la nueva ley, a pesar de verla “paternalista”

sábado 04 de octubre de 2014, 08:07h
"La ley no es buena, pero la ausencia de ley es peor".
España se convirtió este viernes en el cuarto país europeo que regula la práctica, cada vez más extendida, del crowdfunding o financiación colectiva. Con la aprobación del proyecto de ley de Fomento de la Financiación empresarial, en la que se incluye una amplia normativa sobre este micromecenazgo que se ha filtrado ya en el tejido económico español, el Gobierno sigue los pasos de Francia, Italia y Reino Unido, un paso al frente que el creciente sector valora como “positivo” a pesar de percibir en el texto un excesivo “paternalismo”.

Según ha contado a El Imparcial el presidente de la Asociación Española de Crowdfunding (SCF), Daniel Oliver, el proyecto de ley “está muy en la cuerda floja” porque, a su juicio, “un par de cambios en un sentido la pueden convertir en una ley muy negativa pero otro par de modificaciones en sentido contrario la harían positiva”. Para el representante de buena parte de las plataformas de crowdfunding más potentes de nuestro país, “en cualquier caso, la ley es restrictiva”.

Cabe hacer hincapié en que la normativa que incluye el proyecto de ley con respecto al crowdfunding solo regula ciertas prácticas de las muchas que engloba este concepto. “Hoy en día se están financiando por crowdfunding hasta hipotecas”, ilustra Oliver, pero la ley se refiere en exclusiva al crowdfunding financiero, concretamente a los préstamos y las participaciones en capital. “El crowdfunding es un génerico y se refiere a mucha gente que aporta dinero a una persona o empresa, normalmente a través de Internet, para un fin y recibe algo a cambio. Cuando ese algo son unas entradas para el estreno de la película que ha ayudado a financiar o un CD firmado del grupo al que ha dado dinero, es crowdfunding tradicional o de recompensa. Si lo que recibe a cambio es una acción en una empresa o la devolución de su dinero con un interés, ese es el crowdfunding financiero, al que afecta esta ley”, aclara el también responsable de una de estas plataformas de micromecenazgo.

Oliver y otros representantes del sector llevan trabajando de forma conjunta y negociando con el Gobierno desde que en marzo recibieran un primer borrador que el presidente de la SCF califica de “desastroso”, sobre todo por las limitaciones al capital en las inversiones en crowdfunding. Tras siete meses de propuestas y contrapropuestas, el texto que irá al Parlamento para su aprobación definitiva ha relajado esos límites y “se parece bastante” al último borrador que les llegó, pero en opinión de Oliver aún tiene “puntos oscuros” al respecto.

Límites a la inversión

El mayor empeño del texto aprobado por el Consejo de Ministros y presentado este viernes por el ministro de Economía, Luis de Guindos, es el de hacer una diferenciación clara y rotunda entre los inversores cualificados e inversores no cualificados. El motivo: las restricciones a la inversión en crowdfunding de los inversores no cualificados. Mientras un inversor cualificado podrá meter su capital en este tipo de plataformas sin restricciones, uno no cualificado podrá invertir un máximo de 10.000 euros al año y 3.000 por proyecto.

La clasificación que hace el texto propuesto diferencia a unos de otros por renta y patrimonio. Los inversores cualificados serán aquellas personas (físicas o jurídicas) cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros. Tampoco tendrá límite de inversión las empresas que superen un millón de euros de activos, dos millones de cifra de negocio o 300.000 euros de recursos propios.

Oliver critica el “paternalismo” que encierra el hecho de que “el regulador financiero les diga a los ciudadanos cuánto de su dinero pueden invertir en qué cosas” y no cree que “esta sea la mejor manera de mejorar la cultura financiera española, pero es la que se ha elegido”.

“Cuando una persona que no tiene una renta extraordinaria invierte en alguna de las plataformas de crowdfunding financiero, lo normal es que los responsables de las plataformas les digamos que si están seguros de que quieren hacerlo porque es arriesgado invertir mucho dinero en este tipo de operaciones”, explica Oliver y cuenta, desde su experiencia, que los interesados suelen responder “que hacen lo que les da la gana con su dinero”. En su opinión, “la ley no tiene que limitar lo que la gente puede hacer en ese sentido” ni haya que establecer de forma legal “la diferencia entre inversores”.

El segundo punto de la nueva ley sobre el que el sector muestra su rechazo es la exigencia a las empresas de crowdfunding de un capital social de 60.000 euros. “Hay que pagar 60.000 euros solo para poder operar en ese sector, un requisito propio de sociedades anónimas que para nosotros ilustra que el Gobierno cree que las empresas de crowdfunding son empresas financieras cuando en realidad son start-ups de Internet, intermediarios y no gestores de inversión”, valora el presidente de la Asociación.

Con aún pocas referencias en el ámbito europeo, Oliver apuesta por el modelo británico, con el que han conseguido desarrollar un potente mercado sobre el crowdfunding y que carece de algunas de las limitaciones que la futura normativa española pretende establecer en nuestro país, negativas, según los representantes del sector. En el Reino Unido, las plataformas de crowdfunding no deben contar con un capital social mínimo, los requisitos para considerar a una persona como inversor cualificado son más flexibles -“casi cualquiera que declare por escrito que acepta unos riesgos”, dice Oliver- y permite que las propias de crowdfunding puedan utilizar la financiación colectiva, el último de los aspectos del proyecto de ley que critican desde el sector. “Es otra de las paradojas de la legislación española, que las empresa de crowdfunding no pueden buscar financiación en el crowdfunding, lo tienen expresamente prohibido”, indica.

En general, impacto positivo

A pesar de los ‘peros’, los empresarios del micromecenazgo valoran que el texto legislativo haya previsto la figura del inversor que pueda invertir sin límite y, sobre todo, una serie de disposiciones que evitan el pirateo y el intrusismo en el sector. “Es una ley que va a tranquilizar al inversor, que le va a garantizar que las empresas en las que está metiendo su dinero se rigen por un código de buenas prácticas muy estricto, y esperamos que esto anime a un montón de gente que no conoce el crowdfunding a invertir en él”, confía Oliver.

En realidad, según el presidente de la asociación, “no están exigiendo nada que todas las plataformas de España no hagan ya”, porque estas disposiciones se refieren a las frases exactas que habrá que poner en los documentos para advertir al inversor del riesgo durante el proceso de compra o cuáles son las comprobaciones obligadas cuando una empresa quiere solicitar dinero a través de estas plataformas. “Son prácticas comerciales normales y que todas las plataformas que han trabajado en las negociaciones de esta ley ya cumplen, ahora por interés comercial, no por obligación legal”, resalta Oliver, aunque reconoce que “a partir de ahora la ley va a garantizar que se cumpla y que no haya lugar para piratas en el sector”.

En general, el sector se muestra optimista. “Como mínimo, se van a disipar un poquito las duds de aquellos que no lo vean claro del todo”. Para Oliver, “la ley no es buena, pero la ausencia de la ley y el no saber qué va a pasar, es peor”.
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