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AL PASO

Reformar la Constitución: Sí pero ¿Cuándo?

martes 07 de octubre de 2014, 20:19h
De las lecturas del verano había apartado para su comentario un artículo del profesor de Harvard Cass R. Sunstein en la New York Review of Books (NYRB) del mes de junio sobre el libro que el juez de la Corte Suprema John Paul Stevens acaba de publicar. Se trata de una monografía cuyo propósito queda perfectamente reflejado en el título “Seis enmiendas : cómo y por qué deberíamos cambiar la Constitución”. Evidentemente el profesor Sunstein no se limita a trasladar al lector el contenido del libro, sino que, por su parte, se pronuncia sobre la idoneidad de las tesis del juez.

Lo primero que resulta estimulante del artículo del profesor Sunstein es la noticia que se da del juez y los términos en que destaca su profesionalidad y su condición de servidor público. El juez Jean Paul Stevens ha sido miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por un largo período de 1975 a 2010 y tiene en la actualidad 94 años. Sin duda su caso da la razón así a un admirado colega catalán que, en un artículo en El País de hace meses, proponía el nombramiento vitalicio de los magistrados españoles en una renovación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sunstein da dos notas de la posición de Stevens como juez, referidas a su independencia e imparcialidad. Nunca hubo previsibilidad sobre los pronunciamientos del magistrado, pues el juez no era encasillable en modo alguno (“pigeonholed” es la expresión que efectivamente utiliza Sunstein) y además adoptaba sus decisiones con imparcialidad, lo que quiere decir disposición para escuchar, humildad invariable y atención considerada a las opiniones contrarias. Además el juez venera la Constitución.

La Constitución de los Estados Unidos es difícilmente reformable : de hecho el alambicado procedimiento que conjuga necesariamente las voluntades del Congreso y de al menos tres cuartas partes de las legislaturas o convenciones de los estados ha prosperado solo en 27 ocasiones en los doscientos años de existencia constitucional americana, contando con que la mitad de las enmiendas se introdujeron en 1791, a saber, las diez enmiendas de la Declaración de Derechos, y que tres enmiendas lo fueron inmediatamente después de la Guerra de Secesión. En realidad el poder constituyente constituido se ha atemperado a la previsión de Madison que creía que los autores de la Constitución limitaban las reformas a supuestos de clara necesidad, a las “great and extraordinary occasions”.

Y, podemos preguntarnos, si consideramos adecuado en términos generales el estandar descrito, ¿cómo saber cuando nos encontramos en una circunstancia de esa naturaleza? Y ¿cómo comportarnos si tenemos dudas razonables sobre la eventualidad de tal situación? El profesor Sunstein nos dice que a estas preguntas no podemos responderlas de modo abstracto, sin atender a los detalles de cada caso. Pero cree que si una Constitución está llena de fallos o si la máxima jurisdicción la malinterpreta de modo sistemático, será una “buena idea” proceder a su cambio. La oposición al cambio está justificada, por el contrario, si el actual texto constitucional es excelente. O al menos suficientemente excelente, de modo que los cambios constitucionales poco reflexivos dejarían las cosas peor que como estaban.

En caso de duda lo mejor es mantener el texto como está, pues, según el punto de vista del profesor, es recomendable cierta paciencia o conllevancia constitucional, dadas las ventajas de la estabilidad y los riesgos de las modificaciones dañinas o precipitadas en la norma del máximo rango. En estos supuestos parece prudente renunciar a maximizar nuestras preferencias constitucionales, sabiendo que los demás hacen lo mismo en otros casos.

La continencia constitucional ( constitutional forbearance) lleva al juez Stevens a proponer sólo seis modificaciones en la Norma fundamental americana, pues sabe que el límite constitucional restringe el ámbito del autogobierno. Los cambios constitucionales en que está pensando el magistrado son la solución a la incapacidad del Tribunal Supremo para ofrecer una interpretación adecuada de la Constitución, que evite los abusos del gobierno o que asegure algún bien o derecho en peligro. Las reformas sugeridas se refieren al control de las armas; la financiación de las campañas electorales; la pena capital; la determinación de las circunscripciones electorales para hacer imposible el gerrymandering; la independencia de las administraciones de los estados miembros respecto del gobierno federal; y por último la inmunidad judicial de los estados o su irresponsabilidad patrimonial.

Al profesor Sunstein el número de las reformas planteadas por el juez Stevens le parece excesivo, pues algunas, según su criterio, son innecesarias ya que la situación constitucional actual permite, si hay buena voluntad, una práctica política correcta al respecto. Así, según el profesor, no hay impedimento constitucional a la colaboración entre el Gobierno federal y los estados miembros; es posible una legislación correcta, como la que está imponiendo Obama, en relación con las restricciones a la venta de armas; y la prohibición del gerrimandering establecida constitucionalmente no procede pues podría ser fácilmente eludida a través de instrumentos perfectamente constitucionales.

De hecho Sunstein es partidario de reducir las propuestas de cambio a solo dos supuestos. A juicio del profesor, la Constitución federal debería prohibir la pena de muerte, pues es injustificable el riesgo de que se produzcan errores condenando a personas inocentes, como de hecho sucede al menos en el cuatro por ciento de los casos, descontando además que acertadamente muchos ciudadanos consideran que la pena capital es una atrocidad inconcebible. También Sunstein, como el juez Stevens, se opone a las tesis del Tribunal Supremo en el caso Citizens (2010) considerando que limitar los gastos de campaña es reducir la libertad de expresión. Ambos autores creen que introducir un techo razonable a los gastos en las campañas electorales no limita verdaderamente la libertad de expresión, consolidando las ventajas de la opción en el poder, sino que restringe las oportunidades de los poderosos. Es imprescindible en una democracia impedir que las desigualdades económicas trasciendan a la arena política, de modo que los ricos impongan las políticas o los candidatos de su preferencia. Después de todo llevar a cabo una reforma constitucional en relación con esta cuestión equivaldría a seguir a Madison que, sin ser, ni mucho menos, partidario de la igualdad económica, si pensaba que era esencial en la República “establecer la igualdad política entre todos”.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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