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TRIBUNA

Todavía, sobre la reforma constitucional

Juan José Solozábal
martes 03 de febrero de 2015, 20:53h
Cuando se plantea la cuestión de la reforma constitucional el foco de la atención suele ser la dificultad de su verificación. Tal dificultad de modificación trata de asegurar la fijeza de la Norma Fundamental que se entiende es un valor que contribuye a la estabilidad del orden político. Si la Constitución funda el entramado institucional del estado y es la norma más alta del sistema jurídico es lógico que se dificulte su cambio y se apueste por su estabilidad. Naturalmente que las constituciones pueden cambiarse, como obra humana que son, aunque sea con precauciones y siempre por el procedimiento que ellas mismas establezcan.

La dificultad de la verificación de la reforma constitucional corresponde a la conveniencia de la prudencia política, de modo que el procedimiento del cambio constitucional, por decirlo así, dé tiempo para la reflexión sobre la reforma y no se adopten las decisiones de cambio constitucional inopinadamente, por sorpresa o con ligereza. Pero el plano formal no se corresponde con la realidad institucional o de funcionamiento del sistema. En efecto el mecanismo dificultoso, desde el punto de vista procedimental, en los Estados Unidos ha hecho que las reformas en este caso no hayan llegado a la treintena; pero en Suiza las reformas constitucionales a pesar de su dificultad han sido abundantísimas. La falta de correspondencia entre la dificultad formal y la verificación de las reformas, ilustrando el diferente plano de la constitución nominal y la constitución real de que hablara algún autor como Wheare, lo muestra el ejemplo español. Las reformas ordinarias de nuestra Constitución son procedimentalmente bastante sencillas de realizar, pues necesitan la aprobación de las Cortes con una mayoría de 3/5, como se demostró en el caso de la reforma del artículo 13 CE sobre el sufragio pasivo de los extranjeros y del artículo 135 CE sobre la estabilidad presupuestaria, sin embargo el constituyente no ha transitado ese camino de la reforma, insistimos a pesar de su facilidad relativa, en ninguna otra ocasión. De modo que es la falta de voluntad política lo que explica en gran medida la ausencia de reformas constitucionales en España y no la rigidez formal de la Norma Fundamental.

Un fenómeno digno de notar en el caso español es la reacción que produce en los promotores del cambio constitucional una actitud de reticencia o de resistencia frente al mismo por parte de otras fuerzas políticas reacias a la modificación constitucional. Ocurre en efecto que las dificultades de la verificación de la reforma conducen, en vez de a la moderación en las propuestas que las haga más aceptables, a una radicalización de las mismas verdaderamente llamativa. Se produce de este modo una politización de la reforma constitucional, que, además de suponer una desvirtuación de la significación de la Constitución, que solo puede cumplir verdaderamente sus funciones institucionales y normativas si reposa en un amplio consenso político, impide su verificación, pues ninguna fuerza política puede consentir aceptar un marco político incompatible radicalmente, en razón de su partidismo, con sus planteamientos políticos propios.

Esta irresponsabilidad a la hora de formular propuestas de reforma constitucional puede atribuirse a la ligereza de sus autores, pero puede descansar asimismo en una equivocada percepción de lo que es una Constitución, o dicho de otro modo, de lo que una Constitución puede disponer o establecer. Es cierto, como viera Ortega, que una Constitución se corresponde con las ideas políticas de quienes la hicieron, esto es, con la generación constituyente o padres fundadores, pero también es verdad que una Constitución no es un plan abierto que puede elaborarse sin miramiento alguno a las exigencias de la lógica o la propia historia de la comunidad política a que se refiere. Atender a estos condicionamientos del derecho comparado constitucional o la historia patria, si se quiere decir de modo más claro, a lo que demandan la idea de Constitución o la identidad nacional, no denota falta de ambición o cortedad sino, por el contrario, inteligencia práctica o sabiduría.

Cuando los cambios constitucionales propuestos no están justificados, esto es, cuando lo que se ofrece es peor de lo que se tiene, lo mejor es no llevarlos a cabo, pues la reforma es una institución instrumental que no se justifica por sí misma, sino por los beneficios que su realización comporta. La verificación de la reforma no contribuye a la legitimación de la Constitución si las modificaciones propuestas no mejoran el contenido de la Constitución. Así a mi juicio, esto sucede cuando se plantea incrementar los rasgos confederales de nuestra Norma Fundamental, o suprimir el reconocimiento constitucional de la foralidad o instaurar la Republica, o suprimir el Senado, o reducir los Estatutos de autonomía a normas meramente institucionales, etc.

La condición democrática de la Constitución depende de la disposición popular de la misma, no de la realización efectiva de revisiones de su contenido cada cierto tiempo. Lo que legitima democráticamente la Constitución es la posibilidad de su reforma, cuya no realización, pudiendo llevarse a cabo, tiene un sentido confirmatorio innegable del texto que permanece inalterado. Normalmente, como es bien sabido, la adaptación de la Constitución a las necesidades de los tiempos, puede entonces conseguirse a través de su interpretación, haciendo a la Constitución significar lo que los jueces constitucionales, legitimados democráticamente a través de los órganos que los nombran, quieren que la Norma Fundamental diga.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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