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TSUNAMI DE EMPLEADOS PÚBLICOS

viernes 29 de abril de 2016, 12:21h
En 1977, los españoles pagaban sueldos, vacaciones, gastos de oficina, viajes y jubilaciones a 700.000 funcionarios. Ahora son más de...

En 1977, los españoles pagaban sueldos, vacaciones, gastos de oficina, viajes y jubilaciones a 700.000 funcionarios. Ahora son más de 3.000.000 los que gravan sobre los contribuyentes a través de unos impuestos casi confiscatorios. Hay, por supuesto, un funcionariado serio, trabajador y responsable con los puestos ganados a pulso a través de oposiciones. Pero una parte alarmante de los empleados públicos están de hecho elegidos a dedo entre los parientes, amiguetes y paniaguados de los partidos políticos, que se han convertido en gigantescas agencias de colocación. Y cuando las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal se han resistido a absorber más enchufados, los partidos políticos se han inventado cerca de 4.000 empresas públicas, casi todas deficitarias, para colocar en ellas a sus compromisos. Un escándalo, en fin, un escándalo continuado considerado por algunos como carísima corrupción.

La tropelía concierne a todos los partidos, con incidencia especial en las Administraciones gobernadas por las agrupaciones de izquierda. Asusta pensar lo que ocurriría -lo que está ocurriendo ya- en los gobiernos manejados por Podemos.

El diario El Mundo publica un excelente reportaje de investigación en el que Isabel Munera denuncia que solo en el primer trimestre de este año el empleo público se ha incrementado en Cataluña en 20.000 personas. El Frente Popular, que ha estado a punto de formarse tras las elecciones del 20-D, hubiera reducido el paro el primer año casi a la mitad, a base de empleo público. Después se generaría una crisis económica galopante que resquebrajaría la estabilidad económica y dispararía el número de desempleados. Los ejemplos son abundantes sobre todo en Iberoamérica.

De lo que se trata es de todo lo contrario. En lugar de subir los impuestos hay que disminuir el gasto público. En lugar de incrementar los empleados públicos es necesario reducir su número, como se ha hecho en varios países democráticos. Bastaría con una ley que dijera: “De cada diez empleados públicos que se jubilen o fallezcan, solo se sustituirá a uno hasta que el número de funcionarios se reduzca a un millón de personas”. En diez o doce años se solucionaría el abuso actual sin crear traumas ni eres ni despidos. Y la economía española, desprovista de parásitos, daría un estirón estimulante.