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AL PASO

Nueve de noviembre: El tiempo después

viernes 14 de noviembre de 2014, 20:25h
Si alguien esperaba que el 9 de Noviembre cambiarían las cosas en relación con la situación irrespirable de antes de esa fecha, creo que se ha equivocado. Por lo menos eso es lo que se puede concluir viendo a los dos protagonistas del combate : Artur Mas, ufano y algo salido de gozo, que se dice con fuerzas renovadas para seguir la ruta hacia la independencia; y Mariano Rajoy, afirmando que su posición es exactamente la que adoptaba antes de los acontecimientos de ese día, asegurando el orden constitucional que hace imposible la autodeterminación de ninguna parte del territorio nacional. Pero, pregunto, ¿Son sólidas estas actitudes?. ¿Es posible que la jornada del día nueve solo haya podido servir para reforzar el atrincheramiento en sus lugares conocidos respectivamente del gobierno de España y la Generalitat? No tengo duda sobre el sentido que los principales actores de la jornada atribuyen al pulso entre el soberanismo catalán, encabezado por Mas, y el Estado, representado por nuestro presidente Rajoy. Pero confío en que al final tanto uno, como el otro sujeto político, acabarán aceptando que la situación política tras el nueve de noviembre ya no es la misma y que se requiere un replanteamiento de las coordenadas en que se deben entender las relaciones entre España y Cataluña, que no son soportables en un escenario político sin renovar profundamente.

De verdad ¿cree Mas que puede plantearse la independencia con un respaldo de la tercera parte de los ciudadanos de Cataluña y que ese porcentaje de apoyo le da suficiente cobertura para enmendar por las bravas nuestra Constitución, actuando un poder constituyente que se superponga al establecido en nuestra Norma Fundamental?

Vamos a dejar de lado la actitud de Mas , en el fondo impropia de un gobernante democrático, eludiendo o conculcando el orden constitucional, que a través de su máximo garante, había determinado la suspensión de la consulta, ya que después de todo finalmente no hubo consulta sino un acto político de orientación preferentemente independentista, amparado en el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Pasemos por alto el examen de la lealtad constitucional de Mas que cree que la ley, cuyo sentido es fijado en caso de conflicto por los tribunales en un Estado de derecho, puede ser obviada o, llegado el caso, desobedecida, y reparemos en el significado político de la consulta convocada y celebrada con garantías democráticas mínimas, y que no ha sido otro que mostrar el tope del apoyo del secesionismo: un tercio del electorado.

No se me responda señalando que parecido es el respaldo electoral de la mayoría absoluta del Partido Popular en estos momentos en las dos cámaras de las Cortes, pues no nos estamos refiriendo al respaldo de una fuerza política sino a la base constituyente de la independencia, que necesita un mayor soporte que el que requiere un partido determinado en el gobierno. Parece que la base electoral del independentismo catalán está bien lejos de esa mayoría clara y suficiente que requería el Tribunal Supremo de Canadá para avalar la secesión; la conveniencia de un respaldo suficientemente amplio dada su dimensión constituyente explica, de otra parte, las mayorías cualificadas que se exigen en la tramitación de las reformas estatutarias y constitucionales en el caso español, como resulta sabido.

Pasemos ahora el punto de mira a nuestro presidente Rajoy. Gobernar es afrontar los problemas políticos de la comunidad, y la situación política de Cataluña constituye un grave problema que no se puede tratar rutinariamente como si se tratase de una cuestión ordinaria en la agenda del ejecutivo. Desde este punto de vista la asistencia masiva, a pesar de las incertidumbres, a la movilización del día nueve de noviembre no deja de ser una expresión bien gráfica del problema político catalán. Creo que estamos ante un verdadero problema constitucional y en nuestro sistema el tratamiento del mismo debe producirse en los dos escalones que lo integran : el de la Constitución y el plano estatutario. Urge con toda franqueza una exploración que tanto en el nivel de la Norma Fundamental como en el autonómico se ocupe de los términos y procedimientos de reforma de nuestra organización territorial. Obviamente este proceso de reforma no puede tener lugar sin una dirección que el Ejecutivo ha de asumir diligentemente.

Cierto que la reforma no es un mecanismo que pueda utilizarse contra la Constitución, pero las posibilidades del cambio en la misma, sin producir su destrucción, son múltiples y de espectro casi infinito. Hablemos de modificaciones en el terreno de los principios, acogiendo generosamente el pluralismo nacional, resguardando a las lenguas privativas y reafirmando la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Apuntemos a una reformulación más clara y pertinente de las competencias entre el Estado y los territorios. Reforcemos los amarres federales del sistema, esto es, las instituciones del reconocimiento de nuestro pluralismo y los instrumentos de la cooperación: nuevo Senado, Conferencias de Presidentes, Conferencias Sectoriales. Y saquemos ya en el plano estatutario las consecuencias de el ensanchamiento del marco del juego autonómico, sometiendo en el caso específico catalán a la aprobación explícita de cuerpo electoral de la Comunidad las reformas incorporadas al nuevo Estatut. Es, en suma, la hora del diálogo franco entre todas las fuerzas políticas, que debe comenzar por las mayoritarias que además aseguran la aprobación de la reforma, y que, como se refieren al sistema territorial, han de contemplar la intervención, quizás desencadenando el proceso de reforma, de las mismas Comunidades Autónomas, con protagonismo explicable de Cataluña.

Tal vez, me atrevo a sugerir, podría ser conveniente la elaboración de un libro blanco a cargo de expertos independientes, acogidos o no a un marco institucional del Estado, que preparase el camino a la actuación constituyente en sentido federal que entiendo ya es inevitable.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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