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TRIBUNA

Los dos cuerpos del Rey

Juan José Solozábal
martes 30 de junio de 2015, 19:48h
Desde que Walter Bagehot distinguiese en su célebre escrito sobre la constitución inglesa The English Constitution (1867) entre las partes eficientes y las partes simbólicas de la misma, aquellas relacionadas con el funcionamiento del sistema político (Gobierno, Comunes) y éstas con su aportación a la simbología o cultura política (Monarquía y Cámara de los Lores), parece pertinente hablar de dos planos en las formas políticas. O nos movemos, respectivamente, en el nivel de la articulación, esto es, de la organización del poder; o en el plano de la integración, esto es, de la unidad espiritual del sistema. Quizás Bagehot partía de una distinción estricta de lo que era la articulación y la integración que hoy rechazaríamos: aunque la integración, como juntura moral, difiere de la articulación, como juntura preferentemente jurídica, no se trata de ordenes separados, sino relacionados pues un sistema político caótico tiene más dificultades para ser aceptado que un sistema eficiente; y un Estado cuya legitimación no se discute tiende a funcionar mejor o a resolver sus problemas de coordinación más adecuadamente. También es cuestionable que las instituciones del sistema político se muevan necesariamente en una sola de tales coordenadas, pues contribuyen tanto al rendimiento de la integración como de la articulación.

Tomemos por ejemplo el caso de la Monarquía en nuestro sistema constitucional. Es obvio el sentido de la intervención del Monarca en el plano de la articulación del Estado, cuando ejerciendo sus competencias, contribuye a las actuaciones típicas de los demás órganos constitucionales. Cuando el Rey sanciona una ley, o expide un reglamento o procede a un nombramiento, expresa la voluntad del Estado, aunque la misma tenga su origen en la decisión que la mayoría impuso a la minoría en el órgano correspondiente. Ni la condición obligada de la intervención del Monarca, sin disposición por ello de poder propio como sucede en la forma parlamentaria española, ni su carácter formulario, pues todos los actos del rey requieren para su validez del correspondiente refrendo, se oponen a su condición perfectiva, de modo, así, que no hay ley sin sanción, sino proyecto de ley; ni tampoco pueden los titulares de un órgano constitucional tomar posesión de sus cargos sin nombramiento previo del Monarca. Lo que supone que la contribución del Rey al desempeño de las funciones del Estado es la objetivación de las mismas que quedan insertas en un orden superior de regularidad, certeza y solemnidad.

Pero más allá de esta intervención en la articulación jurídica del Estado conviene reparar en la contribución del Monarca a la integración territorial. Es precisamente en los Estados descentralizados, como el nuestro, donde se retoma la función integradora del Monarca como único elemento común que compartían los componentes del Reino en el Ancien Régime, y que había perdido importancia tras la Revolución y el Romanticismo con la exaltación política de la Nación, como realidad independiente y homogénea. La Revolución, primero, y después el Romanticismo reforzaron la cohesión de la Nación sobre los parámetros de la igualdad y la asimilación cultural, reduciendo la contribución a la unidad política del Monarca constitucional, función que nuevamente se recuperará en las Monarquías descentralizadas como la española. Se trata, realmente, de un vínculo personal, pero tremendamente efectivo y que constituye un elemento centrípeto de extraordinaria importancia en nuestro Estado autonómico.

El Monarca en nuestro Estado autonómico es ese elemento compartido que actúa como la expresión y representación personal de la unidad del pueblo español, síntesis de la nación de todos y el vínculo territorial de cada cual. El Rey encarna la institución del Estado que supra partes, además políticamente por fortuna de modo indiscutido, expresa la integración de la variedad territorial del pueblo español. Toda Nación, y mucho más una como la nuestra que acoge una rica variedad de culturas, lenguas y territorios, es sobre todo un ámbito de incorporación simbólica o espiritual, que puede trascender, nunca negar, el nivel cordial de la pertenencia política inmediata. Aquella, la Nación de todos, genera un vínculo superior de patriotismo, en el sentido de más alto pero también más construido, que no suprime sino que supera el estadio de la propia nacionalidad o región, con su correspondiente lealtad territorial. A tal espacio superior, pero más lejano, de integración, a España, en suma, que es de lo que estoy hablando, le viene bien una representación viva, que haga presente y operante, que encarne, el vínculo de pertenencia de todos los españoles al mismo. Esa noble tarea le incumbe al Rey de nuestra Constitución, “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”, al que asimismo el artículo 61 CE hace garante expresamente de los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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