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TRIBUNA

La reforma del Parlamento

Juan José Solozábal
martes 05 de enero de 2016, 20:33h

El edificio institucional del Estado presenta más problemas graves que los que afectan a su organización territorial. Si me dejan, podríamos dirigir la atención a la situación del Parlamento, que puede sufrir un cambio radical en la nueva época que se avecina. Como saben, formalmente tenemos un sistema que coloca al Parlamento en el centro, (nuestra forma política es una Monarquía Parlamentaria, según la Constitución), pero que en realidad ha funcionado en torno al ejecutivo. Así las elecciones se proponen designar un gobierno, que a su vez, más precisamente su presidente, designa de hecho a los presidentes de las Cámaras. Además el gobierno elude la crítica y el control del Parlamento en razón de las ventajas que le deparan los reglamentos; dispone del orden del día de la actividad parlamentaria y medio monopoliza la producción normativa de las Cámaras, que aprueban casi exclusivamente textos con un origen en el propio Consejo de ministros. El caso es que la forma política de nuestro sistema parlamentario ha dejado moverse con toda comodidad a los gobiernos, sobre todo en los periodos en los que estos gozaban de una cómoda mayoría, que realmente no habían de preocuparse de los obstáculos del control parlamentario.

Lo que ocurre es que esta situación ha originado dos graves efectos en nuestro régimen constitucional. En primer lugar ha ocurrido lo que podríamos llamar la desubstanciación del modelo, trivializando las exigencias constitucionales y construyendo un sistema de mera fachada. De este modo en España la proclamada división de poderes no ha conducido al fortalecimiento institucional de los mismos, afirmando su independencia, sino a la supremacía irrestricta del gobierno que ha alcanzado a la propia dignidad de las otras ramas del Estado. Esta situación, como cabía esperar, ha llevado en concreto a la marginación del Parlamento en la vida política, trasladándose el protagonismo y la discusión fuera de las Cortes: así los ciudadanos han incrementado su distancia de la institución, a pesar de su condición de depositaria de la soberanía nacional, dejando de cumplir en parte la función de integración, que corresponde a todo órgano representativo.

No estaría bien que pasásemos de una situación de gobierno sin Parlamento a una de Parlamento sin gobierno, esto es, con ejecutivos títere, afectados de inestabilidad e incapaces de cumplir, por tanto, con eficiencia y firmeza la encomienda que la Constitución les hace de dirigir la política del Estado, enfrentados a un Parlamento metomentodo y parlanchín, plató público y permanente de la agitación y la utopía. Mejor un Parlamento renovado que no corresponda al modelo antiguo, vivido, ni al novísimo, temido.

Debería tratarse de un Parlamento más eficiente, lo que seguramente debería llevarle a subrayar en el procedimiento legislativo su contribución en la fase de la toma en consideración, en el caso de las proposiciones, o de la discusión de las enmiendas a la totalidad, si hablamos de proyectos de ley, debatiéndose en ambas ocasiones las líneas políticas generales de la propuesta legislativa, dando así, como se hace en otros ordenamientos, el mayor realce a esta primera lectura. En la producción legislativa de las Cortes debería incrementarse el peso de la legislación delegada (una vez modificada por cierto la deficiente regulación constitucional de esta figura, plagada de reiteraciones, lagunas y oscuridades), suministrando al ejecutivo unas bases que, sin escatimar el aprovechamiento de los medios técnicos del gobierno en la elaboración de los decretos legislativos de desarrollo pertinentes, contuvieran suficientes elementos para avanzar la actuación normativa gubernamental. Legislar hoy es una labor extraordinariamente compleja, que en bastantes ocasiones necesita concursos y asistencias técnicos, que sólo puede asegurar el ejecutivo. La intervención parlamentaria debe producirse de manera incrementada asimismo en el caso de los decretos-leyes, encareciendo al ejecutivo que utilice la legislación extraordinaria en los supuestos de necesidad y urgencia requeridos, y utilizando el procedimiento de urgencia después de la convalidación para la tramitación legislativa de dichas normas en mayor grado que lo que se hace hoy (También el Tribunal Constitucional, además de oponerse a los decretos-leyes ómnibus, debería cesar en su deferencia gubernamental rebajando el significado de los límites constitucionales a esta figura). La tramitación parlamentaria de los proyectos de ley puede hacer conveniente la presencia en la fase de comisión de expertos o corporaciones cuya voz sea interesante oír, apostándose en cualquier caso por una actitud de seguimiento crítico de los textos que proceden del gobierno, velando, sin ir más lejos, por su calidad técnica, librándoles de la jerga pseudo especializada en que a veces incurren, tomada del lenguaje económico o, se supone, informático (ya se sabe, implementar, requerimiento, transparencia, capacidades, y otras hierbas).

Por lo que hace a la función de control hay que incrementar su flexibilidad, resaltando la preeminencia de la oposición que controla respecto del gobierno que es controlado: indebidamente, y frente a ejemplos como los de Alemania y Portugal y en los parlamentos autonómicos los de Castilla y León y Cataluña, los reglamentos de las Cámaras dejan a merced del gobierno (o sea la mayoría parlamentaria) la decisión definitiva sobre la creación, plan de trabajo y conclusiones de las comisiones de investigación. El gobierno no debería tener la facultad de cierre en un debate. De otro lado seguramente resucitaría la viveza de la vida parlamentaria si se prohibiesen los discursos leídos. Según Azorín, "En España, el Parlamento era una escuela de bien hablar; allende de ser una escuela de cortesía. En el Parlamento -se refiere, claro, al de la Restauración- no se podían leer los discursos; había que pronunciarlos. El artículo 140 del Reglamento del Congreso decía: 'Todo discurso se pronunciará de viva voz y se continuará sin intermisión...' Todo el mundo tenía que ser orador, velis nolis". Qué tiempos.

PS: Quien quiera seguir algunas de estas ideas en profundidad, puede consultar el trabajo de Piedad García Escudero “La Regeneración del Parlamento” en el libro editado recientemente por Enrique Arnaldo y Pedro González Trevijano, “En Pro de la Regeneración Política de España”. Libro importante, sobre el que habrá que volver. Isabel Giménez y José Tudela hace unos días en nuestro Seminario de la Autónoma, “Retos y Desafíos del Estado Español en el siglo XXI”, reflexionaron asimismo con tino sobre los problemas de nuestro parlamentarismo.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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