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TRIBUNA

Libertad de expresión e Internet

Juan José Solozábal
martes 07 de abril de 2015, 20:06h
Es conveniente repensar los conceptos y categorías con los que trabajamos habitualmente. A las ideas, casi tanto como a las conductas, les acecha la inercia o el conservadurismo, una especie de resecamiento que resulta empobrecedor. Tomemos por caso la libertad de expresión. Estamos ante un derecho fundamental modélico en cuanto muestra de modo muy claro la condición bifronte de tal figura, en relación a la vez con la dignidad de la persona y con la democracia. Como ser comunicativo, la persona es tratada de modo indigno si se le dificulta o priva de su derecho a hablar con libertad a los demás; contando con que sin la libertad de expresión el sistema democrático no puede funcionar, pues, privados de ella, los ciudadanos no conocen lo que realmente hacen sus gobernantes y lo que pretenden quienes se presentan como la alternativa a los mismos, frustrándose la participación.

Esto por lo que tiene que ver con la dimensión externa de la libertad expresión; si tratáramos de los aspectos ad intra de la misma veríamos que la trascendencia de los derechos a una comunicación libre del pensamiento consiste en que en su dominio se han planteado cuestiones comunes a todos los derechos fundamentales, aunque de un modo particularmente llamativo o significativo. Hablamos de la dimensión prevalente en un derecho, que permita su clasificación, según requiera de la abstención, la participación o la prestación por parte de los poderes públicos, de modo que aunque la libertad de expresión sea un derecho negativo, por usar la terminología de Berlin, lo cierto es que es asimismo un instrumento de participación, y requiere o puede requerir una actuación prestacional o muy interventora por parte de los poderes públicos. En ningún otro caso se plantean problemas de límites como en la libertad de expresión, donde la situación integrada de los derechos resulta obvia, se trate de sus fronteras en relación con la esfera jurídica de los demás, por ejemplo el derecho a la privacidad de los afectados por nuestras manifestaciones, o nos refiramos a la debida protección de bienes comunes, así seguridad u orden público, cuya guarda compete al estado. O se susciten otras cuestiones, como puedan ser la titularidad colectiva de los derechos, no inmediatamente comprensible si predomina una visión personalista o individual de los mismos, reacia al animismo corporativo; o la vigencia de los derechos en las relaciones de los particulares entre sí, cuestionando la visión preferente y, necesariamente prevalente desde mi punto de vista, de los derechos fundamentales como derechos frente a autoridad o el poder público, que ha de asumir, no obstante, la realidad de actuaciones lesivas de la libertad de expresión por parte de sujetos que no tienen condición pública, como ocurre con los editores o directores de medios, pero que pueden vulnerar, sobre el terreno, el derecho a la información de los periodistas.

Bien, esto es lo que sabemos de la libertad de expresión desde hace tiempo, según la contribución de la teoría académica de los derechos fundamentales, como resulta de las aportaciones anglosajonas o alemana (muy bien integradas en el clásico libro de Barendt) o según las aportaciones jurisprudenciales, se tome como referencia el caso Lüth en Alemania o alguna sentencia española, como la STC 6/1981, asunto Voz de España y Unidad (después habría otras decisiones ya más discutibles de nuestro Tribunal, atribuyendo, sin justificación suficiente a veces la condición de derecho preferente a la libertad de expresión o utilizando el criterio de la institucionalidad de este derecho para resolver los conflictos en los que colidiese con otros derechos fundamentales). ¿Pero cuales son los elementos nuevos a tener en cuenta en relación con los derechos a una comunicación libre, que, según anticipaba al principio, podrían poner en cuestión nuestra percepción correcta de su problemática? Creo que se trata de importantes novedades que se han dado en torno a dos ámbitos afectados por la libertad de expresión, como son la configuración renovada en nuestros días del espacio de la privacidad y las nuevas posibilidades en la participación política. Sobra decir que la reconsideración de estas dos áreas temáticas no puede llevarse a cabo sin referirse a Internet.

Pueden ustedes tomarlo como deseen pero con Internet nuestra privacidad o ya no existe o terminará por no existir, eso suponiendo que lo que desee el hombre de este tiempo, nuestro contemporáneo, sea la privacidad, y no, más allá de la trasparencia, la sobreexposición y la impostura. En cualquier caso son infinitos los rastros que vamos dejando de nuestra actividad que permiten un trato informático letal para la esfera privada y que otorgan un poder extraordinario a quien sea capaz de utilizarlos, se trate del poder público o de voyeurs privados y, hasta cierto punto al menos, anónimos. La situación es, mas allá de su orwellismo, muy delicada, pues el propósito primero del derecho constitucional, y luego del derecho penal, tanto material como procesal, es garantizar una esfera de autonomía y privacidad, identificando los peligros contra la misma, se trate de las ocasiones o de los infractores. No hay libertad sin seguridad, y la seguridad no existe cuando los contornos de nuestra privacidad, esto es el ámbito de la propia autonomía, no dependen de nuestra decisión, y no quedan, por tanto, bajo nuestro control. Imposible, asimismo, no relacionar esa perdida de autodeterminación personal con la mengua de la dignidad, referencia imprescindible de la libertad de expresión, como sabemos.

Las perspectivas, en cambio, son claramente positivas si consideramos las oportunidades para la participación que suministra Internet. Primero, en cuanto hace posible el incremento de nuestros conocimientos políticos, aunque se trate de un material crudo y que puede llevar, de no recibir el tratamiento necesario, a la desinformación. Segundo, en cuanto desbloquea efectivamente las restricciones a la participación política que existían en la antigua situación de la opinión pública, aunque la intervención en el debate no requiriese acreditación y se produjese sin limitaciones temáticas: no hay que ser sabio, ni pertenecer a colegio alguno o necesitar padrinos o garantes de probidad o competencia para opinar en el nuevo mercado-mundial además- de las ideas. Tercero, Internet es un instrumento formidable de movilización instantáneo y de cero coste. Sin duda con Internet el poder pierde lejanía y opacidad; imposible por tanto no considerar que los designios finales de la libertad de expresión, que también es un derecho político, son así más alcanzables.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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