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TRIBUNA

La Nación en la Constitución

Juan José Solozábal
martes 27 de octubre de 2015, 19:38h

A pesar de los dos pies forzados con que hubo de contar el constituyente, a saber, la exigencia del consenso que impuso un excesivo mimetismo de otras experiencias constitucionales, y un bajo nivel académico, pagando las consecuencias de la orientación diversa pero escasamente jurídica de nuestro Derecho Político, sorprende en bastantes ocasiones la sutileza (la expresión es de Francisco Rubio Llorente, que podría con toda propiedad haber hablado asimismo de profundidad o complejidad) del texto constitucional.

Reparemos por ejemplo en la idea de Nación en nuestra Norma Fundamental. Veremos en efecto que hay diversas referencias a la misma, en punto a su actuación, pero sin que la Constitución realice una definición material o de contenido de la Nación, de modo que podríamos decir que la Norma Fundamental asume un determinado concepto de la misma pero sin proceder propiamente a su identificación. Las referencias más importantes que se hacen en el articulado constitucional a la Nación española tienen que ver con su función constituyente y denotan, antes de nada, su poder soberano. En efecto, la Constitución es el resultado de la actuación constituyente de la Nación española, donde se manifiesta la primera y más importante manifestación de la soberanía que es justamente la disposición del poder constituyente, pues el poder por antonomasia de un pueblo consiste en darse una Constitución, esto es, decidir libremente sobre la propia configuración política. La actuación constituyente de la Nación revela sus cualidades como soberano, esto es, su unidad o indivisibilidad y su homogeneidad, pues solo esas características capacitan a la Nación para determinar la Constitución, que no tiene su origen en un pacto entre sujetos múltiples que se ponen de acuerdo o en un autor complejo que incorpora diversas voluntades en su seno. Paladinamente lo dejó claro el Tribunal Constitucional. La Constitución, dice, “no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones “históricas” anteriores” (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3).

Esta idea de la Nación la identifica con el pueblo o demos, con la generación viva de los españoles, con sus ciudadanos, de quienes “emanan los poderes del Estado”, y entronca con la idea gaditana de la Nación como “conjunto de españoles”, se decía, de los dos hemisferios (“La Nación española es la reunión de todos los españoles de los ambos hemisferios” rezaba el artículo 1º de la Constitución de 1812). Se trata de ciudadanos, que se igualan en derechos y obligaciones, al vivir bajo las mismas leyes, de acuerdo con la idea revolucionaria de Nación, formulada, le gusta recordar a mi amigo Francesc de Carreras, por Sieyés, sobre todo en sus discursos en la Constituyente.

Lo que pasa es que las cosas son más complicadas, o sutiles si se quiere decir. Porque el constituyente utiliza la noción de Nación no sólo para referirse a la sede de la soberanía, quedando identificada con el pueblo, sino para calificar a la soberanía del pueblo, que es justamente nacional, esto es, de la Nación. La referencia nacional a la soberanía tiene una carga legitimatoria relevante. La soberanía de la que dispone el pueblo es la nacional. El pueblo, esto es, el cuerpo electoral, o sea, los ciudadanos o la parte viva de la Nación, expresa la voluntad de esa comunidad o persona moral total que integran asimismo las generaciones pasadas y las generaciones futuras. La voluntad de la Nación no la establece el pueblo, hay que pensar, dilapidando el patrimonio material o espiritual heredado de las generaciones pasadas, aunque la historia debe ser una referencia para la configuración política de la comunidad. Pero la condición nacional de la soberanía no obliga a vivir bajo el peso de los muertos, del mismo modo que la relación de la generación viva con las futuras no puede negar la libertad de los ciudadanos para decidir, aunque la integración en la nación exija una decisión responsable, pensando en lo que se deja a los que están por venir. Sólo matizadamente podemos entender el dictum jeffersoniano que hacía a la generación presente la dueña de la tierra. Somos entonces, más bien, como se entiende perfectamente desde el pensamiento de la sostenibilidad y la ecología, un eslabón, decisivo pero no suelto, en la cadena burkeana de la historia.

Lo que no hay en nuestra Constitución, fuera de su comprensión como sujeto constituyente, es una idea de España como Nación, a lo que antes aludíamos cuando hablábamos de la definición del concepto. Si examinamos los debates constituyentes podríamos convenir en que nuestra Norma Fundamental asume una idea de España como estructura diferenciada de convivencia, resultado de una historia común, en cuya conformación ha sido decisivo el factor político, y cuyos miembros desean vivir juntos en el futuro. La homogeneidad debe presuponerse no tanto de los datos sociales atribuibles a un sujeto político de la importancia de la Nación, que sin unidad sería inoperante en el terreno jurídico y político, sino en virtud, antes de nada, según hemos visto, de presupuestos lógicos, que son pertinentes obviamente también en el caso del soberano democrático.

Pensándolo bien solo he hablado del momento unitario de la Nación. En realidad la Nación española no puede entenderse sin reparar, en una muestra más de la sutileza de nuestra constitución territorial, de su dimensión, verdaderamente imprescindible, plural. Pero la consideración de este segundo plano queda para otro día.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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