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TRIBUNA

El respeto de la ley

martes 02 de diciembre de 2014, 20:01h

Me piden, desde la Asociación de Antiguos Parlamentarios, una reflexión sobre el principio de legalidad en la Constitución. Quizás el intento sumario que hago por reflejar la idea adecuada de la ley en nuestro Estado de derecho pueda interesar asimismo a los lectores de este Cuaderno. Como se verá llamo primeramente la atención sobre la recepción en la Constitución de la idea de legalidad, se lleve a cabo de modo abierto o implícitamente. Ello me da pie, después, a considerar el principio de legalidad junto al de constitucionalidad, reparando en la ubicación en concreto de aquel en la Norma Suprema, pues con la exigencia de la legalidad nos encontramos, no solo en la Constitución de los fundamentos, sino en la propia parte organizacional de la misma, esto es, la Constitución de las instituciones.

A lo largo de la Constitución, hay diversas referencias al principio de legalidad, se utilice expresamente este término u otros próximos, como el del imperio, respeto, sometimiento o conformidad con la ley. Es en el Título Preliminar de la Norma fundamental, en el artículo nueve, donde se acoge este principio, diríamos en su sentido más general, primero de modo implícito en el apartado primero, al establecerse que los poderes públicos como los ciudadanos, están sujetos al ordenamiento, comenzando por la Constitución, pero integrando necesariamente a las leyes. El apartado tercero del precepto aludido, en cambio, se refiere ya explícitamente al principio de legalidad, junto a otros que se mencionan como sustentadores del orden constitucional, en lo que hace a la dimensión propiamente jurídica de este, sean la jerarquía normativa o la publicidad de las normas, la irretroactividad del derecho sancionatorio o restrictivo y la seguridad jurídica; pero también contemplando su dimensión política, al exigirse a los poderes públicos su responsabilidad y prohibírseles la arbitrariedad en su conducta.

Es cierto que en un orden verdaderamente constitucional, esto es, en el que se acoge en su plenitud la idea normativa de Constitución, la ley ya no dispone del máximo rango en el sistema jurídico, pues deja de estar privada de los atributos de soberanía, de los que , como mandato del Estado, gozaba en otros tiempos, estemos hablando de la monarquía absoluta o de las monarquías constitucionales del siglo XIX. Así, la Constitución de 1978, impone a la ley contenidos o le señala prohibiciones; le establece objetivos o le priva de espacios normativos que ella ocupa. Por no hablar de las reservas jurisdiccionales o de gobierno o administración que el orden constitucional comprende. La ley, asimismo, deja de ser infiscalizable, pues es controlable en su regularidad por el Tribunal Constitucional. De otra parte, el pluralismo legislativo niega a la ley estatal la soberanía, al admitir su compatibilidad con las leyes territoriales, rigiéndose la relación del conjunto legislativo por el principio de competencia y nunca por un criterio de jerarquía que entendiese subordinadas las normas territoriales a la ley del Estado. Tampoco casa con la idea de la soberanía el que, aunque sea en situaciones o casos especiales, el Gobierno, con límites y de modo precario, pueda ejercer la potestad legislativa, como ocurre con los decretos leyes o los decretos legislativos.

Todo esto no empece a la importancia del reconocimiento del principio de legalidad por el constituyente como principio institucional definitorio del sistema jurídico político establecido. La Norma Fundamental reitera el principio de constitucionalidad, que naturalmente existiría aun sin su proclamación en el artículo nueve, apartado uno: sencillamente no existiría Constitución si esta no obligase, como lo hace el resto del derecho, pero en primer lugar o como su norma más alta. Pues el ordenamiento está justamente integrado por la Constitución y lo demás, esto es, el resto, o las otras normas. Pero la Constitución reconoce o impone también el principio de legalidad, que se puede entender como principio de juridicidad, o vinculación de todos al derecho; o como exigencia de respeto a un tipo de norma o regla jurídica, esto es, la ley en sentido formal, quiere decirse, la ley entendida como mandato parlamentario, o sea, como norma aprobada por las Cortes.

Según se sabe los principios establecidos en el Titulo Preliminar de la Norma fundamental, que justamente por su importancia se encuentran especialmente protegidos respecto a su reforma, tienen en el propio texto constitucional su desarrollo y concreción, como ocurre en el caso de la legalidad.

Así el Gobierno y la Administración están sujetos a la ley, se trate de su actuación política o de su actividad normativa. En efecto, la dirección política del Estado y el cumplimiento de otras funciones por parte del ejecutivo ha de llevarse a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes. La potestad reglamentaria como ejercicio normativo ordinario ha de atenerse, de otro lado, a lo establecido en la ley, lo que puede predicarse también en el caso de la actuación concreta de la Administración, que debe realizarse con sometimiento pleno a “la ley y al derecho”. En términos políticos la ley es un instrumento en manos del Gobierno, que mediante ella da cumplimiento a su programa, precisamente articulándolo a través de proyectos de ley que logra aprobar en las Cortes. Pero en términos jurídicos la ley es un borde que el ejecutivo no puede saltarse.

Los tribunales también están sujetos al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional, resolviendo de modo imperativo y definitivo los conflictos en el seno de la comunidad, debe su justificación al carácter democrático de la ley que los jueces utilizan exclusivamente en su función de pacificación. La actuación de los jueces y tribunales estableciendo lo que verdaderamente corresponde a cada cual, se sigue de su condición de aplicadores competentes e independientes de la ley, y no de posibles rasgos personales de prudencia o sabiduría que pudiesen ostentar como sujetos individuales.

Porque la libertad de los ciudadanos depende finalmente de la ley, que dice lo que podemos o no podemos hacer.

Desde la Revolución francesa, en fin, el ejercicio de los derechos se hace de acuerdo con la ley. La ley como expresión de la voluntad general, consecuencia de la intervención de los representantes de los ciudadanos en su configuración, asegura el disfrute pacífico y cierto de todos en sus derechos. La ley fija, en efecto, los límites al contenido concreto de los derechos individuales: de ella depende en exclusiva el disfrute de los derechos del hombre en sociedad.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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