www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AL PASO

Democracia y justicia constitucional

martes 25 de noviembre de 2014, 19:35h
Como sabe el lector de este Cuaderno considero el libro de Pierre Rosanvallon, La legitimidad democrática, una aportación de gran interés para la comprensión correcta de los sistemas constitucionales. Su tesis fundamental es que las deficientes democracias contemporáneas requieren de un esfuerzo por incrementar las relaciones de los representantes con los ciudadanos, no reducibles al momento electoral ; pero, además, nuestros sistemas políticos demandan un complemento que pueden suministrar instituciones que permitan una presencia particular del principio democrático, nos refiramos a las instituciones de la imparcialidad, como la administración profesional o las agencias independientes; hablemos de las instituciones de reflexión como los tribunales constitucionales; o se pida una nueva actitud a los gobiernos que deben acercarse a los ciudadanos y tratarlos de manera más considerada.

La reflexión de Rosanvallon sobre la justicia constitucional destaca por la óptica que emplea. Se abandona una perspectiva bastante utilizada que presenta a la jurisdicción constitucional como la lógica consecuencia, bien de la aceptación de la idea normativa de la Constitución, de modo que se requiriera una instancia que imponga el respeto de la Constitución al legislador; o asimismo como la institución indefectible en el Estado descentralizado políticamente, llamada a resolver las disputas competenciales entre el centro y las unidades integrantes de modo independiente.

Tampoco acepta Rosanvallon lo que podríamos llamar la justificación pragmática de la institución, consistente en un record histórico de los tribunales constitucionales que presentan como credenciales indiscutibles la calidad de su trabajo, si nos movemos en el terreno técnico de la interpretación doctrinal; y, en especial, su contribución a la moderación del sistema político en el que se integran de modo indiscutible después de la Segunda Guerra Mundial

Es interesante resaltar que la justificación de los tribunales constitucionales la lleva a cabo nuestro autor en un momento en que hay muchos académicos ( así en América Waldrom, Kremer, o Hirsch) que, como dice Rosanvallon, “han cambiado de hombro el fusil”, al apreciar una orientación derechizante en la posición de la Corte Suprema, considerando que la actuación contramayoritaria, tras Warren, de los Tribunales de Renquish o Robert se ha convertido en un argumento débil frente a quienes reclaman una vuelta a la supremacía parlamentaria.

¿Qué es entonces lo que justifica a la justicia constitucional? Sin duda su trabajo con los principios que son identificados como integrantes nacionales de la democracia constitucional; que deben ser recordados y renovados; y cuya discusión estimula y vigoriza el propio sistema institucional.

La Justicia constitucional interviene, en primer lugar, en la identificación del acervo constitucional nacional, que puede consistir más en principios ideológicos que en rasgos identitarios. Así la justificación de la justicia constitucional está en la defensa del orden constitucional en sus fundamentos o principios, expresión de la identidad nacional, que no pueden ser garantizados por los órganos ordinarios de la democracia. Me parece que Rosanvallon hace una formulación inteligente de lo que podríamos llamar el constitucionalismo nacional. Aunque una nación se identifique más por sus caracteres identitarios que por los principios constitucionales que asume, también la adopción de principios universales, puede, considerada en perspectiva, remitir a una nación. Fue Sieyès el que propuso una base transgeneracional de la Constitución (frente a lo que diría Ortega al proponer la Constitución como la idea de la política de un determinado grupo temporal), y quien reforzó el nacionalismo francés identificándolo con las aspiraciones universales. “Las verdaderas relaciones de una Constitución política, escribe Sieyès, son con la nación que permanece antes que con una generación determinada que pasa; con las necesidades de la naturaleza humana, comunes a todos, antes que con diferencias individuales”.

En segundo lugar, los tribunales son un órgano de recuerdo y vigilancia. Las cortes constitucionales están para mantener activa la vigencia de los principios constitucionales. La vigilancia y el trabajo de la memoria son entonces explícitamente definidos como funciones políticas específicas. Téngase en cuenta que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había establecido, bellamente, que “el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desdichas públicas y la corrupción de los gobiernos”.

Las Constituciones, cuya guarda compete a los Tribunales constitucionales, solemnizan y aseguran permanencia a los principios o las decisiones fundamentales, más allá de, como normas de derecho, hacerlas obligatorias. AsÍ ha ocurrido con la reforma constitucional que recientemente ha llevado a cabo Francia para prohibir la pena de muerte, excluida ya en 1981 por ley, y teniendo en cuenta que el estado galo había ratificado en 1986 la Convención Europea de Derechos humanos que la proscribe.

Las cortes constitucionales, en fin, son un elemento vigorizador de las democracias al mejorar y estimular la deliberación constitucional, interviniendo en, como diría Sanford Levinson, la conversación sobre lo que la Norma Fundamental significa. Para nada los jueces constitucionales son los únicos llamados al diálogo constitucional o a la reflexión sobre los basamentos de la democracia. Pero su contribución, que se renueva con argumentos no utilizados a medida que cambian los miembros del colegio jurisdiccional, es significativa dados los estándares no partidistas o exclusivamente jurídicos que la guían. En efecto, señala Dworkin ,“la discusión propiamente política, fuertemente condicionada por elementos de oportunidad y consideraciones ideológicas, es reemplazada por una intervención más objetiva, condicionada por los métodos del razonamiento jurídico”.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios